miércoles, 16 de mayo de 2012

Concejo Municipal y Ciudadanos

Cuando los dirigentes políticos y en especial aquellos que son electos para cargos de representación popular asuman la participación ciudadana como una herramienta para promover la inclusión, la cohesión social y fortalecer los valores de la democracia, grandes pasos se podrán dar hacia el desarrollo de una verdadera participación ciudadana que además sea valorada y entendida por los propios ciudadanos.

Hay normas jurídicas en Venezuela que advierten que el primer paso para promover la participación es responsabilidad de los funcionarios electos, pues si ellos no facilitan esa participación creando los mecanismos, las metodologías y los espacios necesarios para desarrollarla, la participación quedará como un simple principio teórico, sin contenido real, así griten muy duro los vecinos exigiendo participación o estén muy “indignados”.

Una de esas normas a las que hago mención es el artículo 265 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal que expresamente señala que el Concejo Municipal debe abrir espacios para la discusión e intercambio de opiniones a los ciudadanos sobre los temas de interés local en el marco de una sesión ordinaria y a tal fin el propio Concejo podrá convocar a organizaciones vecinales, gremiales, sociales, culturales, educativas y deportivas.

En esos espacios de discusión, a los que se hace mención en el párrafo anterior,  los vecinos que asistan podrán ejercer su derecho a participar formulando preguntas, emitiendo opiniones e incluso pueden hacer proposiciones sobre los temas locales que se abordan.  Ante la respuesta a esta participación de los ciudadanos, el artículo 265 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal ordena que el Concejo Municipal le brinde respuestas oportunas y razones claras a los planteamientos y solicitudes formuladas por los vecinos.

Es oportuno recordar que la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública expresamente señala que la participación es un proceso de doble vía que requiere dos condiciones:

a.  Que los entes y órganos públicos y aquellos particulares a quienes se han transferido competencias públicas sean receptivos a las opiniones y propuestas de la sociedad.
b.  Que los ciudadanos y las ciudadanas, las comunidades, los pueblos indígenas y los colectivos sociales que integren conozcan, dialoguen, deliberen e incidan sobre las competencias de las instituciones estatales

Este espacio de deliberación con los vecinos sobre temas de interés local en el Concejo Municipal, previsto además como parte del orden del día garantiza esa doble vía a la que hace mención la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública y sólo será útil para la inclusión y cohesión si esos espacios son plurales y hay la disposición de las partes para oír, informarse, reconocerse mutuamente y deliberar para conseguir los consensos necesarios para el bienestar colectivo.

Por cierto este artículo 265 que comento no es nuevo, viene de 1978 cuando en la entonces
Ley Orgánica del Régimen Municipal obligaba al Concejo Municipal a realizar una sesión cada 3 meses con los vecinos para considerar aquellas materias que se hubieren solicitado como parte del orden del día, las formalidades para que esto se cumpliera las debía desarrollar el Reglamento Interno.

Una práctica formal, permanente e institucional de este espacio de discusión e intercambio de opiniones permitiría a los Concejales acercarse más a sus electores, facilitándoles a los ciudadanos la posibilidad involucrarse de manera voluntaria, eficiente, suficiente y oportuna en los temas locales y además es una forma natural para la formación permanente de la ciudadanía.

Si un Concejo Municipal toma la iniciativa de deliberar con sus electores y los ciudadanos empiezan a sentir que en ese Concejo Municipal hay receptividad y respeto en los planteamientos de los ciudadanos, se logrará experimentar el valor de la representatividad política, se fortalecerá y se entenderá mejor el valor de la autonomía municipal y de la descentralización como principios sobre los cuales se debe diseñar nuestro Estado.

El primer paso para lograr que un espacio como el mencionado logre sus objetivos está claramente señalado en el artículo 265 de la Ley Orgánica que condiciona en la voluntad de los concejales el desarrollo de las reglas de juego que a través de una ordenanza deben diseñar para abrir las puertas a los ciudadanos en los debates de interés local.

Carlos Romero Mendoza.

lunes, 7 de mayo de 2012

Justicia de Paz y Poder Judicial


La Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, publicada en Gaceta Oficial el pasado 2 de mayo de 2012, expresamente en su artículo 1 nos dice que la Justicia de Paz Comunal es parte integrante del Sistema de Justicia, pero delimita su actuación en el ámbito del Poder Popular.

Esa delimitación pone en la mesa un interesante debate sobre el alcance de la Justicia de Paz Comunal y la vigencia del Sistema de Justicia de Paz, más cuando la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal expresamente consagran como competencia del Municipio la Justicia de Paz.

En este sentido es importante recordar que el artículo 253 de la Constitución establece que  los medios alternativos de justicia son parte del Sistema de Justicia, y en ese mismo Capítulo III prevé que una Ley regulará todo lo relativo a la Justicia de Paz, por lo tanto al derogar la Ley Orgánica de Justicia de Paz deja un significativo vacío sobre la fundamentación legal de la Justicia de Paz.   Lo que nos lleva a plantear otro debate que tiene que ver con la validez de las ordenanzas en materia de justicia de paz y la vigencia del principio de autonomía municipal.

