En el año 2008 el Partido Popular hizo una reunión y logró una declaración sobre la situación de los Ayuntamientos, la declaración dice:
Los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular, reunidos en la ciudad de Vitoria, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, aprueban el siguiente documento de conclusiones tras los debates mantenidos en las diferentes mesas de trabajo organizadas por la XIII Unión Intermunicipal Popular, para ENCONTRAR SOLUCIONES A LA CRISIS ECONÓMICA EN LOS AYUNTAMIENTOS.
Cuestiones previas
La crisis económica que está sufriendo España ha situado a los Entes Locales en una posición insostenible. La importante pérdida de ingresos que están sufriendo los Ayuntamientos en lo que va de año, agrava aún más los problemas arrastrados por la asunción de un volumen cada vez mayor de competencias impropias y un modelo de financiación que, tal y como viene aplicándose, priva a las Corporaciones Locales de la autonomía financiera que les garantiza la Constitución.
La suma de estos tres factores -competencias impropias, crisis económica y
deficiente aplicación del modelo de financiación- se ha convertido en una
seria amenaza para el normal funcionamiento de los Ayuntamientos que
hace imprescindible y urgente la modificación de sistema de financiación
local.
Negar recursos a los Ayuntamientos es negar servicios a los ciudadanos.
Continuar hurtando a los municipios la financiación que por derecho les
corresponde es privar a los ciudadanos de servicios fundamentales en su díaa día. La negativa del Gobierno de España a modificar el sistema de
financiación aboca a los Ayuntamientos a una reducción de su capacidad de
gasto, en un momento en el que, paradójicamente, el esfuerzo debería
incrementarse.
Sin embargo, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009
ha puesto de manifiesto una vez más que el Gobierno de España carece de
una política económica capaz de afrontar la crisis. Con el déficit y el
desempleo como ejes vertebradores, los presupuestos evidencian la
ausencia de estrategias para generar riqueza, para dinamizar la economía y
para garantizar el bienestar de los españoles.
La pretendida apuesta por el gasto social se traduce en la práctica en el
incremento del número de desempleados y en la actualización de las
pensiones, pero una vez más las políticas sociales activas son las grandes
ausentes, porque una vez más los Ayuntamientos vuelven a ser ignorados,
olvidando que no son un fin, sino un medio para hacer llegar de manera
verdaderamente eficaz las políticas sociales a los ciudadanos.
El Partido Popular, no comparte la actitud de resignación del Gobierno
socialista y, por el contrario, considera que la evolución de la crisis
económica, que está haciendo aumentar el desempleo de forma alarmante y reduciendo el crecimiento económico, obliga a tomar en consideración otra serie de medidas en el ámbito local que se concretan en las que se exponen a continuación.
I.- Instamos al Gobierno para que con carácter general atienda las
exigencias que el Partido Popular ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de financiación local y, en especial,
PRIMERO. La reforma urgente de la financiación local de forma que los
Entes Locales puedan contar antes de que finalice este año con unas
normas claras y precisas que se adecuen a sus necesidades reales de
financiación, les doten de mayor capacidad normativa y solucionen el déficit
arrastrado por la prestación de servicios impropios.
El Partido Popular eleva en este sentido al Gobierno, la propuesta de
creación con carácter inmediato del Consejo del Consejo Local de Política
Financiera, integrado por el Gobierno y la representación de los Entes
Locales para que, con carácter trimestral, se traten los temas de interés
bilateral como las transferencias estatales.
Igualmente se insta al Gobierno para que la futura Ley básica de Régimen
Local aborde definitivamente la delimitación precisa de las competencias de
los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales al objeto de evitar la situación actual de asunción de competencias impropias.
SEGUNDO: Que en el supuesto de que el nuevo modelo de financiación
local no entre en vigor en el ejercicio 2009, se adopten de manera
extraordinaria y anticipada medidas que supongan adaptar el sistema
tributario y financiero de las Entidades Locales a la realidad económica
actual, sin que ello suponga un aumento de la presión fiscal global que los
ciudadanos soportan periódicamente.
TERCERO. Que al igual que el Gobierno de España se ha comprometido a
aportar recursos adicionales en la negociación de la financiación
autonómica, haga lo mismo con las Corporaciones Locales. Para ello, se
insta a que, sin distinción, se iguale la participación en ingresos del Estado
por habitante de las Entidades Locales a igualdad de competencias, sin que
en ningún caso suponga una merma de recursos para ninguna de ellas.
