lunes, 5 de diciembre de 2011

Sobre la crisis de los Municipios en España.

Con fecha 27 de octubre de 2011, el portal web de El País registra un artículo sobre la crisis de los Municipios en España, la nota dice:

Los Ayuntamientos españoles adeudaban más de 37.000 millones de euros a comienzos de julio pasado. Es la mayor deuda que los municipios españoles han tenido en toda su historia en el peor momento posible, cuando sus ingresos se han desplomado. La situación es tan apurada, que algunos ayuntamientos han empezado a despedir personal; otros llevan varios años sin pagar a sus proveedores; a otros les embargan las plazas y las calles por distintos impagos; y algunos utilizan fórmulas extravagantes de ahorro como apagar los semáforos de madrugada. Lo que sigue es un retrato de cinco concejales de Hacienda que viven en el pozo de la crisis, con una clamorosa falta de ingresos para atender a las múltiples necesidades de su municipio.


José Manuel Pardal. Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Son las ocho en punto de la mañana cuando el concejal de Hacienda de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) sube las escaleras de mampostería del ayuntamiento para dirigirse a cuestas con su maletín a las oficinas municipales. Hoy, a toda prisa, el concejal se reunirá con técnicos de la oficina de Rentas e Intervención y pretende avanzar un poco más en el esperado Plan de Saneamiento que ha encargado el alcalde, Tomás Fole (PP), y que será el guión contable de los próximos cuatro años para encarar el grave escenario de crisis. Los populares gobiernan en minoría este municipio de casi 38.000 habitantes desde mayo y cifran el déficit económico en casi cuatro millones de euros.

Aunque las horas de entrada y salida del edil pueden variar, José Manuel Pardal le dedica diariamente dos horas de su tiempo a gestionar las maltrechas finanzas que se ha encontrado el PP después de gobernar la izquierda (PSOE y BNG) 20 años en la capital arousana, con unas deudas a proveedores de casi siete millones de euros. Y es que las estrecheces presupuestarias tampoco permiten que Pardal goce de dedicación exclusiva al Ayuntamiento. El edil sigue trabajando en el departamento financiero de una conocida empresa metalúrgica de la ciudad a pesar de que su fichaje en la candidatura popular se comentó a bombo y platillo. Él no es uno de los dos únicos concejales liberados que el equipo de gobierno porque, al menos por ahora, los recortes económicos no lo permiten.

No tengo despacho, voy llevando y trayendo papeles de casa para llevar las cosas al día
"Lo llevo más o menos bien, siendo metódico y tratando de controlarlo todo poco a poco", comenta, mientras en Intervención despacha el papeleo para tramitar dos expedientes de devolución de ayudas sociales que se están cobrando, al parecer, indebidamente y que se llevarán a la Comisión de Gobierno. "A veces ocurren estas cosas: las circunstancias varían, y esas persona ya no viven solas o ya no están en el paro. En fin, es poco dinero, unos 1.500 euros, pero hay que reclamarlo", explica.

Liquidado este asunto, el concejal de Hacienda de Vilagarcía recupera su maletín y se sienta en otra mesa para meterse de lleno en nuevos informes y papeleos que le van entregando. Es información de datos que se están recabando para una posible actualización de tasas. ¿Entonces se prepara una subida de impuestos? "Bueno aún es pronto para saber si hay que tocar algún impuesto o van a quedar como están. Algunos que han quedado en el olvido, basuras y vehículos, por ejemplo, y son datos imprescindibles para poner en marcha el plan de saneamiento", contesta con rapidez.

Pero el caballo de batalla es el pago de 500 facturas atrasadas. Un préstamo del ICO de 1,2 millones permitirá abonar una mínima parte, un 10%, aproximadamente. "Y el resto ya veremos como se hace", dice con preocupación.

Son las 9.30 horas cuando al concejal se le acerca una funcionaria para decirle que le reclama el alcalde, con el que despacha a diario antes de irse a su otro trabajo. Mete y saca papeles de su cartera y se dirige a un armario donde tiene apilados incontables dosieres. "No tengo despacho, en realidad lo tengo en casa y voy llevando y trayendo documentación para llevar las cosas al día. Menos mal que los funcionarios me ayudan y, por supuesto el alcalde", explica sobre la marcha.

Mientras se despide, el concejal tiene palabras de elogio para la plantilla municipal, sobredimensionada, por los 400 empleados cuyos sueldos suponen la mitad del presupuesto de 30 millones. "No me puedo quejar porque todos cumplen y están muy involucrados con la situación". ¿Y todo a pesar del ERE que planea?. "Bueno, sí, pero ¿quien está hoy libre de esta espada de Damocles? Yo creo que ni aquí ni en ningún lado", concluye José Manuel Pardal.