Tres elementos destacan en la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal, que son importantes revisar y sobre los cuales debe haber un proceso de debate que permita evaluar la judicialización de la Justicia de Paz que hasta el 2 de mayo de 2012 conocíamos.

El primer elemento tiene que ver con el financiamiento de la Justicia de Paz, a tal fin la Ley publicada el 2 de mayo 2012 señala expresamente que es el Tribunal Supremo de Justicia el responsable de definir los recursos financieros que son necesarios para el desarrollo de la Justicia de Paz Comunal, para que sean incorporados al Presupuesto Nacional.  Ello a todas luces es un retroceso a la descentralización.

El segundo elemento tiene que ver con la formación y capacitación de los Jueces de Paz Comunales, la Ley delega tal responsabilidad a la Escuela Nacional de la Magistratura. 

El tercer y último elemento, tiene que ver con el rol del Juez de Paz Comunal, pues ahora sus decisiones reciben el titulo de SENTENCIAS y las mismas serán dictadas formalmente en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley. 

Cuando el artículo 45 de la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal establece que uno de los requisitos de la sentencia es que se identifique el “juzgado” de la Justicia de Paz Comunal que dicta la sentencia, queda la sensación lógica del carácter judicial que ha adquirido este rol comunitario del Juez de Paz.

Así como en el pasado, golpeando la autonomía municipal y sin consultar a los ciudadanos, desde el poder central dejaron a las Juntas Parroquiales cesantes y le agregaron el apellido “comunal”; y al Consejo Local de Planificación Pública le modificaron sus actores y por ende su proceso de elección, incorporando las instancias del Poder Popular inexistentes formalmente aún, hoy la Justicia de Paz pasa del Municipio al Poder Judicial, con una nueva denominación, coexistiendo con la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.

Carlos Romero Mendoza.

viernes, 4 de mayo de 2012

La Justicia de Paz Comunal sustituye a partir del 2 de mayo la Justicia de Paz.


La Jurisdicción especial de la Justicia de Paz Comunal entró en vigencia a partir del 2 de mayo del 2012, y es presentada en la nueva Ley como el ámbito del Poder Popular y como integrante del sistema de justicia, para el logro o preservación de la armonía en las relaciones familiares, en la convivencia vecinal y comunitaria, así como para resolver los asuntos derivados del ejercicio del derecho a la participación ciudadana, relacionado con las actuaciones de las instancias y organizaciones del Poder Popular.

El artículo 1 de la nueva ley que recoge lo mencionado en el párrafo anterior, también señala que esta jurisdicción se presenta como un mecanismo abierto y flexible de descentralización a las comunidades y grupos vecinales organizados y que a tal fintransfiere a los ciudadanos la competencia de la justicia de paz comunal a través de las instancias y organizaciones del Poder Popular. Entonces ¿es una ley de transferencia de competencias?.


Retomando el contenido de la Ley publicada en Gaceta Oficial del día 2 de mayo del 2012 No. 39.913, plantea en su artículo 3 que en el marco de la Justicia de Paz Comunal, el juez tendrá la potestad de tomar decisiones, a través de medios alternativos para la solución de conflictos o controversias, en el ámbito territorial de su actuación, a tal fin el Juez de Paz Comunal tendrá las siguientes facultades:

-Conocer, investigar, decidir los asuntos sometidos a su competencia, previstas en el artículo 8 de la nueva Ley.
-Avalar acuerdos sobre la base de la vía conciliatoria, el diálogo, la mediación, la comprensión y la reparación al daño, con la finalidad de restablecer la armonía, la paz, el buen vivir y la convivencia comunitaria.
-Conocer y decidir en todo lo relacionado con las actuaciones, abstenciones, negativas o vías de hecho de los consejos comunales, comunas y organizaciones del Poder Popular.
-Conocer y decidir en todo lo relacionado con las situaciones, que en razón del funcionamiento interno de las instancias del Poder Popular, vulneren, afecten o restrinjan el ejercicio del derecho a la participación y al protagonismo popular.


En relación al ámbito territorial será determinado en función de 4 mil a 6 mil habitantes, y expresamente señala que en cada Comuna habrá varios jueces de paz, a tal fin la cantidad será determinada en función de la población de esa Comuna.  Expresamente el artículo 5 deja claro que estas normas aplican sólo para los ciudadanos que habiten en el territorio determinado y que las mismas serán de obligatorio cumplimiento para las instancias del Poder Popular en la entidad local respectiva.  Por lo tanto marca claramente un diseño de organización territorial local diferente al municipal.


Por Entidad Local establece que son las Comunas, las Parroquias y otras demarcaciones que están dentro del Municipio, al menos reconoce que la organización territorial está dentro del Municipio, pero al señalar que el proceso electoral se someterá a esta ley, así como la organización de los jueces de paz y al derogar la Ley Orgánica de Justicia de Paz,abre una gran discusión sobre el rol del Municipio y la validez de las ordenanzas locales en materia de justicia de paz.


Por último la designación de los Jueces de Paz Comunales se hará de manera provisional desde la Comisión Judicial del TSJ, mientras los Consejos Comunales  con el Poder Electoral organizan las elecciones respectivas.  En materia de financiamiento y ubicación de sede para el funcionamiento también quedó fuera del ámbito de competencias del Municipio.

Carlos Romero Mendoza.
@carome31