miércoles, 20 de octubre de 2010

Municipios Foráneos y Juntas Comunales como antecedentes de las Parroquias y las Juntas Parroquiales.

La Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1978 registra el nombre de una figura llamada Junta Comunal en el Título IV del Capítulo VI denominado: De la Organización y Funcionamiento de la Junta Comunal, lo interesante es que los 5 artículos que se agrupan en ese Capítulo hablan de Junta Municipal en lugar de Junta Comunal.

Esa Junta era definida como una instancia con facultades administrativas y de prestación de aquellos servicios que a tal fin le atribuyera el Concejo Municipal vía Ordenanza; esa Ley de 1978 señala que la Junta Municipal tenía la facultad de elevar al Concejo Municipal las aspiraciones de la comunidad que se relacionaran con la prioridad y urgencia de la ejecución, reforma o mejora de las obras y servicios locales de su jurisdicción, y que requerían una especial atención, anexando los informes y propuestas pertinentes. Esta facultad luego será asumida por la Parroquia en los artículos 76 y 77 de la reforma a Ley Orgánica del Régimen Municipal del 10 de octubre de 1988

La Junta Municipal estaba integrada según el artículo 38 de la Ley de 1978 por 1 Presidente y 2 Vocales con sus respectivos suplentes, designados todos por el Concejo Municipal por un período de 1 año con la posibilidad de reelección; para ser integrante de esta Junta además de ser residente del Municipio foráneo respectivo, debía cumplir con los mismos requisitos que se exigían a un Concejal. Para la elección de la Junta Municipal se tomaba como referencia la votación obtenida en ese Municipio foráneo por cada partido político o grupo de electores y cada organización entonces presentaba la lista de candidatos al Concejo Municipal.

Como habrán notado la Ley de 1978 hablaba de Municipios Foráneos y para lograr conocer mejor a qué se refería el legislador de entonces cuando usaba esa denominación, es necesario identificar primero los requisitos que la Ley Orgánica del Régimen Municipal, de ese entonces, exigía para la creación formal de un Municipio a través de la Ley Estadal de División Político Territorial respectiva.

Los requisitos para la creación los Municipios que establecía el entonces artículo 15 eran los siguientes:
• Una población no menor de 12 mil habitantes.
• Un territorio determinado.
• Un centro de población no menor de 2.500 habitantes que sirva de asiento a sus autoridades.
• Posibilidad de generar recursos suficientes para atender los gastos de gobierno, administración y prestación de los servicios mínimos obligatorios.

Luego el artículo 19 de la Ley de 1978 establecía que un Municipio Foráneo era aquél que no cumplía con todos los requisitos indicados durante un lapso ininterrumpido de 3 años, y que además fuera así denominado por la Ley Estadal de División Política Territorial. Por lo tanto, la Junta Comunal que el propio texto legal desarrolla bajo la denominación de Junta Municipal era la instancia administrativa y de gestión de ese municipio foráneo.

Esta definición de Junta Municipal y de Municipios Foráneos desaparece en la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Municipal publicada en 1988, y desde entonces con una función idéntica a la que anteriormente mencioné que se atribuía a la Junta Municipal, aparece en texto legal la figura de la Parroquia y de la Junta Parroquial. Ahora bien, es importante destacar que el régimen municipal previsto en 1978, salvo en lo que a elecciones se refería fue considerado como valido y por lo tanto vigente hasta enero de 1990 cuando en teoría finalizó un periodo que pudiéramos llamar de transición.

Ese proceso al que llamo de “transición” es aquél que necesitó las estructuras del país para adecuar el Municipio a las nuevas normas jurídicas que la regulaban, y desde 1978 y hasta la presente se han mantenido intacto la definición del municipio como unidad política primaria y las instituciones del Concejo Municipal, Contraloría, y las ordenanzas como expresión de las normas locales.

La Parroquia que aparecía en 1988 como un ente local para la descentralización, pasa a ser en la Ley del Poder Público Municipal de 2005 un ente local para la desconcentración de la gestión pública y en ella se le otorgan una serie de atribuciones concretas para que la Junta Parroquial ejerza la gestión de las mismas. Precisamente cuando analizamos el Municipio Foráneo y la Junta Municipal o Comunal, creo que podemos ubicar en ellas los antecedentes inmediatos de la Parroquia y de la Junta Parroquial.

Carlos R.

¿Cómo llegamos al Municipio que hoy conocemos?

La Constitución de 1961 establecía que hasta tanto no se publicara la Ley Orgánica del Régimen Municipal permanecían vigentes las normas sobre el municipio contenidas en la Constitución de 1953, recordemos que en ese texto constitucional el Municipio era parte del Distrito y que los Distritos reunidos configuraban un Estado.

Transcurrieron 17 años para que se cumpliera el mandato constitucional de legislar en materia municipal, es así como en Gaceta Oficial No. 2.397 de fecha 18 de agosto de 1978 se publica la primera Ley Orgánica del Régimen Municipal, la cual es reformada en los años 1984, 1988, 1989 y por último en el 2005 a través de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Por lo tanto podemos decir que desde 1978 y hasta el año 2010 han pasado algo más de 30 años en los cuales el Municipio ha sufrido un proceso de evolución que hoy se detiene y que amenaza seriamente su futuro; veamos algunos cambios:

1- El Municipio como división política territorial de un Distrito, que a su vez constituía con otros Distritos el Estado, es sustituido por Municipios que constitucionalmente se constituyen como la forma de organizar el territorio nacional y que reunidos crean un Estado, por lo tanto se elimina la denominación Distrito como se planteaba en la Constitución de 1953. El hecho de reconocer el texto constitucional que el territorio se organizará en Municipio es por sí solo un elemento que permite destacar la importancia de esta instancia política territorial como base de la organización social.

Oportuno es destacar que ese cambio se fue dando progresivamente y es así como en las reformas a la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1984, 1988 y 1989, se hacía mención a la vigencia del régimen municipal de la Constitución de 1953 hasta que no se adecuaran todos los municipios al nuevo régimen. La reforma de 1984 preveía que ese proceso debería culminar en el año 1989 y luego en la reforma de 1989 se señalaba que tal vigencia del régimen previsto en el año 1953 perdería su efecto en enero del año 1990.

2- En el caso del Ejecutivo, la Ley de 1978 señalaba que la ejercía un Administrador Municipal, electo por el Concejo Municipal y entre sus funciones se podía leer: celebrar contratos con la aprobación del Concejo Municipal; presentar al Concejo el Plan y Programas de gestión municipal, el proyecto de presupuesto de ingreso y gastos, así como también un informe anual de su gestión; hacer formar y mantener al día los censos de contribuyentes, entre otras.

De ese Administrador pasamos a un Alcalde que en 1988 se preveía fuera Presidente del Concejo Municipal en aquellos municipios cuya población fuere menor a 50.000 habitantes, pero luego en la reforma de 1989 queda tal disposición eliminada y el Alcalde asume funciones como representante del Ejecutivo y como presidente del Concejo Municipal. Con la Ley del Poder Público Municipal de 2005 el Alcalde logra ser una institución con absoluta separación de funciones del poder legislativo, pues ya no tiene esa doble condición. A partir de 1988 es cuando comenzamos a elegir a nuestras autoridades locales y es cuando se crea la institución denominada: Alcaldía.