Iban López. Santurtzi (Bizkaia)

"Ésta es la legislatura de la imaginación, porque dinero no hay". Iban López, concejal de Hacienda y Promoción Económica del Ayuntamiento de Santurtzi, localidad de 47.000 habitantes a 15 kilómetros de Bilbao, aplica una política de gasto "austera" desde que accedió al cargo el pasado mes de mayo. "Hay que recortar de donde se pueda", resume su filosofía de trabajo. Cuando EL PAÍS llama a la puerta de su despacho, a las once de la mañana, está en una reunión, la segunda del día. En la primera, a las nueve, charló con el alcalde, Ricardo Ituarte, con el que mantiene "un contacto permanente".

Si alguien viene a mi despacho y me dice que no puede pagar el IBI intento buscar alguna solución
López, de 41 años, dice que sabía dónde se metía cuando aceptó entrar en las listas del PNV para las elecciones municipales del pasado mayo. Animado por su esposa, con la que comparte una hija, dejó su puesto de director de sucursal de banco y aceptó convertirse en concejal de Hacienda "en plena tormenta económica". "Alguien tenía que hacerlo", anota con un gesto de resignación. "La situación es dura y parece que va a seguir siéndolo. Sé que mi cargo tiene mucha importancia, más en estos tiempos. Estoy muy pendiente del gasto. Ahora, lo que se hace se piensa más. Cuando surge un proyecto, nos decimos que a lo mejor no interesa hacerlo en este momento. Y también nos estamos replanteando mucho de lo que se venía haciendo hasta ahora, cosas que casi eran automáticas. Ahora reflexionamos. Hay que estar preparados por lo que pueda venir", asegura.

El Ayuntamiento se planteó hace poco cambiar todas las bombillas del alumbrado público del pueblo. En tiempos de 'vacas gordas', la medida se habría ejecutado sin demasiados miramientos. Ahora no. "Lo pensamos, hicimos números. Actuamos sólo cuando vimos que iba a ser rentable porque las nuevas luces iban a consumir un 25% menos", cuenta.

López presume de ser un político "a pie de calle". En cuanto puede, huye del despacho y busca el contacto con la gente. El PAÍS lo comprueba caminando junto a él por el principal parque de Santurtzi. Se comporta como "un vecino más" y no para de saludar. Aunque durante el paseo nadie le detiene para recriminarle la última subida de impuestos, asegura que eso es algo que le ocurre con "mucha frecuencia". "Algunos me paran muy enfadados y me dicen de todo. Les escucho y dialogamos. Siempre procuro dialogar. Si alguien viene a mi despacho y me dice que no puede pagar el IBI (Impuesto sobre Bienes Inmuebles), pues, teniendo en cuenta la actual coyuntura, intento buscar una solución. Por ejemplo, un fraccionamiento del pago. También procuro pagar puntualmente a talleres o empresas que han trabajado para nosotros y lo están pasando mal", indica.

El concejal cree que, pese a todo, "la cosa tampoco está tan mal". Al menos de momento, "hay para ir tirando". "Soy realista, no pesimista. No estamos sobrados, pero venimos de una situación que nos permite estar tranquilos un tiempo, hasta que la cosa mejore. Si no mejora, tendremos problemas. Sé que hay Ayuntamientos en España a los que les han amenazado con cortarles la luz por no pagar. Eso aquí no va a pasar", dice.


Javier Serralvo. Vila-real (Castellón)

Lo que siempre está encima de su mesa es una carpeta verde, la correspondiente a "facturas pendientes de firmar". Cuando, el pasado mes de mayo, entró como responsable de Hacienda en Vila-real (Castellón), Javier Serralvo se encontró con que la carpeta de facturas pendientes, ahora menguada, sumaba 4,5 millones de euros. Durante el mes siguiente entraron más facturas, que sumaron otro millón, lo que hizo un montante de casi 6 millones de euros, más del 15% del presupuesto local. Ahora se dedica, durante aproximadamente 12 horas al día, a tratar de poner en orden las cuentas. No solo por las facturas, sino también por las deudas que la Generalitat valenciana tiene con el municipio y por los 20 millones de un préstamo que pidió el anterior equipo de gobierno (en un municipio con cerca de 53 millones de euros de presupuesto) y que ahora han de empezar a pagar.

