COn fecha 11 de febrero de 2011, el Diario Región, en su versión digital informa que La inminente eliminación de las Juntas Parroquiales trajo mucha tela que cortar y dejó varios vacíos que bien se han encargado de resaltar tanto los dirigentes directamente afectados, como los diputados nacionales.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal publicada en Gaceta Oficial Nº 6.015 de fecha 28 de diciembre de 2010, eliminó las juntas parroquiales y la medida se ejecutó el pasado 28 de enero, exactamente un mes después.
Sin embargo, en Sucre salvo las declaraciones de los diputados opositores en contra de la inconstitucionalidad de la medida, no hubo mayor pronunciamiento hasta ahora cuando Tomás Alen y Celestino Malavé, presidente y miembro de la extinta Junta Parroquial Santa Inés; se presentaron a esta redacción para manifestar su descontento.
Indicaron que aunque la Alcaldía del municipio Sucre debería asumir a los 27 miembros de las siete juntas parroquiales electos por voto popular, así como a sus respectivos suplentes, secretarios y mensajeros; hasta ahora no han obtenido respuesta concreta.
“Desde el año 2005 nosotros no recibimos prestaciones sociales, porque no nos han cancelado y si ahora el Gobierno aprobó una Ley de Emolumentos para controlar los sueldos de los funcionarios públicos, entonces, nosotros también queremos que se reúnan y atiendan nuestra situación porque todo funcionario público goza de beneficios como el de la caja de ahorros y nosotros no”, dijo Alen.
Señalaron que hasta ahora sólo han tenido encuentros con el dirigente Enrique Guerra, pero esperan que sea el mismo alcalde del municipio Sucre Rafael Acuña, quien tome parte porque la Cámara Municipal tampoco se ha pronunciado.
Destacaron que a nivel nacional fue interpuesto un recurso de amparo, pero el pronunciamiento oficial se mantiene como gran ausente.
“Le hacemos un llamado al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie y de una respuesta favorable a los miembros de la juntas parroquiales de todo el país porque como luchadores sociales tenemos derecho a recibir prestaciones sociales. En el estado Sucre muchas alcaldías no cancelaban la dieta a los miembros de las juntas, ni mucho menos aguinaldos, por ese motivo esperamos que se haga justicia social”, coincidieron al señalar los dirigentes.
En el caso de la parroquia Santa Inés, destacaron grandes logros a través de la acción mediadora entre los problemas de la población y los gobiernos tanto municipal como el regional, en lo que se refiere a la iniciativa de formación del progobierno comunitario, además de obras tangibles como por ejemplo: la acometida de los trabajos de asfaltado en comunidades como el Mirador de Vallecito, además de los cinco metros lineales de aceras y cunetas en la misma zona.
Sin embargo, advirtieron que antes no habían rechazado la medida porque no cuentan con logística suficiente para movilizarse y participar activamente en los reclamos o manifestaciones realizadas en Caracas.
Advirtieron que agotarán todas las instancias y para hoy viernes 11 de febrero, a las 3:00 p.m., en la plaza Miranda; programaron un encuentro en el que esperan contar con la participación de los dirigentes parroquiales no sólo de Santa Inés, sino de San Juan, Valentín Valiente, Ayacucho, Gran Mariscal, Raúl Leoni y Altagracia.
Caso extremo
En este punto, las declaraciones de Malavé fueron contundentes al no descartar la posibilidad de arreciar la protesta para concretar respuestas gubernamentales positivas.
“Somos padres de familia, en mi caso particular tengo tres nietos que atender y estamos atravesando una situación económica muy difícil entonces, le quiero decir a los representantes del Gobierno que aunque ellos han visto ya muchas huelgas de hambre o gente que se cose la boca y se encadena en una medida de protesta extrema; no han visto a ningún trabajador o dirigente comunitario con el firme propósito de prenderse el cuerpo con gasolina para llamar la atención frente a este atropello y yo estoy dispuesto a hacerlo aunque esperamos que no ocurra porque sería una falta de humanismo de un Gobierno contralor y un TSJ que no respeta al proletariado”, aseveró de manera contundente.
Lamentablemente no fue posible establecer comunicación telefónica con el dirigente Enrique Guerra para conocer las acciones a seguir por la Alcaldía.