CUARTO. En el nuevo modelo de financiación los ingresos procedentes de
la venta de suelo de titularidad municipal deberán dejar de considerarse
como fuente de financiación ordinaria, recogiéndose los recursos que
compensen esta pérdida y que permitan a los Ayuntamientos la puesta a
disposición de la mayor parte del suelo urbano del que sean titulares, para la
construcción de vivienda protegida.
QUINTO. Que se modifique la Ley de Estabilidad, en la medida en que en
ésta se ha consagrado un trato discriminatorio para las Corporaciones
Locales en relación con el resto de Administraciones, y la de su Reglamento
de desarrollo, a través del cual se ha constreñido aún más el ya de por sí
estrecho margen de actuación de las Corporaciones Locales. En tanto no se
produzcan ambas modificaciones, por parte del Gobierno de España deberá
modificarse el cumplimiento de la Ley de Estabilidad.
II.- Propuestas a adoptar por los Ayuntamientos gobernados por el Partido
Popular.
Ante la inminencia de la aprobación de los presupuestos para el ejercicio
2009, y en la medida en que no se atiendan las propuestas recogidas en el
apartado primero de este documento, los Ayuntamientos gobernados por el
Partido Popular, adoptarán las siguientes medidas.
SEXTO. Los presupuestos municipales se elaborarán tomando como
referencia los criterios recogidos en el Decálogo para la elaboración de los
Planes de Austeridad aprobado por el pasado mes de julio en Ciudad Real,
garantizando que su crecimiento no supere el del PIB nominal. Igualmente
se tomará en consideración la resolución sobre medidas de austeridad en
los gobiernos locales aprobada por la comisión ejecutiva de la Federación
Española de Municipios y Provincias el 30 de septiembre.
SÉPTIMO: Los Ayuntamientos, teniendo en cuenta la inflación actual que
supone un importante incremento del coste de los innumerables servicios
que prestan y a fin de garantizar el equilibrio presupuestario, deberán
revisar los proyectos de inversión previstos.
En este sentido, las Corporaciones Locales reclaman un trato proporcional a
su aportación al PIB y un juego limpio institucional, en la distribución de los
Fondos Europeos.
OCTAVO: Ante la necesidad de salvaguardar la solvencia financiera de cada
Corporación Local, en tanto el Gobierno de España no asuma la obligación
de respaldar a los Ayuntamientos en su decidida apuesta por mejorar los
servicios sociales, y en la medida en la que no se flexibilice el actual marco
normativo en los términos previstos en los apartados cuarto y quinto, no se
asumirán nuevos compromisos de inversión o gasto derivados de las
competencias impropias.
NOVENO. Desde la austeridad, apostaremos por impulsar programas
encaminados a conseguir que la etapa de la vida que comienza a partir de
los 65 años, se caracterice por la actividad, la consecución de proyectos
nuevos o inacabados y el desarrollo de iniciativas socialmente útiles por
parte de estas personas, que han alcanzado una experiencia que no
podemos dilapidar.
DÉCIMO: Los ajustes necesarios para garantizar el equilibrio entre ingresos
y gastos darán por tanto prioridad al mantenimiento del gasto social. El
Gobierno socialista no solo ahoga a la Administración Local en materia de
financiación sino también en empleo. El Anteproyecto de los PGE 2009
impide que las Corporaciones Locales y especialmente los pequeños municipios, cuenten con los efectivos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que las Leyes les imponen y para la prestación de los servicios públicos esenciales y lo que es más grave imposibilita poder cumplir con los sectores más necesitados y vulnerables como son las prestaciones sociales afectadas porla Ley de Dependencia.
Por ello solicitamos al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes, que
apoye las enmiendas acordadas en el seno de la FEMP al artículo 23.1
sobre empleo público local y que presente una enmienda que permita a las
Administraciones Públicas la ejecución de la Ley de Dependencia.
Finalmente, queremos aprovechar la reunión de la Unión Intermunicipal en
Vitoria, para manifestar nuestra solidaridad y apoyo a la sociedad vasca y a
los cargos electos que la representan y defienden en favor de la libertad y de la dignidad del ser humano y en contra de los que intentan violentar la
convivencia y los valores democráticos o permanecen impasibles ante estas
agresiones.
