martes, 30 de julio de 2013

La autonomía municipal en España. ¿En crisis?

El Gobierno Español una semana después de haber pospuesto la aprobación del anteproyecto de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local como consecuencia del dictamen del Consejo de Estado Español de fecha 26 de junio del 2013 sobre el contenido de ese anteproyecto, ha recogido algunas de las observaciones formuladas y ha logrado aprobar el 26 de julio 2013 en Consejo de Ministros ese anteproyecto enviándolo al parlamento para que sea debatido y considerado para su futura aprobación definitiva.

ABC[1] destaca que con esta propuesta de reforma se prevé ahorrar unos 8.000 millones de euros hasta 2016 y conseguir una gestión local más ágil y eficiente, abaratando la prestación de los servicios y garantizando la viabilidad de los 8.117 ayuntamientos españoles.

El Ministerio de Hacienda y Administración Pública destaca que los objetivos del anteproyecto de Ley son: en primer lugar, clarificar y simplificar las competencias municipales para evitar duplicidades con otras administraciones; en segundo lugar, racionalizar la estructura municipal, de acuerdo con los principios de eficiencia y equilibrio presupuestario; en tercer lugar, garantizar un control financiero y presupuestario riguroso y por último, en cuarto lugar,  favorecer la actividad económica local con medidas liberalizadoras.

El Ministerio anteriormente mencionado, ratifica en su información que a través del anteproyecto de ley aprobado se potencia las diputaciones provinciales para la coordinación de la prestación de servicios mínimos obligatorios en los municipios con menos de 20 mil habitantes, se incentiva las fusiones voluntarias de los municipios, se aumentan trabas para la creación de nuevos municipios y se eliminan las competencias impropias[2].

Por competencias impropias debemos entender aquellas actividades que han venido desarrollando los municipios españoles y para las cuales gastan dinero público en áreas o materias donde la ley no les atribuye competencia alguna, causando -en algunos casos- duplicidades con los servicios que prestan otros niveles de la Administración Pública.

Aún cuando los propios medios reconocen que el proyecto de Ley ha recogido algunas observaciones formuladas por el Consejo de estado Español, distintos sectores siguen elevando su voz de protesta, en este sentido -por ejemplo- desde el sector sindical, las Comisiones Obreras han pedido la retirada del anteproyecto por considerarla una reforma centralizadora e invasora de competencias autonómicas, que además, para este sector, supone un atentado a la autonomía municipal consagrada por la Constitución[3].

En Toledo el partido Izquierda Unida advierte que el proyecto de Ley reducirá la autonomía municipal y secuestrará la democracia local.[4]

En este mismo sentido, en Oviedo, los presidentes de la Junta General y de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), han mostrado sus dudas ante la posibilidad de que la nueva ley de bases del régimen local interfiera sobre competencias del Estatuto de Autonomía de Asturias.  Y han destacado que hay una generalizada percepción en todos los miembros de la Federación que el proyecto promueve la pérdida de autonomía municipal[5]

En Euskadi, el dirigente del Partido Nacional Vasco, PNV, ha advertido que el gobierno español busca "aplicar objetivos economicistas y los antepone a principios democráticos de respeto a la autonomía municipal y la singularidad foral” de las instituciones.   Y coincide con otras críticas sobre la injerencia directa del contenido del proyecto de Ley en la autonomía municipal y en la competencia de autoorganización que tienen las instituciones locales y territoriales vascas[6].

Prácticamente las críticas originadas con la aprobación del anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local están orientadas a advertir el impacto de esas normas en la autonomía municipal, en este sentido, el Presidente de la Diputación de Jaén, militante del PSOE, agrega que además, ésta propuesta de reforma de la administración local en nada resolverá el tema financiero, menos aún el problema que desde hace mucho tiempo padece España en relación a las competencias[7].
Para finalizar, se destacan la posición del titular del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, para quien el anteproyecto de Ley aprobado por el Consejo de Ministros "es una reforma promunicipalista, que pretende situar a las corporaciones locales en el lugar que se merecen en el Estado de las Autonomías y que históricamente no se les ha dado"[8].
La propuesta de reforma de la administración local española se ha activado y sólo resta poder seguir los debates sobre este tema y ver si realmente terminará aprobándose o no este anteproyecto de Ley.
Carlos Romero Mendoza.




