lunes, 28 de noviembre de 2011

Elecciones primarias para alcaldes y ¿elecciones para concejales?

Las elecciones locales de abril 2013 concretarán la forma como se organizará la sociedad en las comunidades y no cabe duda que en gran medida el resultado de este proceso electoral local, estará condicionado por el resultado de las elecciones presidenciales del año 2012. Será sólo después de las elecciones presidenciales cuando podremos evaluar con mayor certeza los niveles de compromiso de los ciudadanos para con el diseño del Estado Comunal.

Si la revolución triunfa, es claro que se profundizarán los cambios locales y los Municipios sufrirán más su debilitamiento institucional, hasta tanto el gobierno pueda lograr una reforma constitucional que elimine esta instancia política territorial. En este escenario los Municipios deben verse para el año 2013 como espacios de lucha comunitaria por la recuperación tanto de la constitucionalidad democrática como de la pluralidad e inclusión en la base de la sociedad.

Si triunfa la unidad democrática en el 2012 se abre el camino para recuperar la vigencia absoluta de la Constitución, revitalizar la institucionalidad democrática e iniciar el proceso para revertir el debilitamiento de los Municipios. Un resultado favorable a la unidad democrática exigirá de un debate político, amplio y plural, que incluya a los ciudadanos, en la búsqueda por un compromiso político, ético y moral de todos los sectores y actores locales con una visión compartida de Municipio.

El Municipio debe replantearse, el modelo diseñado en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal tiene que ser evaluado a los fines de respondernos si se adecua al municipio que necesitamos, además se hace necesario entender el papel que los candidatos a los cargos de elección popular en el ámbito local le asignarán a instancias como el Consejo Local de Planificación Pública, así como también la valoración y propuestas que ellos tienen en cuanto al ejercicio constitucional del derecho a la participación ciudadana.

Pensar en el Municipio como un actor esencial y fundamental en cualquier proceso que se diseñe de descentralización, pasa a mí juicio en el marco constitucional vigente, por replantear la figura del Consejo Local de Planificación, del Consejo Federal de Gobierno y del Sistema Nacional de Planificación. Pero además, implica que entendamos que mientras más debate político entre ciudadanos y candidatos se pueda lograr en este sentido, más se contribuye con los valores cívicos y el compromiso ciudadano con la recuperación del Estado federal y descentralizado previsto en la Constitución.

Las Primarias 2012 nos brinda la posibilidad de participar electoralmente en la selección del candidato de la unidad democrática para Alcalde, pero siento que tal esfuerzo, debe ser complementado con un mecanismo que luego permita a los mismos ciudadanos participar en la selección de los candidatos a Concejales.

Los candidatos a Alcaldes y Concejales deben tener la capacidad política de entender que hoy más que nunca la unidad impone que logren vender una misma visión de Municipio, pues frente a un producto llamado “comuna”, son ellos los llamados a impulsar y promover la necesidad de rescatar al Municipio como unidad política primaria, para desde allí construir la descentralización y garantizar así la capacidad política de satisfacer los intereses y las necesidades inmediatas de los ciudadanos.

Algunos Alcaldes asumieron claramente su responsabilidad política, ética y moral, de representar a sus ciudadanos en la defensa del Municipio; pero en el caso de los Concejales, simplemente en términos generales, no hubo actuación alguna que hoy nos diga a nosotros como ciudadanos, que ejercieron nuestra representación en la defensa de su rol legislador en el ámbito local. No dudo que la actitud pasiva y silenciosa de la gran mayoría de concejales de la unidad democrática ante la extensión de sus períodos de gestión, así como ante la excesiva legislación centralista que le va quitando contenido a su actividad normativa, ha lesionado fuertemente las bases de esta institución local, la más antigua de todas las que existen en el municipio y en el país.

Un proceso de selección de candidatos a concejales permite sembrar las bases para recuperar la confianza y el significado de la representación que se ejerce como resultado del voto directo, secreto y universal. Permite además, crear una especie de acuerdo político y ciudadano en cuanto a la defensa del Municipio, su autonomía, sus instituciones y contribuye a legitimar con mayor fuerza la idea de iniciar el camino hacia la descentralización. El futuro del Municipio está en manos de los candidatos a Alcaldes y Concejales, y en la capacidad de ellos de cooperar en función del bienestar colectivo y el fortalecimiento de la democracia, en el marco de sus respectivas funciones.