Fuente:
http://www.diarioregion.com.ve/site/index.articulos.php?idArticulo=64996
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal publicada en Gaceta Oficial Nº 6.015 de fecha 28 de diciembre de 2010, eliminó las juntas parroquiales y la medida se ejecutó el pasado 28 de enero, exactamente un mes después.
Sin embargo, en Sucre salvo las declaraciones de los diputados opositores en contra de la inconstitucionalidad de la medida, no hubo mayor pronunciamiento hasta ahora cuando Tomás Alen y Celestino Malavé, presidente y miembro de la extinta Junta Parroquial Santa Inés; se presentaron a esta redacción para manifestar su descontento.
Indicaron que aunque la Alcaldía del municipio Sucre debería asumir a los 27 miembros de las siete juntas parroquiales electos por voto popular, así como a sus respectivos suplentes, secretarios y mensajeros; hasta ahora no han obtenido respuesta concreta.
“Desde el año 2005 nosotros no recibimos prestaciones sociales, porque no nos han cancelado y si ahora el Gobierno aprobó una Ley de Emolumentos para controlar los sueldos de los funcionarios públicos, entonces, nosotros también queremos que se reúnan y atiendan nuestra situación porque todo funcionario público goza de beneficios como el de la caja de ahorros y nosotros no”, dijo Alen.
Señalaron que hasta ahora sólo han tenido encuentros con el dirigente Enrique Guerra, pero esperan que sea el mismo alcalde del municipio Sucre Rafael Acuña, quien tome parte porque la Cámara Municipal tampoco se ha pronunciado.
Destacaron que a nivel nacional fue interpuesto un recurso de amparo, pero el pronunciamiento oficial se mantiene como gran ausente.
“Le hacemos un llamado al Tribunal Supremo de Justicia para que se pronuncie y de una respuesta favorable a los miembros de la juntas parroquiales de todo el país porque como luchadores sociales tenemos derecho a recibir prestaciones sociales. En el estado Sucre muchas alcaldías no cancelaban la dieta a los miembros de las juntas, ni mucho menos aguinaldos, por ese motivo esperamos que se haga justicia social”, coincidieron al señalar los dirigentes.
En el caso de la parroquia Santa Inés, destacaron grandes logros a través de la acción mediadora entre los problemas de la población y los gobiernos tanto municipal como el regional, en lo que se refiere a la iniciativa de formación del progobierno comunitario, además de obras tangibles como por ejemplo: la acometida de los trabajos de asfaltado en comunidades como el Mirador de Vallecito, además de los cinco metros lineales de aceras y cunetas en la misma zona.
Sin embargo, advirtieron que antes no habían rechazado la medida porque no cuentan con logística suficiente para movilizarse y participar activamente en los reclamos o manifestaciones realizadas en Caracas.
Advirtieron que agotarán todas las instancias y para hoy viernes 11 de febrero, a las 3:00 p.m., en la plaza Miranda; programaron un encuentro en el que esperan contar con la participación de los dirigentes parroquiales no sólo de Santa Inés, sino de San Juan, Valentín Valiente, Ayacucho, Gran Mariscal, Raúl Leoni y Altagracia.
Caso extremo
En este punto, las declaraciones de Malavé fueron contundentes al no descartar la posibilidad de arreciar la protesta para concretar respuestas gubernamentales positivas.
“Somos padres de familia, en mi caso particular tengo tres nietos que atender y estamos atravesando una situación económica muy difícil entonces, le quiero decir a los representantes del Gobierno que aunque ellos han visto ya muchas huelgas de hambre o gente que se cose la boca y se encadena en una medida de protesta extrema; no han visto a ningún trabajador o dirigente comunitario con el firme propósito de prenderse el cuerpo con gasolina para llamar la atención frente a este atropello y yo estoy dispuesto a hacerlo aunque esperamos que no ocurra porque sería una falta de humanismo de un Gobierno contralor y un TSJ que no respeta al proletariado”, aseveró de manera contundente.
Lamentablemente no fue posible establecer comunicación telefónica con el dirigente Enrique Guerra para conocer las acciones a seguir por la Alcaldía.
Fuente:
http://www.diarioregion.com.ve/site/index.articulos.php?idArticulo=64996
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