[1] ABC.  El Gobierno aprueba hoy la reforma a la administración local. 26 de julio 2013.  Online en:http://www.abc.es/espana/20130726/abci-reforma-local-gobierno-201307260639.html
[2] Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.  El Gobierno aprueba proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.  26 de julio del 2013. Online en:http://www.minhap.gob.es/es-es/prensa/en%20portada/2013/Paginas/20130726_Reforma_Local.aspx
[3]Telecinco.es.  CCOO pide la retirada de la reforma local del Gobierno, "centralizadora e invasora de competencias autonómicas.   26 de julio de 2013. Online en: http://www.telecinco.es/informativos/nacional/CCOO-Gobierno-centralizadora-competencias-autonomicas_0_1642200158.html
[6] El Economista.es. PNV dice que la "autonomía municipal" de Euskadi tiene que estar "preservada" de la "injerencia" de la reforma local. 27 de julio del 2013.  Online en:  http://ecodiario.eleconomista.es/espana/noticias/5027032/07/13/pnv-dice-que-la-autonomia-municipal-de-euskadi-tiene-que-estar-preservada-de-la-injerencia-de-la-reforma-local.html
[7] iLinares.es.  Reyes: “La reforma local no resuelve los problemas de financiación y acabará con la autonomía municipal”.  27 de julio de 2013. Online en: http://www.ilinares.es/actualidad/jaen/2202-reyes-la-reforma-local-no-resuelve-los-problemas-de-financiacion-y-acabara-con-la-autonomia-municipal
[8] Cadenaser.com.  Gobierno aprueba reforma local. 26 de julio de 2013.  Online en: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gobierno-aprueba-reforma-local/csrcsrpor/20130726csrcsrnac_3/Tes

jueves, 25 de julio de 2013

Autonomía Local en crisis: España y Venezuela

En España la jurisprudencia constitucional ha interpretado que los legisladores pueden disminuir o acrecentar las competencias municipales, pero no pueden eliminarlas por entero; agrega además la jurisprudencia que el debilitamiento de las competencias municipales sólo puede hacerse con razón suficiente y nunca en daño del principio de autonomía, que es uno de los principios estructurales de la Constitución española.[1]

El tema de la autonomía municipal está en la agenda política del gobierno español en ocasión del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, cuya aprobación por el Consejo de Ministros ha sido pospuesta luego que fuera anunciada semanas atrás para el pasado 19 de julio de 2013.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, expresó que el anteproyecto de Ley es una “tijera de austeridad” que ahorraría a las arcas públicas más de 7.129 millones de euros en 3 años, a través de la eliminación de duplicidades, sueldos y personal.   Para Montoro el anteproyecto de la Ley exigirá que el 82% de los concejales de España no sean a dedicación exclusiva[2].

El anteproyecto de Ley propuesto por Rajoy persigue “adelgazar la administración municipal y engordar los escalones más distantes de la base social[3], tal y como advierte Antonio Papell en un artículo firmado en el portal web El Economista, cuyo contenido coincide, en términos generales, con el dictamen que sobre el anteproyecto publicó el Consejo de Estado español, como órgano asesor del gobierno, el pasado 26 de junio del 2013.

Para el Consejo de Estado Español, es claro que el anteproyecto promueve una reforma profunda al régimen jurídico que regula las entidades locales en ese país y puede representar un verdadero cambio en el modelo institucional de la Administración Local española; por esa razón, es que sobre el contenido del anteproyecto hay muchas críticas y cuestionamientos, incluyendo de los propios alcaldes del partido de gobierno.

Entre las principales alertas que destaca el dictamen del Consejo de Estado español, está la advertencia que con el esquema planteado del régimen de competencias municipales, el anteproyecto abre el camino hacia un proceso de vaciamiento de competencias municipales que pone en riesgo el principio de autonomía local.