El gobierno vende la idea de las Comunas hacia un proceso electoral. ¿Quién vende la idea del Municipio como un actor esencial en el bienestar colectivo de la comunidad?. Si no lo hacen los candidatos a los cargos de elección popular local, y tampoco los ciudadanos lo hacen porque no tienen los canales adecuados. ¿Quién lo hace?.

Carlos Romero Mendoza.

viernes, 25 de noviembre de 2011

Siguen las dificultades para activar el CLPP en Municipio Adriani, Mérida.

Con fecha 25 de noviembre de 2011, Diario Los Andes, edición Mérida, informa sobre la situación en el Municipio Adriani sobre la Comisión Electoral para elegir al CLPP de ese municipio. La nota dice:

En un acalorado debate, representantes del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo discutieron sobre el contenido del decreto emanado de la Alcaldía el cual faculta al jefe del Gobierno local, Robert Ramos, designar una comisión que se encargará de organizar y ejecutar las elecciones para la designación del próximo Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas (Clppp), situación que no es aceptada por los integrantes de la Cámara Municipal, quienes aseguran que se está violando la ordenanza que rige esta materia en la ciudad de El Vigía

En la sala de sesiones de la Cámara Municipal de Alberto Adriani, se escenificó un singular debate entre algunos concejales y representantes del Ejecutivo local, en torno al contenido de un decreto emitido por la Alcaldía de El Vigía, el cual propone la creación de una Comisión Electoral, la cual tendrá como misión planificar, organizar y ejecutar el proceso de elección de los nuevos integrantes del Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas (Clppp), instrumento que según los ediles violenta las disposiciones reglamentarias de la ordenanza que rige esa materia en esta jurisdicción.

En la sala de sesiones tomaron derecho de palabra en primera instancia el presidente de la Cámara Municipal, Fernando Aponcio, quien expuso las argumentaciones por las cuales ese órgano legislativo decidió rechazar el contenido del Decreto número 013-2011, emanado por el ciudadano alcalde Robert Ramos, en fecha del 22 de noviembre y publicado en Gaceta Municipal el mismo día, señalando que las atribuciones que se abroga el administrador de la ciudad son totalmente inconstitucionales y violentan la ordenanza del Consejo Local de Planificación Pública del municipio Alberto Adriani; por esa razón es que decidieron emitir un comunicando en el que: "desconocemos y rechazamos la existencia y aplicación del mencionado decreto y ratificamos la aplicación de la ordenanza, así como la Ley Nacional de los Consejos Locales de Planificación Pública vigente, con el firme propósito de ser aplicadas al proceso de actualización y relegitimación del referido instituto".

"El decreto tiene algunas lagunas importantes como el hecho que ni la ley orgánica ni la ordenanza sobre el Consejo Local de Planificación le da atribuciones al Alcalde para nombrar una Comisión Electoral, nosotros consideramos que son los consejos comunales quienes deciden sus propios procesos de elección de sus representantes y presentan sus nombres para la consideración de la secretaría del Consejo Local de Planificación de Políticas Públicas, por lo tanto es totalmente inconstitucional lo pretendido por el Ejecutivo municipal", resaltó Fernando Aponcio.

Por su parte la concejala Sandra Guillén señaló, "el Alcalde se extralimita en las funciones que él tiene, él dice que se conforma a través de decreto una comisión para ayudar o para ejercer las funciones como una junta electoral para elegir los miembros de este consejo y lamentablemente eso no puede ser porque estaría intentando ubicarla por encima de la ordenanza que regula la elección de los voceros, en tal sentido nosotros como legisladores aseguramos que ese decreto es totalmente nulo y fuera de la ley, por lo que le pido al ciudadano Alcalde que retire ese decreto y si lo que quiere es ayudar entonces que se apegue a lo que dice la ley orgánica y la ordenanza".