3- La Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1978 preveía un Titulo IX identificado como: De la participación comunidad, en el cual se regulaba los mecanismos de participación de los vecinos, entonces solo se preveían 4 mecanismos de participación:

3.1.-Sesiones abiertas entre Concejo Municipal con vecinos cada 3 meses, lo que hoy podríamos llamar Cabildos Abiertos.

3.2.-Constitución de Asociaciones de Vecinos en una comunidad con 200 familias y cuyo ámbito espacial o territorial estaba determinado por la Oficina municipal con competencia en planificación urbana. Hoy debilitadas y casi desaparecidas por efecto de los Consejos Comunales.

3.3.- Reconsideración de las ordenanzas, salvo las de contenido tributario, que debía ser soportada con la firma de 20.000 electores vecinos.

3.4.- La cooperación vecinal en comisiones asesoras, permanentes, especiales, juntas con carácter administrativas que se les encomiende gestiones culturales, recreacionales, morales, etc…

De esas 4 hemos avanzado a una Ley Orgánica del Poder Público Municipal con 12 mecanismos de participación ciudadana: contraloría social, iniciativa legislativa, consultas públicas, asambleas de ciudadanos entre otras; además importante es resaltar que la vigente ley municipal tiene como eje transversal la participación ciudadana.

Las Parroquias como entidades locales para la desconcentración y con atribuciones concretas; el Consejo Local de Planificación como espacio de encuentro entre vecinos y poder municipal para cumplir con la función de planificación local son figuras que aparecen formalmente en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal a partir del 2005, es de acotar que el CLPP, se creó mediante Ley en el 2002 y las Parroquias pero como entidad local para la descentralización aparece en la reforma de 1988.

En conclusión hablamos de un Municipio como espacio territorial de tradición histórica en Venezuela, pero con un diseño que se ha venido delineando en las últimas décadas, conservando desde su origen algunas figuras como la del Concejo Municipal, pero que justo cuando se dicta la vigente ley que impone importantes cambios, aparecen paralelamente los Consejos Comunales y la propuesta de Comunas como una amenaza para el desarrollo del Municipio como Poder Público.

Carlos R.

domingo, 17 de octubre de 2010

Parroquias, Juntas Parroquiales, Consejos Comunales y Tributos.

En el año 2005 me correspondió participar como asesor en una propuesta de Ordenanza para Juntas Parroquiales en el Municipio Chacao, estaba recién entraba en vigencia la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, en la cual la Parroquia abandonaba su condición de actor para la descentralización y pasaba a ser un actor para la desconcentración de la gestión municipal.

Cuando analizábamos las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal atribuía a las Parroquias, concluíamos que en esencia seguía siendo una instancia auxiliar del gobierno local, lo cual exigía un espacio de encuentro y trabajo permanente con el gobierno municipal para poder ser efectivos en el desarrollo de una gestión que a través de la Junta Parroquial, como responsables de la gestión parroquial, lograse hacer sentir al ciudadano más cercano a la información y a la propia gestión municipal.

El artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal le asignaba varias atribuciones a la Parroquia, exactamente 21 que luego se redujeron a 20, y allí se lograban identificar los contenidos o las áreas en las cuales la Junta Parroquial podría asumir un rol o una tarea en su ámbito territorial sin menoscabar la gestión municipal y sin romper la unidad municipal.

Veamos un ejemplo, el numeral 15 del artículo 37, establece que la Parroquia puede coadyuvar o podría contribuir con las administraciones tributarias locales en la gestión de los tributos, a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y demás deberes formales.

Sabemos que la administración tributaria municipal es responsabilidad del organismo autónomo descentralizado y sin personalidad jurídica que cada gobierno municipal crea a los fines de asegurar la eficiencia, liquidación y recaudación de los tributos municipales.

En diciembre 2005 el Concejo Municipal del Municipio de Chacao sanciona su ordenanza para regular la figura de las Juntas Parroquiales y en ella desarrolla algunas acciones sencillas y concretas que permiten a éstas instancias realizar labor política y de acción comunitaria en su comunidad, pero que no excluye que el gobierno municipal amplíe sus funciones a través de algún proceso de desconcentración de funciones.

En esa ordenanza del 2005 y siguiendo el ejemplo indicado sobre la materia tributaria, el artículo 38 establece que en el caso particular del Municipio Chacao su Junta Parroquial puede contribuir con la promoción de programas dirigidos a fomentar la cultura tributaria de los vecinos de manera que el proceso de recaudación de impuestos sea mucho más efectivo.

Además se aprobó en ese instrumento legislativo local que la Dirección de Administración Tributaria Municipal, tuviera en la Junta Parroquial una instancia que promoviera la participación ciudadana a través de distintos mecanismos que le permitiera a ésta ser un canal de comunicación con los vecinos para quejas, reclamos, sugerencias y opiniones que pudieran surgir entre los vecinos sobre el proceso de recaudación tributaria.

Fueron dos competencias que le permiten a las Juntas Parroquiales contribuir con la transparencia en la gestión tributaria del gobierno local y en lograr una mayor conciencia ciudadana en esta materia. Además le brinda a las Juntas Parroquiales una extraordinaria oportunidad para identificar el contenido que pueda alimentar y promover cualquier programa de Contraloría Social, que además y según el numeral 6 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal es una de las atribuciones que se le han asignado a las Parroquia.

Además de la Junta Parroquial y en el ámbito local los Consejos Comunales también entran a ser actores dentro de la administración tributaria para igualmente coadyuvar al cumplimiento de los deberes formales tributarios, pero como ha sido característico en esta figura, su relación directa no es con la instancia municipal sino con instancias del poder central.

Es así como el SENIAT, mediante una Providencia publicada en Gaceta Oficial el 28 de diciembre de 2007 incorpora a los Consejos Comunales en la tarea de revisar el cumplimiento de la obligación formal tributaria, permitiéndoles a esta instancia inspeccionar los libros en los que se asienta el IVA y el Impuesto sobre la Renta, así como el esquema de facturación.

Para tal fin las Gerencias Regionales deben facultar a estas comunidades organizadas, que en la práctica son los Consejos Comunales, quienes tendrían además, acceso a una clave para el sistema del Seniat y desde la web realizar denuncias, y cualquier proceso que sea acordado.

Carlos R.

Las elecciones locales, el TSJ y las Comunas,

Con fecha 17 de octubre de 2010, Eugenio Martinez, en El Universal analiza el tema de las elecciones locales y al respecto se pregunta, la última vez que los venezolanos designaron a sus representantes locales fue el 7 de agosto de 2005. ¿Cuándo será la próxima? La respuesta a esta interrogante pasa, al menos, por consideraciones técnicas y políticas que deben realizar en el CNE, la Asamblea Nacional y en la Sala Constitucional del TSJ.