Serralvo, concejal socialista en el Ayuntamiento de Vila-real, pasa muchas horas en su despacho. Y casi es mejor porque, además de las visitas programadas, cada vez que sale de él encuentra a algún espontáneo que le asalta preguntando cuándo cobrará sus facturas. Pero el concejal mantiene una actitud pausada, tranquila, algo que destacan entre sus compañeros y difícil de mantener entre tanto número rojo. Lo primero que hizo fue revisar todos los pagos pendientes, elaborar un plan y plantear una modificación del presupuesto para pagar facturas por un valor de 800.000 euros entre septiembre y octubre. "El resto, lo pagaremos hasta el 30 de abril", señala quien idea nuevas fórmulas para, a la vez, cobrar sus propias deudas. En cualquier caso, hay más de un millón de euros en facturas que están revisando, muchas de ellas emitidas por Lubasa y Piaf, dos de las firmas investigadas en la causa de presunta financiación irregular del PP valenciano en el caso Gürtel. "Estamos detectando peticiones de cobro por algunos trabajos que no se han hecho", asegura.

Estamos detectando peticiones de cobro por algunos trabajos que no se han hecho
Cambio de deuda por ocupación de solares para servicios públicos, permutas para la segregación de parcelas que "tapen" los agujeros de algunas empresas. Serralvo da vueltas a distintas fórmulas a sabiendas de que hay mucho dinero que no cobrará pero que, con su aplicación, al menos no supondrá nuevos gastos o, incluso, el ahorro en otras partidas.

Empieza el día en el despacho. Antes de las nueve de la mañana. El hecho de que además de Hacienda sea el responsable de las delegaciones de Policía, Personal y Nuevas Tecnologías no le deja apenas respiro. Su despacho tiene tres accesos, por lo que raro es el momento en el que tiene unos minutos de tranquilidad. Firmas para la adquisición de equipamiento para la policía (que puede costear gracias a un minipresupuesto elaborado para acabar el año), expedientes de comisiones de servicio, consultas del gabinete de alcaldía, compañeros del equipo de gobierno que apuran para la elaboración del presupuesto para el próximo año… Javier Serralvo ha de afrontar, además, reuniones fuera del ayuntamiento, como las convocadas para estudiar las consecuencias y el coste de una revisión catastral a la baja (la anterior se hizo en pleno boom, en 2005). "Aplicando el mismo porcentaje para el cobro del IBI lograríamos que los vecinos pagaran menos", explica. Eso supondría, sin embargo, que los ingresos del Ayuntamiento se redujeran pero opina que el índice de cobro se elevaría y además se facilitarían las transacciones y las transmisiones. Durante estos días hay, además, dos cuestiones que le preocupan. Por una parte, las subcontratas de una obra se niegan a poner en servicio sus trabajos porque no han cobrado, pese a que la contratista oficial sí lo ha hecho. Pero por otra, una empresa que quebró está a punto de ser adquirida por otra sociedad y esa compra posibilitaría el cobro de los más de 800.000 euros que deben al ayuntamiento. "Sería un respiro", asegura Serralvo.


Carlos Esgueva. Montgat (Barcelona)

"Mi jornada es muy rutinaria, no tiene mucho interés", avisa Carlos Esgueva, concejal de Hacienda, Financiación económica e Investigación de Montgat (10.500 habitantes, Barcelona). Nada más lejos de la realidad. La denominación de la Concejalía y el perfil de su responsable indican que el día no será anodino. Esgueva, economista y analista financiero de profesión, trabajó durante años en multinacionales. Su tarea: buscar inversores. Eso mismo está intentando desde que en junio accedió al cargo.

Asegura que, acostumbrado a la empresa privada, la llegada a la administración fue "un choque frontal". El volumen de burocracia y los defectos de organización son su principal preocupación. "Es la gestión del caos", admite. La última consecuencia: el Ayuntamiento (CiU y ERC) no ha presentado a tiempo la liquidación de 2010, así que el Ministerio de Economía les ha retenido en octubre los 138.809 euros que le corresponde por su participación en los tributos del Estado.

Casi todo se hace en papel y de viva voz y eso disminuye nuestra productividad
La jornada de Esgueva empieza a las nueve de la mañana. Lo primero, mirar la agenda y preparar las reuniones del día. El pasado jueves, como muchos otros días, toca charlar con alguna entidad financiera. La deuda actual, que asciende a 358.000 euros, no es una preocupación para el consistorio, que tiene un presupuesto de 11 millones. Pero lo puede ser en breve, ya que el Ayuntamiento deberá pedir un crédito de un millón de euros para hacer frente a dos expropiaciones forzosas.

En una segunda reunión, el concejal recibe a una de las empresas de servicios contratadas por el consistorio. Se trata de una ronda de encuentros con todas las compañías de esta índole, ya que el nuevo equipo de gobierno ha encontrado muchas irregularidades en los contratos, relativas a precios y procedimientos. Son flecos que deben solventarse rápido para desencallar el volumen de facturas que esperan a ser pagadas. No son muchas, pero sí de importes elevados: alrededor de un millón de euros.