Vitoria, 3 de octubre de 2008.
http://www.ppab.es/SOLUCIONES-A-LA-CRISIS-ECONOMICA-EN-LOS-AYUNTAMIENTOS_es_3_59.html
Los alcaldes y presidentes de Diputación del Partido Popular, reunidos en la ciudad de Vitoria, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, aprueban el siguiente documento de conclusiones tras los debates mantenidos en las diferentes mesas de trabajo organizadas por la XIII Unión Intermunicipal Popular, para ENCONTRAR SOLUCIONES A LA CRISIS ECONÓMICA EN LOS AYUNTAMIENTOS.
Cuestiones previas
La crisis económica que está sufriendo España ha situado a los Entes Locales en una posición insostenible. La importante pérdida de ingresos que están sufriendo los Ayuntamientos en lo que va de año, agrava aún más los problemas arrastrados por la asunción de un volumen cada vez mayor de competencias impropias y un modelo de financiación que, tal y como viene aplicándose, priva a las Corporaciones Locales de la autonomía financiera que les garantiza la Constitución.
La suma de estos tres factores -competencias impropias, crisis económica y
deficiente aplicación del modelo de financiación- se ha convertido en una
seria amenaza para el normal funcionamiento de los Ayuntamientos que
hace imprescindible y urgente la modificación de sistema de financiación
local.
Negar recursos a los Ayuntamientos es negar servicios a los ciudadanos.
Continuar hurtando a los municipios la financiación que por derecho les
corresponde es privar a los ciudadanos de servicios fundamentales en su díaa día. La negativa del Gobierno de España a modificar el sistema de
financiación aboca a los Ayuntamientos a una reducción de su capacidad de
gasto, en un momento en el que, paradójicamente, el esfuerzo debería
incrementarse.
Sin embargo, el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2009
ha puesto de manifiesto una vez más que el Gobierno de España carece de
una política económica capaz de afrontar la crisis. Con el déficit y el
desempleo como ejes vertebradores, los presupuestos evidencian la
ausencia de estrategias para generar riqueza, para dinamizar la economía y
para garantizar el bienestar de los españoles.
La pretendida apuesta por el gasto social se traduce en la práctica en el
incremento del número de desempleados y en la actualización de las
pensiones, pero una vez más las políticas sociales activas son las grandes
ausentes, porque una vez más los Ayuntamientos vuelven a ser ignorados,
olvidando que no son un fin, sino un medio para hacer llegar de manera
verdaderamente eficaz las políticas sociales a los ciudadanos.
El Partido Popular, no comparte la actitud de resignación del Gobierno
socialista y, por el contrario, considera que la evolución de la crisis
económica, que está haciendo aumentar el desempleo de forma alarmante y reduciendo el crecimiento económico, obliga a tomar en consideración otra serie de medidas en el ámbito local que se concretan en las que se exponen a continuación.
I.- Instamos al Gobierno para que con carácter general atienda las
exigencias que el Partido Popular ha trasladado a la Federación Española de Municipios y Provincias en materia de financiación local y, en especial,
PRIMERO. La reforma urgente de la financiación local de forma que los
Entes Locales puedan contar antes de que finalice este año con unas
normas claras y precisas que se adecuen a sus necesidades reales de
financiación, les doten de mayor capacidad normativa y solucionen el déficit
arrastrado por la prestación de servicios impropios.
El Partido Popular eleva en este sentido al Gobierno, la propuesta de
creación con carácter inmediato del Consejo del Consejo Local de Política
Financiera, integrado por el Gobierno y la representación de los Entes
Locales para que, con carácter trimestral, se traten los temas de interés
bilateral como las transferencias estatales.
Igualmente se insta al Gobierno para que la futura Ley básica de Régimen
Local aborde definitivamente la delimitación precisa de las competencias de
los Ayuntamientos y Diputaciones Provinciales al objeto de evitar la situación actual de asunción de competencias impropias.
SEGUNDO: Que en el supuesto de que el nuevo modelo de financiación
local no entre en vigor en el ejercicio 2009, se adopten de manera
extraordinaria y anticipada medidas que supongan adaptar el sistema
tributario y financiero de las Entidades Locales a la realidad económica
actual, sin que ello suponga un aumento de la presión fiscal global que los
ciudadanos soportan periódicamente.
TERCERO. Que al igual que el Gobierno de España se ha comprometido a
aportar recursos adicionales en la negociación de la financiación
autonómica, haga lo mismo con las Corporaciones Locales. Para ello, se
insta a que, sin distinción, se iguale la participación en ingresos del Estado
por habitante de las Entidades Locales a igualdad de competencias, sin que
en ningún caso suponga una merma de recursos para ninguna de ellas.