Afirmó Guillén que desde la Cámara Municipal insistirán en el cumplimiento de la ordenanza y que el referido proceso de convocatoria y elección de los miembros del Consejo Local de Planificación es una competencia exclusiva del secretario de esta instancia, que en la actualidad es ocupada por el politólogo Ricardo Rodríguez.

Argumentó el Síndico

"El ciudadano Alcalde sacó un decreto que la ley le faculta para ello donde tiene la intención, una vez que presenta la convocatoria formal de que del seno de todas las comunas de nuestra comunidad salgan los verdaderos representantes como lo establece la Ley del Consejo Local de Planificación Pública, a los efectos que cada una de las áreas de nuestro municipio esté debidamente representado; la intención del decreto, por supuesto como instrumento legal, no puede pasar por arriba de la ley ni de la Constitución, el decreto establece una Comisión Electoral a fines de cumplir lo que la misma ley establece".

Así inició su exposición el síndico procurador del municipio Alberto Adriani, Pablo Mendoza, al señalar que el decreto no le resta atribuciones al secretario del mencionado Consejo Local porque sus funciones están establecidas en la ley orgánica, pero no existe ningún párrafo que violente esa norma, todo lo contrario, procura colaborar con el proceso de elección, que la Cámara tuvo que promover en el primer trimestre del año y es ahora que lo intentan a raíz de la publicación del decreto emanado del despacho del alcalde Robert Ramos.

Concluyó señalando que los integrantes de la Cámara Municipal si tienen alguna objeción al mencionado decreto deben es acudir al contencioso administrativo de Barinas para solicitar la nulidad del mismo, mientras eso ocurre el procedimiento señalado en el decreto prosigue tal y como está establecido.

Respaldo

A esta inusual reunión de la Cámara Municipal acudieron la mayoría de los funcionarios que integran la Alcaldía del municipio Alberti Adriani, además de representantes de consejos comunales y exmiembros de juntas parroquiales, quienes expresaron su respaldo al decreto emitido por Robert Ramos.

Fuente:
http://diariodelosandes.com/content/view/173251/105888/

jueves, 24 de noviembre de 2011

Destino de la Justicia de Paz condicionado por el presupuesto municipal.

El pasado día 25 de octubre de 2011 el portal web Noticias24.com, informaba que 26 Alcaldes realizaron una jornada de trabajo para discutir sobre el proyecto de Ley de Presupuesto para el año 2012, reunión en la cual participaron además los diputados y miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional: Vestalia Sampedro, Alfonzo Marquina y José Manuel González[1].

La nota de prensa recoge las siguientes palabras del alcalde de Chacao, Emilio Graterón, quien señaló: “los alcaldes del pueblo no permitiremos que el Gobierno Nacional siga violentado lo establecido en la Constitución Nacional referente a la autonomía municipal y regional. Somos un gobierno federal descentralizado y el Gobierno Nacional no puede seguir asfixiando a las alcaldías y gobernaciones con las decisiones que está tomando. Exigimos justicia en la discusión y distribución presupuestaria para el año 2012”.

Es evidente que el término “asfixia” utilizado por el alcalde sin duda alguna se refiere a las dificultades presupuestarias que padecen las alcaldías y que deben ser analizadas de manera integral con la evolución o el fortalecimiento del Poder Popular en el país. Si asumimos la realidad de las finanzas locales, no podemos menos que preocuparnos los anuncios sobre el impacto que tendrá la reforma de la Ley Orgánica de Justicia de Paz cuando plantea que los Jueces de Paz recibirán recursos o un pago por el servicio que presta en la comunidad y que tal recurso debe venir de los Municipios, en otras palabras del presupuesto municipal.

En este sentido, el pasado 17 de noviembre 2011 la Asamblea Nacional[2] en su portal web anunciaba que el jueves 25 será sometida a segunda discusión el informe de reforma a la Ley Orgánica de Justicia de Paz, que incorpora aspectos que se recogieron durante los procesos de consultas públicas realizados en todo el país.