Los cinco años de mandato de los actuales concejales -la Constitución establece cuatro años- crean distorsiones políticas importantes. Un caso emblemático se encuentra en el municipio Sucre del estado Miranda, en el cual la oposición al Gobierno de Hugo Chávez ha crecido sostenidamente desde 2007, provocando que el chavismo perdiera en esta jurisdicción en todos los procesos electorales -incluidas las elecciones parlamentarias- que se han convocado en los últimos tres años.

No obstante, el actual alcalde, Carlos Ocariz (PJ) -electo el 23 de noviembre de 2008- debe gobernar junto a una cámara municipal que fue designada en el año 2005, en la cual existe una relación de 12 a 1 a favor del proceso político del presidente Chávez.

La ausencia de los comicios locales impide que los electores de los 335 municipios del país renueven a sus representantes antes las cámaras municipales. Al día de hoy, los Concejos Municipales -distorsiones por la aplicación de la Ley Orgánica del Sufragio al margen- responden a la intención de voto de hace cinco años.

75 días para acatar la Ley
El Poder Electoral debía convocar las elecciones de concejales y juntas parroquiales en agosto del año 2009; no obstante, la discusión y aprobación de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y la posterior reforma al artículo 294 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm) le permitió diferir estos comicios.

Según la Gaceta Oficial N° 38.421, correspondiente al 21 de abril de 2009, el CNE debe realizar los comicios locales durante el segundo semestre de este año; salvo que la actual Asamblea Nacional vuelva a reformar la Loppm para diferir, por segunda ocasión, la convocatoria de estas elecciones.

Consideraciones políticas y legales al margen, organizar comicios para 5.596 cargos es técnicamente complejo porque los rectores podrían -en función de la nueva Ley Electoral- redefinir las circunscripciones de votación de cada municipio e introducir -en las 50 jurisdicciones en las que no existen parroquias- el concepto de las comunas como ámbito territorial para la elección. Además se debe definir la nueva distribución de concejales por municipio que debe oscilar entre 5 y 13 cargos.

Esperando por el TSJ
Los magistrados de la Sala Constitucional del TSJ aún no se pronuncian con relación a la acción popular de nulidad por inconstitucionalidad que Súmate presentó el 9 de julio de 2009 contra la reforma de Loppm y la decisión de posponer los comicios locales. La decisión del TSJ -como ocurrió en el año 2000- podría incluir la fecha de estas elecciones.

No obstante, al margen de las decisiones de AN, TSJ y CNE existe una valoración de modelo político. Los concejales pueden convertirse en funcionarios innecesarios si cristaliza el proyecto de Poder Comunal tal y como lo explica Martha Harnecker en su trabajo titulado "Construyendo el socialismo del siglo XXI" en el cual explica que avanzar hacia el sistema de "autogobierno comunal", implica que el municipio transfiera sus funciones administrativas a las comunas.

Fuente:
http://www.eluniversal.com/2010/10/17/pol_art_las-elecciones-de-co_2072092.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsEUpol
emartinez@eluniversal.com

Sólo porque hay elecciones vuelve a recordarse dónde no se han creado las Juntas Parroquiales.

El Universal con fecha 17 de octubre de 2010, informa que existen 156 capitales de municipios -distribuidas en 11 estados- en las cuales nunca se han constituido gobiernos de ámbito parroquial.

Este es el caso -por mencionar sólo cuatro ejemplos- de La Victoria (Aragua), Puerto La Cruz (Anzoátegui), Porlamar (Nueva Esparta) o San Antonio (Táchira). Si se analiza este fenómeno se descubre que en 50 municipios (15% de las jurisdicciones del país) no existen parroquias formalmente constituidas lo que complicaría la definición de circunscripciones de votación para una eventual convocatoria de comicios locales porque la nueva Ley Orgánica de Procesos Electorales permite la creación de circuitos empleando el ámbito territorial de las comunas.

La nota de prensa señala que la ausencia de juntas parroquiales dificulta la conformación de los consejos locales de planificación, instancia prevista en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm) vigente desde el 8 de junio del 2005 y en la Constitución.

Según el artículo 182 de la Carta Magna los consejos locales de planificación son presididos por el alcaldes respectivo, los concejales y los presidentes de las juntas parroquiales del municipio.

Según la Loppm, corresponde a las parroquias -a través de las juntas parroquiales- velar, entre otras funciones, por el cumplimiento de la limpieza urbana y aseo domiciliario, supervisar los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, inspeccionar la prestación del servicio de transporte público de pasajeros.

Además tienen la obligación de promover procesos participativos para la identificación de prioridades presupuestarias, así como coadyuvar con las administraciones tributarias locales en la gestión de los tributos a los efectos de garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y demás deberes formales. En los últimos cinco años estas funciones han sido asumidas por los Concejos Comunales.

Concluye la nota de prensa que:

-La ausencia de Juntas Parroquiales no se solventará con la convocatoria de elecciones por parte del CNE. Primero deben definirse las parroquias en los 50 municipios que carecen de ellas. Esta labor corresponde a los consejos legislativos que, sin embargo, no están obligados taxativamente -según el artículo 173 de la Constitución- a "parroquializar" a las entidades.

-Básicamente los rectores del CNE no puede convocar elecciones para cargos que no existen. Adicionalmente la ausencia de Juntas Parroquiales facilita la implementación del Poder Comunal a través de la creación de comunas. EM

Fuente:

Curso de urbanismo para ciudadanos.

Con fecha 17 de octubre de 2010, Delia Meneses, escribe en El Universal, una nota de prensa informando sobre el Curso de Urbanismo para Vecinos que se realizó en Caracas, organizado por el Instituto de Urbanismo de la Alcaldía Metropolitana, la Universidad Simón Bolívar y la Escuela de Vecinos, en el cual lograron reunir en un mismo escenario a líderes comunitarios de todos los sectores de Caracas.

Los sectores que participaron fueron: Catia, El Cafetal, La Urbina, Alto Prado, Mariches, El Marques, Colinas de Bello Monte, Antímano, Santa Sofía, Caricuao entre otros.

Reunidos en grupos de cinco se conformaron las mesas de trabajo. El objetivo de la primera sesión (son seis en total y transcurrirán cada sábado hasta el 20 de noviembre) fue debatir sobre la participación y la organización comunitaria para vivir e influir en la ciudad.

Nélida Torres, vecina de Carapita, se enteró de que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal contempla hasta 12 maneras de participación ciudadana. Cabildos abiertos, asamblea de ciudadanos, presupuesto participativo, referendo, son algunas de ellas. "Nunca había estado en un curso de ese tipo. Lo importante es que voy a transmitir lo que aquí aprenda a otros vecinos de Antímano".

Otro de los 35 participantes del curso fue Franklin López, residente de Propatria, y miembro del consejo comunal Unidos por la Comunidad.

"Estoy aquí para hacer una lectura más específica de las leyes que tienen que ver con el urbanismo y así usarlas en beneficio de la comunidad".