Ese vaciamiento de competencias que advierte el Consejo de Estado español beneficia a las Diputaciones Provinciales, instancias de representación de segundo grado, que no resultan de la votación directa y en consecuencia, no es fácil exigirles responsabilidad política en caso de que la gestión desarrollada no se adecue a las disposiciones aplicables o, simplemente, no se considere adecuada por los ciudadanos, lo que en última instancia -señala el Consejo de Estado- puede llegar a desvirtuar el principio democrático.

Otro elemento que destaca el Consejo de Estado, es la necesidad de precisar lo que ha llamado el anteproyecto: “coste estándar”, que viene a ser el parámetro que se propone para evaluar el modo como los Municipios deben prestar los servicios mínimos obligatorios.  Resulta curioso, y así lo destaca el dictamen, que esos mínimos obligatorios en la prestación de servicios sea dirigido sólo a los Municipios y no haya nada similar o exigencias básicas en este sentido para las Diputaciones Provinciales.

El Consejo de Estado recomienda profundizar o trabajar con mayor detalle el “coste estándar”, pues resulta una herramienta que requiere verla con cuidado pues ella facilita el camino para ir debilitando la autonomía municipal garantizada en la Constitución española, a través de un proceso de reducción excesiva de competencias.

Mientras que en España se abre un debate político sobre la autonomía local, luego de casi 30 años de vigencia de las normas que regulan el régimen local, en Venezuela, la autonomía municipal se encuentra claramente amenazada y debilitada considerablemente en beneficio de las instancias del Poder Popular; además, en el caso venezolano, se trata de un régimen local cuyo régimen jurídico no llega a cumplir aún los 10 años de vigencia; por lo tanto, el municipio que hoy conocemos, es para muchos ciudadanos un diseño político desconocido.

Cuánta falta ha hecho en Venezuela espacios para el debate político sobre la autonomía municipal como principio constitucional y para que el ciudadano pueda informarse con detalle, así como sucedió con la propuesta de reforma constitucional en el 2007, sobre las consecuencias de un proceso de transformación que va anulando poco a poco la autonomía local.  El tema de la autonomía local no va a poder ser obviado para las elecciones de diciembre 2013, pues es un tema esencial y vital para la propia existencia de los Municipios.

Carlos Romero Mendoza.


[1] Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado. Consejo de Estado: Dictámenes.  26 de junio de 2013. Número 567-2013 http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2013-567
[2]FERNANDEZ, María.  La reducción en sueldo de Concejales será de 146 millones, 2% del ahorro.  El País. 15 de febrero 2013. Online: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/15/actualidad/1360933314_036019.html
[3] PAPELL, Antonio.  La dudosa reforma local. En: El Economista.es. 20 de julio de 2013. Online en: http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/5007750/07/13/la-dudosa-reforma-local.html  


viernes, 12 de julio de 2013

Juventud y Municipio

La Ley del Poder Popular para la Juventud del año 2009, impone el deber a los jóvenes de participar de manera protagónica en la vida política, social, económica, educativa, cultural, deportiva, ecológica, en la defensa integral de la nación y otros ámbitos del interés público. La Ley mencionada agrega a la lista de deberes de la juventud venezolana, la participación activa y corresponsable en el desarrollo nacional, en asuntos de Estado y en el destino de las comunidades. 

En este sentido, resulta interesante reflexionar sobre la oportunidad real y efectiva que tienen los jóvenes de cumplir con estas obligaciones, principalmente, desde el ámbito municipal, asumiendo que es el Municipio la unidad política primaria. Es curioso que la Ley del Poder Popular para la Juventud sólo mencione al municipio en 4 oportunidades, al Alcalde y al Concejo Municipal en una sola oportunidad, tratándose de una Ley con 70 artículos, 3 disposiciones transitorias y 2 disposiciones finales. 

Además, es igualmente curioso que en las competencias exclusivas de los Municipios previstas tanto en la Constitución como en la Ley no se mencionen en ningún momento a la juventud. Se mencionan a los niños, a la tercera edad y a las personas con discapacidad, pero no a los jóvenes. 

La primera vinculación directa que se puede encontrar entre el Poder Público Municipal y los jóvenes del municipio es a través del Consejo Local de Planificación Pública, en la cual una representación de movimientos u organizaciones sociales juveniles pueden participar para incidir en el desarrollo local, pero, esa participación está condicionada al registro de las mismas en el Ministerio con competencia en participación ciudadana. 