Esa nota de prensa destaca que el diputado del PSUV/Trujillo, José Javier Morales, anunciaba que se había previsto incorporar una remuneración equivalente a 20 Unidades Tributarias para aquellas personas que sean electas jueces de paz e impartan justicia en su comunidad. La misma nota recoge las siguientes palabras del diputado:

“Los fondos administrativamente serán otorgados por las alcaldías de cada región, pero no dependerán o rendirán cuentas a los alcaldes, porque los jueces de paz son autónomos”.

Por lo tanto si bajo el esquema “ad honorem” el sistema de Justicia de Paz no logró tener presencia en todo el país, condicionar su actuación a unos recursos financieros provenientes del Municipio, con la realidad financiera que estas entidades locales presentan en la realidad práctica, no cabe la menor duda que no hay buenos augurios hacia el desarrollo de este sistema en el país.

Pretender que cada comunidad va a contar con un juez de paz, pasa por analizar si presupuestariamente se podrá contar con recursos para lograr la cantidad de jueces de paz que se requieren por comunidad. La propuesta para la segunda discusión, advierte que se desarrollaron artículos que promueven el fortalecimiento de la justicia de paz comunal, por lo tanto si aquella se plantea “ad honorem” y la justicia de paz se reforma, condicionando ésta a la capacidad financiera del municipio, resulta claro que abrirían las puertas a un nuevo sistema de justicia de paz, con el apellido comunal, y que respondería al diseño del Estado Comunal.

Es lamentable que todo este tema sea un debate silencioso y de pocas personas, que se complica aún más cuando la batalla electoral cubre todos los espacios de la sociedad; por lo tanto, se hace imposible generar un mensaje de alerta para que los ciudadanos asuman la defensa de la Justicia de Paz como hasta ahora ha sido conocida.

Carlos Romero Mendoza.

[1] http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/3904/grateron-%E2%80%9Cvamos-a-dar-la-pelea-por-los-recursos-que-les-corresponden-a-los-ciudadanos%E2%80%9D-fotos/

[2] http://www.asambleanacional.gob.ve/index.php?option=com_content&view=article&id=36541%3Aley-de-justicia-de-paz-a-ira-a-segunda-discusion-el-proximo-jueves&catid=1%3Alatest-news&Itemid=246&lang=es

miércoles, 16 de noviembre de 2011

Admiten recurso contra reforma de la Ley del Consejo Local de Planificación.

EL UNIVERSAL, con fecha 16 de noviembre de 2011, publica nota de prensa en la que informa sobre el recurso de nulidad por inconstitucionalidad que interpuso el Alcalde Gerardo Blyde. La nota dice:

Bajo la ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) admitió el recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto por el alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, Geraldo Blyde y otros, contra contra la Ley de Reforma Parcial de la Ley de Consejos Locales de Planificación Pública, publicada en la Gaceta Oficial núm. 6.017, Extraordinaria, del 30 de diciembre de 2010.

En el caso los demandantes alegaron que la mencionada ley viola gravemente la autonomía municipal constitucionalmente reconocida, "buscando desarrollar y fortalecer el poder popular y sus instancias, en detrimento de esa autonomía municipal". Además sostienen que la ley es contraria a los principios constitucionales de participación ciudadana y planificación municipal, descentralización de competencias y servicios hacia las comunidades y grupos vecinales organizados, entre otras consideraciones alegadas y señaladas en la sentencia.

La Sala Constitucional una vez admitida la acción de conformidad con el artículo 135 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, ordenó citar mediante oficio al Presidente de la Asamblea Nacional, a la Fiscal General de la República y a la Defensora del Pueblo.

Con relación a la solicitud de la medida cautelar de suspensión contra la ley, la Sala Constitucional del TSJ al analizar los términos en los cuales se fundamenta la solicitud, denota que se ha basado en los mismos señalamientos por los cuales se ha interpuesto la nulidad.

"Si bien los mismos pueden en este caso llegar a fundamentar la posible operatividad del fumus boni iuris como requisito del otorgamiento de la medida cautelar, no son suficientes en lo que respecta al periculum in mora, por cuanto no argumentan ni acompañan mediante prueba alguna, la urgencia de protección cautelar que denote una posible ilusión de los efectos de la sentencia de fondo aplicada a una situación en concreto que se denuncie en el caso de autos", explica la sentencia.