Elías Santana, de la Escuela de Ciudadanos, fue el instructor de la primera sesión. Resaltó el hecho de que la actividad haya congregado a líderes vecinales de todos los municipios e integrantes de consejos comunales, asociaciones de vecinos y juntas de condominio. "Ya tenemos casi lleno el cupo de la nueva edición del curso que comienza en febrero". A juicio de Santana el taller permite a los líderes vecinales formarse en temas de la ciudad y convertirse en interlocutores con argumentos válidos cuando tengan que debatir sobre algún asunto con las autoridades locales.

Ramón Velásquez, de la UD5 de Caricuao, aspira emplear los conocimientos que adquiera en el curso para luchar contra el principal problema que tiene su sector: las ocupaciones ilegales. "El control de las invasiones es fundamental y debe ser parte de la planificación integral del urbanismo".

A Jhon Romero, vecino de la avenida El Cuartel, de Catia, la primera clase le sirvió para enterarse de que ninguna decisión general en materia de urbanismo y ambiente puede entrar en vigencia sin haber sido consultada con la comunidad. Cada sábado cambiarán los ponentes y se expondrán experiencias vecinales exitosas.

Fuente:
http://www.eluniversal.com/2010/10/17/ccs_art_forman-vecinos-para_2070991.shtml?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsEUsucgc

jueves, 14 de octubre de 2010

David Ludovic se pregunta como muchos ¿Y los Concejales?

David Ludovic Jorge con fecha 14 de octubre de 2010 en Tal Cual Digital se pregunta:  ¿Y los concejales?

El artículo lo transcribo textualmente del portal web:

De sus trece integrantes, Flavia Martineau es la única miembro opositora del Concejo Municipal de Sucre, en el estado Miranda.

Los restantes doce pertenecen al oficialismo y han dedicado los últimos dos años de su gestión (desde que ganó Carlos Ocariz en 2008) ha restringir e imposibilitar la labor del alcalde, según la propia Martineau ha denunciado.

Su caso, aunque emblemático por capitalino, no es el único. La falta de elecciones de los miembros de concejos municipales desde agosto de 2005 fecha en la que se escogió por última vez a los miembros de estos cuerpos deliberantes ha originado que las realidades políticas de varios municipios del país no se correspondan con la representatividad de las tendencias opositoras y oficialistas en dichas instancias.

Esa es una de las razones por la que el coordinador de Asuntos Electorales de UNT, Vicente Bello, considera necesario que se convoquen los comicios de concejales y juntas parroquiales con la misma celeridad que se ha tenido para las de gobernadores y alcaldes pendientes.

Bello coincide con el rector del CNE Vicente Díaz respecto a que es posible hacer las elecciones en cualquier momento, si hay disposición del ente comicial, pues las modificaciones que habría que hacer son pocas. "Quizá en algunos municipios el CNE tendría que hacer un ajuste de acuerdo al crecimiento poblacional, en aquellos sitios donde se estaba cercano al límite de población para escoger dos concejales más o menos, pero a grandes rasgos esta distribución no variaría mucho", opina.

REPETICIÓN DEL GERRYMANDERING

Si las razones técnicas no tienen mucho peso para retardar la escogencia de los concejales y miembros de juntas parroquiales, sí lo tienen las políticas y jurídicas. Recuerda Bello que la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPE) contempla en su artículo 16 que "En las parroquias de alta densidad poblacional las circunscripciones podrán conformarse en comunidades o comunas" para elecciones municipales.

Esto plantearía una dificultad para el gobierno, que, quizá, aún no ha hecho la división de los municipios en comunidades y comunas.

Así lo cree también Félix Arroyo, experto electoral de Acción Democrática, quien no duda que el gobierno volverá a emplear la técnica del gerrymandering (reingeniería de los circuitos electorales para favorecer a determinada tendencia), usando esta vez la potestad que da la LOPE para incorporar las comunas a la distribución de los circuitos.

Es esta reingeniería lo que, para él, ha impedido al gobierno tener más premura para realizar los comicios municipales. "Si ya tuvieran hecha esta división en comunidades y comunas hubieran planteado la elección para ya", asegura.

Una tercera opinión ha sido ya planteada por el oficialismo regional: la eventual desaparición de los concejos municipales, previa a la instauración de los consejos comunales. Así lo ha dado a entender, por ejemplo, el gobernador de Aragua, Rafael Isea, quien cree que "las comunas deben asumir tareas legislativas y que, en algún momento, los consejos municipales dejarán de ser".

Una deuda, sin embargo, tiene pendiente la AN para lograr este último escenario: la aprobación de la Ley Orgánica de Consejos Comunales que el chavismo en el actual Parlamento debe lograr antes de vencer su período, pues a partir de 2011 carecerá de la mayoría calificada necesaria para aprobarla.


Fuente:
http://www.talcualdigital.com/Avances/Viewer.aspx?id=42036&secid=28

Mimos para la educación vial en Municipiio Sucre.

Con fecha 14 de octubre de 2010, El Universal informa en su portal digital, la iniciativa en Alcaldía Sucre que utilizar Mimos en la formación Vial. La nota informa que la Dirección de Cultura de la alcaldía de Sucre busca combatir el caos vial con pantomima. Y para este fin surgió la Escuela de Mimos que inició su segunda temporada de formación con 20 alumnos. La meta es educar entre 35 y 50 jóvenes de la ciudad en las artes interpretativas, en el lapso que va de octubre a diciembre.

Cuando culminen su formación, que dura tres meses, estarán preparados para sumarse al programa de educación vial y ciudadana "Para, Mira y Cruza", que consiste en utilizar mimos y payasos para recordar la manera correcta de cruzar la calle o la importancia de detenerse ante una luz roja.

Los instructores son los esposos Mario Sudano y Desirée Monasterios. Mientras él enseña las técnicas de mimo y payaso, ella imparte las clases de actuación.

"La mayoría de los alumnos son adolescentes sin experiencia en el área, pero interesados por las diferentes formas de expresión artísticas. Le enseñamos a comprender el oficio del intérprete y a recrear en el espacio cosas que no existen a través del baile y la gestualidad.

Son sesiones de 3 horas, dos veces a la semana (martes y jueves), de 3 a 6 pm y se combinan clases magistrales con prácticas. La inscripción para la escuela de mimos es gratis y todavía hay cupos disponibles. Los interesados pueden acudir a la sede de la fundación José Ángel Lamas en el centro de Petare, llamar al (0212) 256.6918 o escribir a fundación.lamas@alcaldiasucre.net.

Además de educar a choferes y peatones sobre las reglas básicas de tránsito, el presidente de la fundación José Ángel Lamas, Alex Ojeda, resalta que la iniciativa brinda a los jóvenes herramientas de desarrollo personal con una formación artística, original y de calidad.

Fuente:

lunes, 11 de octubre de 2010

Parroquias, Juntas Parroquiales y la participación ciudadana.

Desde que en la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1988 apareció la figura de la Parroquia como una entidad local, se establece que entre sus funciones está la de promover la participación ciudadana en la comunidad y contribuir con la gestión municipal en esa localidad respectiva.