En un lado de la mesa se amontona, de forma amenazadora, una montaña de unos 150 expedientes diarios a revisar, entre facturas, órdenes de transferencias, informes de intervención e incidencias de facturación. Entre reunión y reunión el concejal dedica unas dos horas a repasarlos. "Qué son, por qué se pagan y si hay forma de hacerlo más barato", es el mantra que repite Esgueva a cada nuevo expediente que abre.

El edil debe dejar libre su diminuto despacho, de unos cinco metros cuadrados, que comparte con el concejal de Recursos Humanos. Esgueva se queja de que los medios con que cuenta son "muy precarios", especialmente en cuanto a la gestión y a los sistemas informáticos. "Casi todo se hace en papel y de viva voz y eso disminuye nuestra productividad. Tenemos que ser más ágiles".

Las tardes libres que le deja su función pública, las dedica a gestionar su empresa, una consultora en la que trabajan siete personas. El concejal debe combinar los dos trabajos para complementar el sueldo público de mil euros que percibe.

Durante este mes, la faena se le acumula en el Ayuntamiento. La prioridad es cerrar el ejercicio de 2010, que espera hacer en los próximos días. Aún así, el concejal teme no llegar a tiempo y quedarse también sin la transferencia del Estado correspondiente a noviembre. La demora en las cuentas es algo habitual para Montgat, que acostumbra a presentarlas con un retraso de entre 16 a 24 meses. Uno de los motivos, es que el Ayuntamiento cuenta con interventor desde hace dos años. Además de la liquidación del presupuesto, en la lista de tareas del concejal está también la elaboración de las nuevas ordenanzas y el presupuesto para el próximo año. "Eso significa trabajar por las noches", afirma resignado Esgueva. La jornada será larga.


Diego Galindo Saeta. Mengíbar (Jaén)

A sus 33 años, Diego Galindo Saeta se ha estrenado este mandato en la política local como concejal de Hacienda de su pueblo, Mengíbar (9.780 habitantes, Jaén). "Lo peor es la impotencia por tener que decirle a los proveedores que no hay dinero y que tendrán que esperar", confiesa este edil del PSOE, consciente de que ha tenido que asumir el área más ingrata para los tiempos que corren. Su municipio es uno de los 1.022 de toda España a los que el Estado ha bloqueado desde este mes su participación en los ingresos del Estado (PIE) por no haber presentado la liquidación presupuestaria de 2010, aunque en el caso de Mengíbar están pendientes los tres últimos años.

Diego Galindo, casado y con una hija pequeña, no está liberado en la Corporación (solo cobra por 85 euros por asistencia a plenos y 30, a comisiones) y compagina su cargo municipal con su profesión de programador informático en una empresa de la capital jiennense. Hoy ha pedido permiso para acudir a un pleno matinal, pero casi siempre dedica las tardes a ejercer de concejal. Y siempre que acude al Ayuntamiento, o en la calle, no puede esquivar a los muchos vecinos y proveedores municipales que reclaman su deuda, en muchos casos desde hace más de cinco años. "Tenemos que decirles la verdad, que no hay dinero y que se está intentando arreglar el problema".

"Lo peor es la impotencia por tener que decirle a los proveedores que no hay dinero
Con una deuda de cinco millones y medio, casi la misma cantidad del presupuesto anual, el responsable de las cuentas de Mengíbar teme ahora que el bloqueo de Hacienda, que en su caso asciende a 130.000 euros mensuales, impida pagar las nóminas al centenar de empleados municipales entre funcionarios y eventuales. El próximo martes, Galindo acompañará al alcalde, Gil Beltrán, a una reunión en el Ministerio de Economía y Hacienda para intentar desbloquear una situación que achaca a la gestión del anterior gobierno, un tripartito entre un grupo independiente, PP e IU que desalojó a los socialistas de la alcaldía en una moción de censura en 2008. "Hubo un desfase presupuestario de casi un millón euros en la liquidación de 2007 que condicionado el resto de ejercicios".

Galindo, que echó los dientes en la política ya que su padre también fue concejal durante 16 años, tuvo su bautizo de fuego nada más llegar al Ayuntamiento en junio. Al mes siguiente había que organizar las fiestas y, curiosamente, él también ostenta la delegación de Festejos. "El concejal de Hacienda le decía al de Festejos que no había dinero", bromea el edil. ¿Y cómo resolver el dilema? "Recortando el presupuesto de las fiestas en más de un 50% y echándole imaginación al programa, apostando por lo local y barato", explica Galindo, que admite que le cuesta mucho explicar a sus amigos cómo se ha metido en este mundo.

Fuente:
Con información de Luis Mingallón, María Fabra, Ivanna Vallespín, Elisa Lois y Ginés Donaire.
http://politica.elpais.com/politica/2011/10/27/actualidad/1319718124_967713.html

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