Además la Sala señaló en la decisión que "tampoco indican ni emplazan probanza alguna acerca de la existencia de un daño inminente en el sentido de que exista un riesgo manifiesto que atente las competencias del Municipio, del derecho de participación, o si existe un hecho tangible que materialice un daño que no pueda ser reparado en la sentencia definitiva". De allí que la Sala del TSJ, vista la insuficiencia sobre la cual se invocó la medida cautelar, "desestima dicha pretensión, por lo que se declara improcedente".

Fuente:
http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/111116/admiten-recurso-contra-ley-de-consejos-locales-de-planificacion

Juntas Parroquiales Comunales se juramentan en Municipio Santiago Mariño.

Con fecha 15 de noviembre de 2011, Primicias24.com informa que con motivo del cierre del año, la alcaldía del municipio Santiago Mariño acompaño al Consejo Local de Planificación Pública en lo que fue la juramentación de las Juntas Parroquiales Comunales, así como la entrega de certificados a los voceros de los consejos comunales que participaron en los distintos talleres del formación en un acto que fue llevado a cabo en los espacios del Centro Recreativo “Yesterday”.

En el acto estuvieron presentes voceros de los consejos comunales y el poder popular del municipio, representantes de la dirección general de la alcaldía, miembros de FUNDACOMUNAL, así como delegados del Consejo Local de Planificación Pública. Durante el desarrollo de la actividad lo asistentes tuvieron la oportunidad de recibir un taller con los conceptos básicos y los lineamientos de lo que es el parlamentarismo de calle, y la función que deben desempeñar los delegados del pueblo legislador.

José Cuevas promotor de FUNDACOMUNAL Aragua explicó “nuestra intervención de hoy consiste en bajarle la normativa a los consejos comunales se unan y creen una red de pueblo legislador, de contraloría social y la nueva implementación de la cartografía comunal, con respecto a la cartografía estamos capacitando a las comunidades por medio del Departamento de Cartografía Nacional para que realicen un levantamiento cartográfico de sus comunidades a fin de tener estos datos registrados de manera fidedigna. La motivación de lograr esta red municipal es que el pueblo legislador llegue a cada comunidad difundiendo las leyes que nos rigen en nuestro país así como aquellas que se encuentran en discusión en la Asamblea Nacional, también con la contraloría social se quiere que el poder popular con las comunidades debatan las leyes y les hagan llegar a los entes competentes sus necesidades en cuanto a legislación se refiere”.

De igual manera, Manuel Pérez director del Consejo Local de Planificación Pública resaltó “nos encontramos juramentando a lo que son las Juntas Parroquiales Comunales que fueron elegidas por los habitantes de cada parroquia, y que se realizaron bajo el cumplimiento de la ordenanza del reordenamiento municipal y la reforma de la ley del Consejo Local de Planificación Pública, y bueno entregando ya lo que son los certificados a esos voceros que participaron en las jornadas y talleres que fueron programados por nosotros en el consejo como lo fueron los de contraloría, levantamiento de proyectos y oratoria, siguiendo los lineamientos de nuestra alcaldesa Tibisay Guevara en su interés de orientar y organizar a los integrantes de los consejos comunales y a los habitantes de la comunidad en general”.

La gestión del gobierno de Mariño se ha interesado en educar y formar a los miembros de cada comunidad, y del poder popular, para lograr el progreso del municipio en busca de liberar la condena del capitalismo que encadenó a lo pobres en la miseria, la revolución esta otorgando cada día más y más vida verdadera a todo el pueblo venezolano insistiendo en el principio de la participación organizada del poder popular, gobierno, pueblo organizado y familias organizadas para vivir viviendo.

Fuente:
http://primicias24.com/nacionales/juramentadas-juntas-parroquiales-comunales-de-marino/

sábado, 5 de noviembre de 2011

Sobre la decisión que se espera del TSJ sobre las Juntas Parroquias.

Con fecha 5 de noviembre de 2011, el diario El Tiempo de Puerto La Cruz, informa que para el 3 de noviembre estaba pautada la decisión del TSJ sobre las Juntas Parroquiales, pero ésta fue pospuesta para el 11 de noviembre.  