El entonces artículo 77 de la Ley de 1988 establecía expresamente que la Junta Parroquial elevaría a la consideración del Alcalde todas aquellas aspiraciones de la comunidad relacionadas con la prioridad y la urgencia de ejecución, reforma o mejora de las obras y servicios locales de su jurisdicción, anexando a las mismas los informes y propuestas pertinentes; a tal fin, la Junta Parroquial tenía la responsabilidad de establecer los medios de consulta y comunicación adecuados con la comunidad y sus organizaciones sociales, lo que no impedía que las organizaciones sociales de la comunidad pudieran acudir directamente a las instancias superiores.

Esta norma se repite en la Ley de 1989 cuando nos habla de una Junta Parroquial que requiere estar en contacto con los vecinos y que necesita mecanismos de participación para lograr recoger las aspiraciones de la comunidad sobre las obras y servicios locales; por lo tanto, la Junta Parroquial es diseñada como una instancia auxiliar que contribuiría a garantizar la cercanía de una gestión municipal a los ciudadanos en dos direcciones, desde el gobierno municipal hacia el vecino y desde el vecino hacia el gobierno municipal.

Se entiende que bajo la norma de 1989 la Parroquia requería de delegación para desarrollar sus funciones, pero en materia de participación ciudadana quedaba muy claro, a mi entender, que tenía ya atribuida es rol de facilitador.

A partir del año 2005, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, le otorga expresamente una serie de atribuciones que refuerzan su rol de facilitador de procesos de participación, entre ellas encontramos por ejemplo el numeral 1 del artículo 37, en la cual podemos identificar lo que hoy conocemos como ciclo comunal, obviamente sin tanta precisión, pero en ese numeral expresamente le otorgan a la Parroquia su condición de ser centro de información, producción y promoción de procesos participativos para la identificación de prioridades presupuestarias de la comunidad, lo cual obviamente cumplirá a través de la Junta Parroquial, por ser la instancia responsable de la gestión de ésta y otras atribuciones de la Parroquia como entidad local.

Además se refuerza ese rol de facilitador cuando el artículo 38 de la Ley del 2005 le atribuye la obligación de requerir toda información que sea necesaria sobre la gestión municipal, en cada oportunidad que los vecinos lo requieran, esta disposición supone un espacio de encuentro entre vecinos e integrantes de las juntas parroquiales y entre estas autoridades y el gobierno municipal, para divulgar y garantizar información de la gestión municipal, importante elemento para la evaluación y seguimiento de las políticas públicas.

Y aún cuando la Ley del 2005 no menciona la obligación de enviar informe a la Alcaldía, si establece que el presupuesto municipal debe considerar los proyectos presentados por las Juntas Parroquiales, lo que presupone y más cuando ahora es un ente de desconcentración, que debe existir algún espacio de encuentro entre alcalde y junta parroquial para lograr articular, responder y rendir cuentas sobre los esfuerzos en beneficio de la colectividad.
La Ley Orgánica del Poder Público Municipal del 2005, en su numeral 6 del artículo 37 otorga a la Parroquia otra atribución que a mí entender, complementa su rol como facilitador de la participación ciudadana y que le permite contribuir como un actor esencial en la tarea de garantizar la transparencia en la gestión municipal, me refiero a la responsabilidad de promover la Contraloría Social en la comunidad. Por lo tanto, si la Parroquia es centro de información sobre la gestión local, además tiene la atribución de solicitar la información que solicite al gobierno municipal, sin duda se convierte en un importante actor en el desarrollo de programas permanentes de contraloría social y para canalizar la obligación y el deber de los funcionarios electos de rendir cuentas a los electores.

Este diseño de Junta Parroquial nace en el 2005 con la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, año que coincide con el origen de hecho de las organizaciones de ciudadanos a través de los Consejos Comunales y que últimamente se ha convertido en la forma de organización ciudadana y canal exclusivo de participación ciudadana en los asuntos públicos, a tal fin valdría la pena preguntarnos:

¿Cómo se han visto afectadas las Juntas Parroquiales en el desarrollo de sus atribuciones con la existencia de los Consejos Comunales en su jurisdicción?, ¿Son los Consejos Comunales el paralelo de las Juntas Parroquiales y por ende las han excluido de un rol protagónico como facilitadores de la participación? ¿Han asumido y entendido las Juntas Parroquiales existentes su función en la comunidad y su rol de ser promotores de la participación ciudadana y actores estratégicos en la cercanía de la gestión municipal y de su transparencia frente a los vecinos?.

Un breve paseo histórico por el origen de las Parroquias y Juntas Parroquiales.

Las parroquias son concebidas por primera vez en la Ley Orgánica del Régimen Municipal publicada el 10 de octubre de 1988 en Gaceta Oficial Extraordinaria, en la cual le otorgan a esta figura el Capitulo V y en el que la definen como una “demarcación de carácter local, dentro del territorio de un Municipio, creadas con el objeto de descentralizar la administración municipal, promover la participación ciudadana y la mejor prestación de los servicios públicos estadales."

Desde entonces aparece la parroquia como una entidad local, cuyas atribuciones estaban condicionadas a una delegación que le hicieran los órganos del gobierno municipal y que podrían tener carácter de gestión, consulta y de evaluación. Las parroquias decía el entonces artículo 33, podrían coincidir con los barrios, urbanizaciones o sectores de dichas áreas, a tal fin sería la Asamblea Legislativa a propuesta del Concejo Municipal quien determinaría su extensión. Por otro lado los vecinos en un 20% de los electores inscritos en la Junta Electoral del Municipio respectivo podían también sugerir la extensión territorial de la Parroquia, pero siempre dentro del territorio del Municipio.

En cuanto a la elección de la Junta Parroquial, hay una importante diferencia en su metodología, que realmente se modificó rápidamente, pues según  la Ley de 1988 los integrantes de la Junta Parroquial eran designados por el Concejo Municipal, en base de la votación obtenida por cada partido político o grupo electoral entre los residentes de la jurisdicción respectiva, inmediatamente en el año 1989 es reformado y pasan a ser elegidos de manera universal, directa y secreta.
Esta definición de Parroquia, como un auxiliar del gobierno municipal, y condicionado a las competencias que le deleguen se ha mantenido, a mí juicio en esencia, en  la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2005, en la que incorporarn algunos elementos bien importantes para su desarrollo como entidad local que contribuya con una mejor gestión local. Oportuno es mencionar que previamente la Ley Orgánica del Régimen Municipal de 1978 y su reforma parcial de 1984 no hacían mención alguna a las Parroquias, si llama la atención que identificaban bajo un capitulo una figura llamada Juntas Comunales, pero que luego a lo largo del mismo, eran sustituidas nominalmente por Juntas Municipales, y que se centraban en quienes administraban lo que entonces denominaban municipios foráneos.

A partir del año 2005, la Parroquia pasa a ser una entidad local que encuentra nuevos elementos, manteniendo que su organización debe estar dentro del territorio de un municipio y que sus atribuciones pueden ser de gestión, consulta y evaluación, los cambios son a saber:

1.- Se convierte en un ente local en el cual el gobierno municipal puede desconcentrar la gestión municipal.