CUARTO. En el nuevo modelo de financiación los ingresos procedentes de
la venta de suelo de titularidad municipal deberán dejar de considerarse
como fuente de financiación ordinaria, recogiéndose los recursos que
compensen esta pérdida y que permitan a los Ayuntamientos la puesta a
disposición de la mayor parte del suelo urbano del que sean titulares, para la
construcción de vivienda protegida.
QUINTO. Que se modifique la Ley de Estabilidad, en la medida en que en
ésta se ha consagrado un trato discriminatorio para las Corporaciones
Locales en relación con el resto de Administraciones, y la de su Reglamento
de desarrollo, a través del cual se ha constreñido aún más el ya de por sí
estrecho margen de actuación de las Corporaciones Locales. En tanto no se
produzcan ambas modificaciones, por parte del Gobierno de España deberá
modificarse el cumplimiento de la Ley de Estabilidad.
II.- Propuestas a adoptar por los Ayuntamientos gobernados por el Partido
Popular.
Ante la inminencia de la aprobación de los presupuestos para el ejercicio
2009, y en la medida en que no se atiendan las propuestas recogidas en el
apartado primero de este documento, los Ayuntamientos gobernados por el
Partido Popular, adoptarán las siguientes medidas.
SEXTO. Los presupuestos municipales se elaborarán tomando como
referencia los criterios recogidos en el Decálogo para la elaboración de los
Planes de Austeridad aprobado por el pasado mes de julio en Ciudad Real,
garantizando que su crecimiento no supere el del PIB nominal. Igualmente
se tomará en consideración la resolución sobre medidas de austeridad en
los gobiernos locales aprobada por la comisión ejecutiva de la Federación
Española de Municipios y Provincias el 30 de septiembre.
SÉPTIMO: Los Ayuntamientos, teniendo en cuenta la inflación actual que
supone un importante incremento del coste de los innumerables servicios
que prestan y a fin de garantizar el equilibrio presupuestario, deberán
revisar los proyectos de inversión previstos.
En este sentido, las Corporaciones Locales reclaman un trato proporcional a
su aportación al PIB y un juego limpio institucional, en la distribución de los
Fondos Europeos.
OCTAVO: Ante la necesidad de salvaguardar la solvencia financiera de cada
Corporación Local, en tanto el Gobierno de España no asuma la obligación
de respaldar a los Ayuntamientos en su decidida apuesta por mejorar los
servicios sociales, y en la medida en la que no se flexibilice el actual marco
normativo en los términos previstos en los apartados cuarto y quinto, no se
asumirán nuevos compromisos de inversión o gasto derivados de las
competencias impropias.
NOVENO. Desde la austeridad, apostaremos por impulsar programas
encaminados a conseguir que la etapa de la vida que comienza a partir de
los 65 años, se caracterice por la actividad, la consecución de proyectos
nuevos o inacabados y el desarrollo de iniciativas socialmente útiles por
parte de estas personas, que han alcanzado una experiencia que no
podemos dilapidar.
DÉCIMO: Los ajustes necesarios para garantizar el equilibrio entre ingresos
y gastos darán por tanto prioridad al mantenimiento del gasto social. El
Gobierno socialista no solo ahoga a la Administración Local en materia de
financiación sino también en empleo. El Anteproyecto de los PGE 2009
impide que las Corporaciones Locales y especialmente los pequeños municipios, cuenten con los efectivos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones que las Leyes les imponen y para la prestación de los servicios públicos esenciales y lo que es más grave imposibilita poder cumplir con los sectores más necesitados y vulnerables como son las prestaciones sociales afectadas porla Ley de Dependencia.
Por ello solicitamos al Grupo Parlamentario Popular de las Cortes, que
apoye las enmiendas acordadas en el seno de la FEMP al artículo 23.1
sobre empleo público local y que presente una enmienda que permita a las
Administraciones Públicas la ejecución de la Ley de Dependencia.
Finalmente, queremos aprovechar la reunión de la Unión Intermunicipal en
Vitoria, para manifestar nuestra solidaridad y apoyo a la sociedad vasca y a
los cargos electos que la representan y defienden en favor de la libertad y de la dignidad del ser humano y en contra de los que intentan violentar la
convivencia y los valores democráticos o permanecen impasibles ante estas
agresiones.
Vitoria, 3 de octubre de 2008.
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