lunes, 14 de marzo de 2011

Alcalde Baruta analiza el impacto que tendrá el Municipio con las leyes del Poder Popular.

Con fecha 13 de marzo de 2011, la periodista Beatriz Cruz Salazar, en EL UNIVERSAL, versión digital hace una entrevista al Alcalde de Baruta, Gerardo Blyde quien analiza los cambios que impactan al municipio la Ley de COmunas y las reformas de diciembre 2011

La primera fase de la lucha contra el paquete de leyes que aprobó la extinta Asamblea Nacional está en proceso. En Baruta, el alcalde Gerardo Blyde ya ha realizado tres asambleas de ciudadanos para informar sobre el alcance de las leyes que afectan de manera directa al poder público municipal.

El próximo paso será la entrega de un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia para solicitar la nulidad de estas leyes que van en contra de los preceptos constitucionales. "En este momento los síndicos están preparando un recurso, porque estas leyes desmantelan el poder público municipal. Lo vamos a respaldar los alcaldes, síndicos y los ciudadanos que nos quieran acompañar. Para abril debería estar listo", asegura el mandatario local.

-¿El ciudadano tiene conciencia de las implicaciones de estas leyes?

-En las asambleas he percibido que hay muy poca información sobre estos temas. La gente ha oído hablar de las comunas y del recorte de recursos que sufren las alcaldías, pero como las leyes fueron aprobadas sin la debida discusión, el ciudadano no conoce su contenido. Por eso en la Asociación de Alcaldes del Pueblo se convino que cada alcalde debía ser propagador de esa información en asambleas de ciudadano. Además estamos trabajando en la generación de folletos.

-¿Cuál es el impacto de estas leyes en los municipios?

-Las leyes afectan al poder municipal en dos bloques: el de las finanzas y el de las competencias. Las finanzas se vieron afectadas con la eliminación del Fides y LAEE, con la creación de un Fondo de Compensación Territorial y con el mal cálculo del situado constitucional, porque en los últimos tres años se ha calculado el precio del petróleo en 40 dólares y el promedio no ha bajado de 70.

-¿Cómo funcionará el Fondo de Compensación Territorial?

-El fondo está atado al Consejo Federal de Gobierno, que es el que aprueba a través de la Vicepresidencia los proyectos que se presenten. En Baruta ya se presentaron los proyectos y nos comunicaron que fueron aprobados, pero ya estamos en marzo y no hemos recibido el dinero. Esos recursos constituyen la mitad de lo que antes recibíamos por Fides y LAEE, sin embargo, la otra mitad la ejecutará directamente el gobierno central a través de las comunas y consejos comunales. Esa es una muestra del centralismo absoluto que quieren aplicar. Antes de esta reforma, en Baruta todo el Fides y LAEE se entregaba a proyectos del presupuesto participativo.

-¿Qué competencias municipales se verán afectadas?

-La primera que nos afectó fue la reforma de la Ley del Poder Público Municipal que ya desarmó las juntas parroquiales y estableció la creación de las juntas parroquiales comunales que no tienen nada que ver con las antiguas juntas y cuyos miembros serán nombrados en elecciones de segundo grado entre los consejos comunales. Además se promulgaron otros textos como la Ley del Poder Popular, la de Planificación Pública y Popular y la Reforma de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP). Las dos últimas impactan de manera directa a los municipios, primero porque establecen como base la formación de una sociedad socialista y además ordenan la transferencia de competencias que son propias de las alcaldías como las funciones de gestión, administración, control de servicio y ejecución de obras, todo eso con la excusa de mejorar la eficiencia.

-¿Qué cambios se hicieron a los CLPP?

-Los CLPP son los encargados de aprobar el presupuesto participativo y el plan de inversión del municipio. La AN modificó la integración del CLPP y ahora estarán partidizados. Además del alcalde y los concejales, se sumó la presencia de las juntas parroquiales comunales y otros grupos sectoriales. El problema radica en que esas juntas parroquiales comunales solo pueden ser elegidas por consejos comunales registrados por Fundacomunal. En el municipio apenas se han registrado 19 de los 85 consejos comunales y esa es una clara evidencia de discriminación política. Además, los grupos sectoriales también deben pedir la aprobación y registro del gobierno central. Es evidente que las nuevas leyes discriminan la participación del ciudadano en la construcción de políticas públicas municipales y además ponen en peligro la aprobación del plan de inversión de la jurisdicción.

-¿Ellos pueden modificar el plan de inversión?

-La ley solo habla de avalar el plan de inversión, no de modificar. Pero si no lo avalan, la cámara municipal no puede aprobar la ordenanza de presupuesto. Al alcalde le tocará reconducir el presupuesto y eso acarrea una serie de problemas de índole administrativo. Ellos pueden trancar la administración municipal muy fácilmente porque bajo ese esquema los alcaldes y concejales serán la minoría y los CLPP estarán dominados por miembros adversos al alcalde.

-¿Qué implicaciones tiene la Ley de Comunas?

-Esa ley viola de por sí una serie de disposiciones constitucionales porque crea nuevas instancias político territoriales y además limita la participación, pues solo habla de entidades socialistas. Pero hay otros aspectos preocupantes, como la creación de un parlamento comunal formado por legisladores electos en un proceso de segundo grado y que pueden dictar leyes que terminarán desplazando las ordenanzas municipales. Las competencias de las comunas son un calco de las competencias legales y constitucionales de los municipios.
Fuente:
http://www.eluniversal.com/2011/03/13/las-nuevas-leyes-discriminan-la-participacion-ciudadana.shtml

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