2.- Pasa a contar con una lista 20 atribuciones concretas y específicas, que deberían ser desarrolladas por una ordenanza local, pero soy del criterio que aún sin ordenanza les brinda la oportunidad de articular acciones políticas con los ciudadanos, pues desde su origen ha sido considerada como una instancia en la cual se debe promover la participación ciudadana.

3.- Su creación queda a partir del año 2005 en manos del Concejo Municipal, a través de la aprobación de las 2/3 partes de sus integrantes, con la iniciativa en manos de la Alcaldía, Concejales y de un total de 15% de los vecinos.

4.- La extensión poblacional queda en manos de la ley estadal.

5.- Incorpora la obligación de rendir cuentas a los vecinos.

6.- Presenta normas que son comunes para concejales, alcaldes y los miembros de estas Juntas Parroquiales, en las que les prohíbe algunas actuaciones y establecen condiciones de elegibilidad.

Este paseo histórico y breve sólo pretende hacer entender a quien tenga la gentileza de leerlo que la Junta Parroquial, esa instancia que en algún momento debemos elegir, que está integrada por 5 miembros en el caso de ser una población urbana o 3 en el caso de las poblaciones rurales, con sus respectivos suplentes, es un espacio político en el cual se hace indispensable la presencia de la pluralidad y la tolerancia política para poder trabajar en beneficio de la colectividad respectiva, tratando de buscar soluciones a los problemas locales y no el desarrollo de un proyecto de país que no es compartido por los venezolanos, y que lejos de unir, nos divide como sociedad.

Carlos R.

sábado, 9 de octubre de 2010

La Junta Parroquial y los Consejos Comunales.

El Consejo Comunal aparecía en el numeral 17 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2005 cuando el artículo establecía como atribución de la parroquia el apoyo al Consejo Local de Planificación Pública en la creación en su jurisdicción de la red de Consejos Comunales y los Consejos Parroquiales por sector o vecinal, según lo determinara la ordenanza respectiva.

Pero luego fue el 10 de abril del año 2006 que junto a la aprobación de la Ley de Consejos Comunales, se reforma la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, y se hacen modificaciones para no vincular el Consejo Comunal al Poder Municipal, eliminándose precisamente el numeral 17 y quedando la parroquia con la atribución sólo de colaborar con la Sala Técnica del Consejo Local de Planificación Pública en la elaboración del censo social municipal, tal y como lo expresa el numeral 16 del artículo 37 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Recordemos que la Ley Orgánica del Consejo Local de Planificación Pública del 2002 establecía que como parte del diseño del Consejo Local de Planificación Pública, este debería crear una red de consejos comunales y parroquiales en las comunidades para lograr canalizar por esta vía la participación y el protagonismo del ciudadano, luego en diciembre 2006 eliminan la figura de los Consejos Parroquiales y se queda la estructura del Consejo Local de Planificación con los Consejos Comunales como único canal de participación de la comunidad en esta instancia de planificación local.

Resultaba y aún resulta interesante analizar las razones de la separación de los Consejos Comunales del Poder Municipal, los cuales tienen en la actualidad como único vínculo el encuentro de voceros con el alcalde, concejales y juntas parroquiales en el ámbito del Consejo Local de Planificación Pública.

Cuando me correspondió asesorar en la redacción de la ordenanza sobre Consejos Comunales en Baruta, sugerí que se incorporara el artículo 12 de la misma, en la que se obligaba al Alcalde, como máxima autoridad civil del municipio a realizar reuniones periódicas con estas formas de organización vecinal que precisamente operan dentro del territorio municipal, igual relación se incorporó al Concejo Municipal, como una estrategia de crear un vínculo en lo local, que si bien a nivel nacional no existía, tampoco prohibía que una norma local buscara artícular los esfuerzos de cooperación e integración.

Además en la ordenanza se buscó crear una persona enlace con estos Consejos Comunales, incluso se buscó que en las reuniones de las Juntas Parroquiales los voceros pudieran ser convocados a las mismas, la idea que estaba en esencia en esa ordenanza de 2007 era buscar que desde el poder municipal se impulsara los nexos y los encuentros con esas formas de organización comunitaria, previendo que el divorcio entre estas instancias conduciría a un debilitamiento del poder municipal en su capacidad de responder a las necesidades inmediatas si acaso el gobierno facilitaba grandes recursos a estas instancias de participación revolucionarias.

En la actualidad el tema trasciende a esa visión del 2006, pues ahora surge la Comuna como una real amenaza de constituirse como una estructura paralela y base de un nuevo diseño del Estado llamado Estado Comunal.

Pronto debe llamarse a la elección de nuevos concejales y juntas parroquiales, las cuales deben ser atendidas con el mismo interés que las parlamentarias nacionales, porque precisamente en estas instancias de desconcentración local, es donde nace, se experimenta y se desarrolla diariamente la verdadera participación directa, en la constante búsqueda por satisfacer las necesidades inmediatas de la comunidad que cada vez con más fuerza reclama y exige respuestas de los entes correspondientes.

Precisamente en esa dinámica de buscar respuestas es donde mejor se expresa y se siente por parte del vecino, la verdadera descentralización política y administrativa a través de la cual se pueda hacer sentir al ciudadano que la gestión pública funciona, y que lo hace bajo el principio de que está al servicio del propio vecino y no al parcelada al servicio de un proyecto de país particular.

Carlos R.

La Junta Parroquial y la Seguridad Ciudadana.

La recuperación de los espacios públicos en especial los parques es una de las claves fundamentales para lograr trabajar la prevención en materia de seguridad, pues la existencia de zonas verdes, parques y plazas que no cuenten con la debida seguridad, iluminación, y que de tener toda la infraestructura no sea un espacio frecuentado por los vecinos, o utilizado por éstos para promover actividades comunitarias, hace que esos espacios queden a la disposición de los amigos de lo ajeno, al ocio y sus vicios contribuyendo a crear una sensación de inseguridad en toda la comunidad.

Cuando se revisa el diseño normativo que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2005 ha establecido para las Juntas Parroquiales y considerando que pronto en algún momento cercano tendremos la tarea de ir a votar por la elección de nuestros representantes a las Juntas Parroquiales, es esencial conocer la competencia que éstos tienen como responsables de la gestión parroquial, y entender que igual de importante fue participar en la elección parlamentaria nacional, como debe ser participar para elegir a este cuerpo colegiado que puede incidir positivamente en la convivencia local.

Veamos cómo puede contribuir la Parroquia a través de su expresión política representativa llamada Junta Parroquial en la comunidad en algunas áreas como la que nos indica el numeral 3 del artículo 37 que establece como atribución de la parroquia promover los servicios y el principio de corresponsabilidad en lo atinente a la seguridad ciudadana, la protección civil y la defensa integral de la República.

Si partimos por la premisa que la Parroquia debe promover la participación, la corresponsabilidad y el protagonismo de la ciudadanía en la gestión local, es entonces perfectamente viable considerar que una Junta Parroquial en el uso de su atribución como responsable de la gestión parroquial, puede desarrollar un Plan de Seguridad Ciudadana en la Comunidad, para lo cual, sin duda debe articularse con la Policía del Municipio y las autoridades competentes del mismo municipio.