La segunda vinculación directa tiene que ver con la única mención que hace la Ley del Poder Popular para la Juventud del Alcalde y de los Concejales, cuando les otorga a éstos últimos, como es lógico, la competencia para dictar una ordenanza que sancione las violaciones a la Ley del Poder Popular para la Juventud y delega la potestad de sancionar a la primera autoridad civil del municipio. La única oportunidad legal que los legisladores diseñaron para la participación efectiva de la juventud en el ámbito municipal es a través del Consejo Popular de Juventud Municipal, el cual incluso podría ser comunal o hasta parroquial.  En este sentido es importante acotar que la Ley del Poder Popular para la Juventud hace mención expresa a la existencia de una jurisdicción comunal. 

La creación, elección de sus integrantes y los requisitos formales deberían estar desarrollados en un reglamento, que aparentemente hasta la fecha de hoy no ha sido dictado. El registro que válida la existencia de estos Consejos del Poder Popular sea municipal, comunal, estadal o nacional, recae en la responsabilidad del Instituto Nacional del Poder Popular para la Juventud. 

Así como en el Consejo Local de Planificación se exige un registro ante el Ministerio con competencia en participación ciudadana a aquellos movimientos u organizaciones sociales que se desarrollen en el ámbito juvenil, en el Consejo del Poder Popular para la Juventud Municipal, sólo podrán participar aquellos grupos organizados que estén debidamente registrados ante el Instituto Nacional del Poder Popular para la Juventud. 

En conclusión el Consejo del Poder Popular para la Juventud Municipal se convierte en el espacio legal para que la juventud pueda cumplir con su obligación de participar en los asuntos públicos y para que también puedan ejercer su derecho a participar, obviamente, y como se puede desprender del espíritu del termino “poder popular”, la participación que garantiza la Ley del año 2009 se orienta hacia la construcción del socialismo. 

Pareciera que formal y legalmente corresponde al Poder Público Municipal, asumir desde su competencia en cultura, deporte, recreación, y prevención el diseño de políticas que involucren a los jóvenes en los asuntos públicos locales. Está claro que diseño legal en Venezuela no crea fuertes vínculos entre el Poder Público Municipal y la juventud que habita y trabaja en el municipio. 

Mientras en España existen por ejemplo un programa en el Ayuntamiento de Córdoba llamado Casa de la Juventud a través de la cual se desarrolla el Plan Córdoba Joven (1), y en Colombia una página web orienta didácticamente a los jóvenes en los pasos para conformar su Consejos de Juventudes Municipales(2), en Venezuela no resulta fácil pensar en el diseño de un Plan Municipal para la Juventud como iniciativa de una competencia exclusiva y directa del Municipio. 

Entonces, ¿qué oportunidad real y efectiva tiene un joven venezolano de participar en asuntos locales para incidir en mejores condiciones para su desarrollo integral desde el Municipio?. 

Carlos Romero Mendoza (3)

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(1)-Ayuntamiento de Córdoba. España. Online el 12 de julio de 2013 en: http://www.ayuncordoba.es/para-la-gente/juventud
(2)-COLOMBIA JOVEN.COM. Online el 12 de julio del 2013 en: http://www.colombiajoven.gov.co/Es/ejestematicosmisionales/Documents/Ruta%20Consejos%20de%20Juventud/ruta_consejeros.swf 
(3)-Recomendación: Pueden revisar trabajo: Poder Popular y Juventud Venezolana. Carlos Romero (2012) En: http://es.slideshare.net/carome31/el-poder-popular-y-la-juventud-en-venezuela

miércoles, 10 de julio de 2013

El Municipio y las Personas con Discapacidad.

Entre las autoridades del Poder Público Municipal y las personas con discapacidad que residen y/o trabajan en el Municipio, según el diseño legal de la Ley para las Personas con Discapacidad publicada en Gaceta Oficial el 5 de enero 2007, hay un tercer actor llamado Unidad Municipal. 