La nota de prensa señala que "de acuerdo con el abogado José Alberto Urquía, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decidió dejar sin efecto la reforma de ley que cesanteó a los integrantes de las juntas parroquiales hace un año.

El 27 de diciembre de 2010, la Asamblea Nacional (AN) dio el visto bueno a una serie de modificaciones de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (Loppm), entre las cuales estuvieron la desaparición de la figura de juntas parroquiales en todo el territorio nacional.

Estas organizaciones comunales manejaban recursos aportados por las administraciones locales para la ejecución de obras relacionadas con servicios públicos y vialidad.

Con el apoyo de más de 300 concejales y miembros de las juntas comunales del país, el jurista interpuso una demanda el 27 de enero de 2011, la cual fue admitida el 11/5/2011.

La acción judicial quedó signada con el expediente N°2011159, y la magistrada ponente es Carmen de Merchán.

A su juicio, la reforma de la Loppm fue inconstitucional, porque violó varios artículos de la Carta Magna, entre ellos el 182. Éste dice que el Consejo Federal de Gobierno debe estar integrado por el presidente o presidenta de la junta parroquial, entre otras personalidades del Ejecutivo local.

También vulneró el principio de participación consagrado en el artículo 62 del máximo texto legal, porque con la modificación de la norma, la elección de las organizaciones (que ahora se llamarían juntas comunales) sería de tercer grado, es decir, no abierta a todos los ciudadanos.

Urquía dijo que el TSJ debió emitir el fallo el jueves 3 de noviembre, pero la medida fue pospuesta para el próximo 10/11. ¿La razón?: uno de los magistrados salvó su voto (se reservó el nombre), por haber sido diputado en 2010 y avaló la reforma de la ley. “De todas maneras esto no modifica la decisión final”, aclaró.

Explicó que “desde el punto de vista legal el caso está ganado porque se vencieron los lapsos para que la contraparte, es decir el Estado venezolano, presentara sus argumentos de defensa”.

Indicó que al no hacerlo, el gobierno “quedó confeso y la inconstitucionalidad de las juntas parroquiales no fue demostrada. Ya la decisión se tomó”, reafirmó.

A finales de octubre, Urquía encabezó una manifestación frente al Tribunal Supremo de Justicia, con la finalidad de exigir que el máximo ente diera a conocer la decisión.

“Queremos que nos entregue el fallo y la jurisprudencia, pues no hay nada que hacer sobre el expediente 2011159”.

Próximo paso

Añadió que la medida implica que las juntas parroquiales retomarán sus funciones “porque como opcionante pedí primero que se derogara la reforma, que es la esencia jurídica, y la restitución inmediata de todos sus miembros que fueron destituidos inconstitucionalmente”.

Asimismo, José Alberto Urquía solicitó las prestaciones sociales de todos los miembros que fueron electos para el período 2000-2004, ya que a los seleccionados para el 2005-2009 les toca retomar sus curules hasta que se realicen nuevos comicios.

Dijo que en los próximos días la sentencia podría ser publicada en Gaceta Oficial.

José Sifontes, exmiembro de la Junta Parroquial de Sotillo, dijo que avala la medida, y anunció que el próximo jueves 10 acudirán al TSJ, a fin de conocer el fallo y su alcance.

Recordó que los concejales también se verán beneficiados con el pago de prestaciones.

Consultado sobre el tema, el presidente de la Cámara Municipal de Bolívar, Javier Gutiérrez, prefirió conocer los pormenores de la información para luego emitir opinión.

Prioridad

El presidente de la Cámara Municipal de Guanta, Leonardo Rondón, dijo que la pelea también ha sido por defender los derechos de los ediles.

Informó que el pasado jueves más de 400 exconcejales introdujeron ante el Tribunal Supremo de Justicia un pliego de peticiones con la finalidad de exigir al Gobierno nacional el pago de compromisos pendientes desde 2002 hasta 2005 con los exediles de 365 municipios. “Tenemos los mismos derechos”.

Fuente:
http://eltiempo.com.ve/locales/regionales/tribunales/jurista-tsj-debera-restituir-a-las-juntas-parroquiales/36554