Un plan de seguridad ciudadana puede ser desarrollado desde el ámbito municipal e involucrar a las Juntas Parroquiales como actores del mismo en la comunidad respectiva; o bien, puede darse, que el mismo sea un plan exclusivamente elaborado para la parroquia correspondiente, impulsado por la Junta Parroquial, ahora, lo importante en uno y en otro caso es garantizar que siempre la policía municipal y demás entes responsables del tema de seguridad participen en la orientación, diseño e implementación del mismo.

El articulo 37 de la LOPPM otorga a la Parroquia en los numerales 4, 10, 13 y 14 una serie de atribuciones que contribuyen a fortalecer la presencia y el rol de esta entidad local a través de la Junta Parroquial en cualquier Plan Local de Seguridad Ciudadana, a saber:

1.- Coadyuvar en el cuidado y mantenimiento de plazas, parques y jardines de la parroquia.

2.- Promover servicios y políticas dirigidos a la infancia, a la adolescencia, a la tercera edad y a las personas con discapacidad.

3.- Auspiciar y promover la masificación deportiva.

4.- Auspiciar y promover las actividades culturales que integren la comunidad.

En estas cuatro atribuciones se pueden justificar la participación de la Junta Parroquial en acciones para la recuperación de los espacios públicos, llámense plazas, parques o jardines; en campañas preventivas y actividades tanto culturales como deportivas, que incorporen a la comunidad en sus áreas públicas, y que contribuya a la ocupación de los jóvenes y niños alejándolos del ocio y los vicios.

Igualmente si consideramos que también tiene competencia la parroquia para promover la contraloría social comunitaria, es perfectamente posible que sea la Junta Parroquial la instancia que garantice espacios permanente de encuentro entre vecinos y policía municipal, con otras autoridades locales para lograr evaluar y monitorear el avance en el tema de seguridad ciudadana en la comunidad, sus logros y sus dificultades; pero también para desde allí poder plantear políticas y proyectos de reformas o de ordenanzas que se consideren oportunas y necesarias.

En el Municipio Baruta facilité una metodología en la que comunidades organizadas constituían sus mesas de seguridad ciudadana, y en ella policía municipal, alcaldía y vecinos lograban analizar un diagnóstico de la comunidad y de allí identificar las acciones inmediatas y concretas que se consideraban podían desarrollarse en lo inmediato, más de 12 planes se crearon.

Hoy cuando reflexiono sobre el tema Parroquial como instancia que existe en nuestra institucionalidad, creo que perfectamente esa labor de facilitador, pudo haber correspondido a la Junta Parroquial y que a la vez ésta pudo haber sido la garante de que esas mesas se constituyeran permanentemente como encuentro entre las autoridades y los vecinos para formar, informar y evaluar la gestión en seguridad de la parroquia en concreto.

Carlos R.

Las Juntas Parroquiales y la Contraloría Social.

Hay 3207 integrantes de las Juntas Parroquiales que aguardan junto a los concejales que el Consejo Nacional Electoral indique formalmente la fecha del proceso electoral para renovar las autoridades, recordemos que la Asamblea Nacional extendió mediante reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM) en el 2009, el período de los estos dos espacios de representación popular hasta el segundo semestre del 2010.

Por lo tanto, pronto se acerca la fecha en la cual se convoque para esas elecciones, brindándonos así otra oportunidad de promover a través del voto y la participación electoral un equipo plural y democrático que desde la parroquia contribuya a recuperar la pluralidad, la tolerancia política y el reconocimiento a la importancia del municipio como la unidad política primaria, y a este ente local denominado parroquia, le permita jugar un rol más protagónico en la realidad local y en defensa de la institucionalidad democrática.

El rol más protagónico dependerá de la voluntad de los elegidos en desarrollar con creatividad las atribuciones que la Ley Orgánica del Poder Público Municipal les atribuye a lo largo de los numerales que están agrupados en el artículo 37 de la mencionada ley.

Veamos una de esas atribuciones que permite a las Juntas Parroquiales en el ejercicio de su función como responsables de la gestión parroquial involucrarse con la comunidad y trabajar de manera directa en el tema de la transparencia en la gestión municipal, así como también contribuir con la cercanía entre el vecino elector y sus elegidos en la dinámica de la gestión local.

Esa atribución es el mecanismo denominado Contraloría Social, que como lo expresa el artículo 272 de la LOPPM, permite al ciudadano bien de manera individual o colectiva participar en la vigilancia y control de la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, plantes y proyectos, en la prestación de los servicio públicos municipales y en la conducta de los funcionarios públicos para prevenir, racionalizar y promover correctivos.

Cuando el numeral 6 del artículo 37 de la LOPPM me indica que la parroquia podrá promover procesos comunitarios de contraloría social y luego el artículo 38 me señala que la Junta Parroquial está en la obligación de requerir toda la información de la gestión municipal para ponerla a disposición de todos los ciudadanos de la parroquia que la solicitan, me da a entender que si la contraloría social requiere de información oficial para cumplir sus funciones, pues entonces los vecinos encuentran en las Juntas Parroquiales un aliado para la búsqueda de esa información oficial que es requerida para la participación efectiva a través de este mecanismo.

Por otro lado si la parroquia tiene como atribución la supervisión de los servicios de agua potable, electricidad y gas doméstico, según numeral 9; la inspección del servicio de transporte público de pasajeros, según numeral 11 y pro último colaborar con la supervisión de los espectáculos públicos, pues entonces las Juntas Parroquiales como responsables de la gestión en esta materia, pueden buscar los recursos para desarrollar programas que les permita crear toda una red o un sistema de contraloría social en la comunidad que colaboren con su función de supervisión e inspección y que además permita un encuentro permanente para buscar mejoras a través de propuestas en la prestación de esos servicios.

Importante es destacar que todo lo mencionado encuadra en la atribución que le otorga a la parroquia el numeral 2 del artículo 37 cuando señala que la parroquia debe promover la corresponsabilidad, el protagonismo y la participación ciudadana en la gestión pública municipal.

Por lo tanto es perfectamente viable pensar en una Junta Parroquial que desarrolle espacios y programas permanentementes que permitan el encuentro con los vecinos de esa entidad local, no sólo para compartir información sobre la gestión municipal, sino que también permita recibir otras informaciones, denuncias e informes productos de la contraloría social, que de manera efectiva pueda canalizar posteriormente con las autoridades competentes en representación de la Parroquia para buscar soluciones.

Además, el mismo proceso de contraloría social, puede contribuir a que la misma comunidad identifique algunos temas en los que se requiere legislar por lo tanto con el apoyo de las Juntas Parroquiales en el espíritu de promover la participación ciudadana y como respuesta a su propia función contralora –por así decirlo- en materia de los servicios públicos mencionados previamente, puedan de manera articulada impulsar reformas o nuevas ordenanzas que contribuyan con soluciones locales.

Siempre he visto a las Juntas Parroquiales como una estructura que puede trabajar de manera mucho más efectiva con la comunidad y servirle a ésta de puente para lograr respuestas institucionales a sus problemas particulares o inquietudes específicas y como una instancia con gran potencial para desarrollar la democracia participativa en beneficio local.