La Unidad Municipal es una instancia local, creada por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad. La Unidad es presidida por una autoridad designada por el Presidente del Consejo Nacional, un representante del Municipio y una representación del vocero de los Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad. El Consejo Nacional de Personas con Discapacidad, en la instancia que tiene la responsabilidad de presentar al Ministerio en materia de Desarrollo Social, para su posterior aprobación, los lineamientos, políticas, planes, proyectos y estrategias en materia de atención integral. 

En el ámbito local, la ejecución de los planes y lineamientos aprobados por el Consejo Nacional corresponde a la Unidad Municipal para las Personas con Discapacidad. Además, cualquier iniciativa adicional de los municipios, así como también la información sobre el manejo de recursos que estos manejen en esta materia, deben ser informadas al Consejo Nacional y a tal fin, pareciera que la vía expresa para ello es la Unidad Municipal. 

El registro municipal de personas con discapacidad, la capacidad de formular denuncias por violación de sus derechos básicos, así como la coordinación de actividades locales que se orienten hacia las personas con discapacidad y la creación de los comités comunitarios de personas con discapacidad, son responsabilidades que reposan directamente en la Unidad Municipal. Igualmente, le corresponde a esta instancia supervisar los servicios y programas sociales que se desarrollen en esta materia a nivel local. 

La autonomía de los municipios queda prácticamente reducida la tarea operativa de garantizar que los permisos de vivienda y estacionamiento cumplan con las condiciones técnicas correspondientes; a sancionar mediante una ordenanza el descuento para las personas con discapacidad en el servicio de transporte público local y por último, en promover el desarrollo de servicios de integración familiar de las personas con discapacidad en el desarrollo comunitario, atendiendo en este sentido a los lineamientos del Plan Nacional de Atención a las Personas con Discapacidad. 

Lo anterior pareciera decirnos que la capacidad del Poder Público Municipal, para innovar, ser creativos y desde lo local asumir mayor responsabilidad en el desarrollo integral de las personas con discapacidad, se concentra, especialmente, en la atención y apoyo a las familias; de esta manera, el Municipio podría contribuir a garantizar que desde la célula fundamental de la sociedad existan las condiciones necesarias para una adecuada integración familiar. 

La experiencia del Ayuntamiento de Madrid, permite identificar algunos programas que facilitan esa integración familiar de la persona con discapacidad a través asistencia y apoyo a domicilio a las familias, promoviendo incluso un servicio de apoyo o acompañamiento puntual, según las necesidades existentes. Además, se establece que desde el Ayuntamiento se construyan ofertas de programas que proporcionen espacios y actividades para el ocio, el tiempo libre y que incluso sean fuera del domicilio, de manera que la familia pueda tener un tiempo de descanso y las personas con discapacidad puedan trabajar su autonomía e integración social de manera más efectiva y con asistencia especializada. Todo esto se acompaña de políticas de información y orientación a las familias y a las personas con discapacidad. 

En cuanto a la participación política de las personas con discapacidad en lo local, la Ley define claramente al Consejo Local de Planificación Pública (CLPP), como la instancia en la cual podrán hacerse representar a través de los Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad, a los fines de debatir y contribuir con la construcción del Plan Municipal de Desarrollo, desde donde podrán incidir en el diseño de un Municipio que facilite la integración y el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. 

En el ámbito estrictamente comunitario, no debe sorprender que el canal de participación se concentre en la figura de los Consejos Comunales, y a tal fin, también los Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad se convierten en la forma de hacerse representar en esas instancias comunitarias. 

Los Comités Comunitarios de Personas con Discapacidad, son creados conforme a un reglamento con la finalidad de viabilizar, organizar y priorizar todas las ideas, propuestas, solicitudes, necesidades y aportes mediante voceros legalmente electos. En este sentido la página web del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (CONAPDIS), no tiene para julio 2013 información alguna que destaque la existencia de ese reglamento, por lo tanto, se fácil concluir con la información pública que se tiene, que aún los Comités Comunitarios no tienen reglas de juego que legitimen su conformación, afectando así la integración efectiva de las personas con discapacidad a los asuntos locales. 

Carlos Romero Mendoza.