Para concluir y reforzando lo que acabo de señalar, destaco el numeral 1 del artículo 37, que otorga la atribución a la parroquia de promocionar procesos que logren identificar prioridades presupuestarias de la parroquia, por lo tanto con esta norma, se refuerza mí tesis sobre el potencial de las Juntas Parroquiales, como instancia que permite contribuir de manera mucho más efectiva y participativa con la mejora en la calidad de vidad de esa comunidad respectiva y con el reencuentro de los vecinos en un ambiente de tolerancia, en el que se vinculen por los lazos naturales, históricos y culturales de esa comunidad.

Carlos R.

Un gabinete móvil sin incorporar autoridades legítimas del municipio sucre.

Con fecha 9 de octubre de 2010, el portal web del Ministerio para las COmunas informa que con el fin de mostrar las potencialidades de las comunidades, y así acabar con el modelo capitalista y construir el socialismo, se realizó en el sector Maca, de Petare, el primer Gabinete Móvil, a partir del cual los ministros que la integran coordinarán y formularán planes dirigidos a la transformación del sistema productivo local.

La actividad, que se realizó en la Sala de Batalla Social "Alicia Benítez", contó con la participación de 30 voceros de los Consejos Comunales de la zona; miembros de la Sala de Batalla Social; Isis Ochoa, Miguel Carreño, Angélica Romero, Margaud Godoy y Ana Maldonado, ministra y viceministros del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, respectivamente; y los ministros que integran la comisión Presdencial para el impulso de las Comunas.

Durante el Gabinete, Elías Jaua, vicepresidente de la República, sostuvo que las asambleas se realizan con el propósito de escuchar al pueblo porque "queremos que nos den luces del trabajo que están realizando y expresen cuáles son sus necesidades, para así atenderlas y seguir avanzando".

En este sentido, Yumeri Patiño, de la Sala de Batalla Social, expresó: "En la medida en que articulemos el Pueblo-Estado solucionaremos nuestras fallas y nos impulsaremos como Poder Popular (...) desde que hay revolución hay participación. Hoy, una vez más, estamos venciendo y en Maca podemos decir que tenemos sentido de pertenencia".

Karla Echesuría, habitante de Maca, destacó la importancia de que los Consejos Comunales "se integren y seamos reimpulsores del Poder Popular, porque una revolución debe ser creada sobre logros".

Por su parte, la ministra del Poder Popular para el Trabajo, María Cristina Iglesias, asignó a las comunidades la tarea de evaluar los programas sociales y establecer una visión de lo que hace falta para mejorar.

Además, indicó: "Hay que hacer un trabajo en conjunto para que nadie sea excluído".

La ministra Isis Ochoa hizo un llamado a los presentes a organizar una reunión para dialogar, dar respuestas y así seguir trabajando en la construcción de la patria nueva.

Ese mismo 9 de octubre aporrea.org informa esta reunión pero la anuncia como la activación de la Comisión Para el Impulso de las Comunas.

Fuente
http://www.mpcomunas.gob.ve/noticias_detalle.php?id=5219
http://aporrea.org/poderpopular/n167206.html
Geisha Hernández Prensa MPCyPS

lunes, 4 de octubre de 2010

EL DIA DEL VECINO 2010

El 3 de octubre de 1981 un grupo voluntario de vecinos lograron activarse y con el esfuerzo colectivo recolectaron 20.000 firmas para la propuesta de Ordenanza de áreas de estudio y el ordenamiento urbanístico en el Distrito Sucre, fue un buen ejemplo de participación ciudadana en los asuntos públicos y es precisamente, en conmemoración a ese ejercicio del derecho político a participar que se celebra el Día del Vecino.




Esta referencia histórica la he obtenido de la Declaración que la Escuela de Vecinos presentara a la comunidad el 30 de septiembre de 2009, la cual se tituló Vecinos organizados hay un reto social: Construir Municipios Participativos (http://www.sinergia.org.ve/vecinos-organizados-hay-un-reto-social-constr...) y que se registra en el portal web de SINERGIA.



En ese documento se hacia un llamado para que el 2010 fuera asumido como el “Año del Municipio Participativo”, y bajo ese slogan promover acciones que lograran un mayor vínculo democrático entre vecinos y municipios; que oportuno hubiera sido, además de simbólico y mediático, que algún grupo de la llamada sociedad civil, hubiera organizado algún acto o algún evento que pudiera haber elevado una voz de alerta y de reflexión a los vecinos en relación a la crisis que hoy padece el Municipio como entidad política territorial y sobre su destino como actor de la descentralización en Venezuela.



La crisis del municipio tiene varios aspectos, uno es el financiero y que afecta directamente el presupuesto del 2011, porque a través de reformas legislativas se han reducido los ingresos adicionales que años atrás eran parte de los recursos que podían utilizar los gobiernos locales en beneficio de la comunidad, me refiero a la eliminación del Fides y de la LAEE. En este aspecto ahora entra como actor político el Consejo Federal de Gobierno, las Comunas y los Consejos Comunales; es esencial que los vecinos entiendan el impacto de estos cambios legislativos en la dinámica local.



Otro aspecto en el que se evidencia la crisis del municipio, se traduce en la centralización de competencias, que va debilitando su capacidad de respuesta inmediata al ciudadano, ejemplo de ello se puede mencionar en el área ambiental el requerimiento de la tala de árboles que ha quedado en manos del poder central y el registro civil que recientemente ha sido asumido legalmente por el Consejo Nacional Electoral.



Si a eso le agregamos que el proyecto de ley de comunas plantea que independientemente de los límites geográficos de un municipio puede crearse una Comuna, con autogobierno, recursos y estructura propia e independiente del poder municipal, es entonces evidente que estaríamos en presencia de la creación de una entidad política territorial, que contaría con el impulso del gobierno central y en cualquier momento por efecto de la asfixia institucional terminaría imponiéndose y sustituyendo al municipio.



A lo anterior se le debe agregar un último aspecto que es el político y que tiene que ver con la falta de renovación de autoridades en el poder legislativo local: concejo municipal y del ente político territorial desconcentrado llamado: Junta Parroquial, lo cual debilita la actuación del poder municipal.



El vínculo entre vecino y municipio, al cual hacía mención la Escuela de Vecinos en el 2009, hoy se convierte en la estrategia más inmediata y esencial para que a través de los mecanismos de participación legal, gobiernos locales y vecinos logren abrir un debate plural, incluyente y público que centre su reflexión en el destino del municipio como entidad política primaria, como la forma de organiza el territorio nacional y como un actor fundamental en un Estado que por Constitución es definido Federal y Descentralizado.



El DIA DEL VECINO parciera que pasó despercibido, en honor a ese esfuerzo realizado en 1981, hoy el país nos exige que no permitamos que el deabte político que toca de fondo nuestra organización comos sociedad política y humana pase desapercibida y nos sorprenda con cambios que rompen drásticamente con nuestra tradición histórica.



Carlos R.