jueves, 27 de marzo de 2014

Las faltas absolutas y temporales de los Alcaldes.

La Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), prevé que un Alcalde puede ausentarse de su cargo de manera temporal o bien de manera absoluta.  

Si un Alcalde desea ausentarse por más de 15 días, la LOPPM exige una solicitud de permiso al Concejo Municipal, para que entonces se considere si la ausencia temporal es autorizada o no.  Si es autorizada, entonces el propio Alcalde designa a un funcionario de alto nivel de su equipo ejecutivo para que asuma temporalmente sus funciones.

Si la falta temporal se extiende por más de 90 días, el Concejo Municipal tendrá la responsabilidad de evaluar la situación, analizar las circunstancias y considerar si están dadas las condiciones para declarar la ausencia como absoluta.  

Al declararse la falta absoluta, habiendo transcurrido menos de la mitad del período para el cual fue elegido el Alcalde, entonces debe procederse a una nueva elección.   Si la decisión ocurre luego de la segunda mitad del período, el Concejo Municipal designará a un nuevo alcalde que concluirá el período legal establecido.

Para la LOPPM hay ausencia absoluta cuando: ocurre la muerte del alcalde; o bien cuando una junta médica certifica que hay una incapacidad física o mental permanente que impide el ejercicio de las funciones; cuando existe una sentencia firme decretada por un Tribunal contra el Alcalde, y por último, cuando hay un revocatorio del mandato popular.

La Ley establece también que cuando hay una detención judicial, compete al Concejo Municipal elegir a un suplente, que debe ser el funcionario de más alto cargo, de alto nivel del Ejecutivo.   No deja claro la Ley,  si la detención judicial genera una ausencia temporal o una ausencia absoluta, por lo que deja a la interpretación de los hechos la respuesta al respecto.

Una duda similar ocurrió cuando ocurrió la autorización para enjuiciar al ex-presidente Carlos Andrés Pérez, entonces hubo discusiones académicas y políticas sobre la relación entre falta absoluta y relativa, y el Congreso de la República procedió a declarar primero la falta relativa, permitiendo que Octavio Lepage asumiera temporalmente la presidencia y luego procedió a declarar la falta absoluta, que fue cuando Ramón J. Velásquez procedió a asumir la presidencia hasta terminar el período de gobierno.

La fórmula jurídica de asumir primero una falta temporal y luego una absoluta fue asumida por el Concejo Municipal del Municipio San Cristóbal, de manera que designó de manera temporal a Sergio Vergara, como Alcalde temporal[1] y como bien lo anunció el Presidente del Concejo Municipal, tan pronto transcurran los 90 días o que sean notificados de la decisión firme del Tribunal Supremo de Justicia, entonces se declarará la falta absoluta[2].

En el caso de San Diego, en un principio algunos integrantes del Concejo Municipal, en su mayoría electos bajo el compromiso de la Unidad, expresaron públicamente que el Concejo no designaría a un nuevo alcalde y que se mantendrían en resistencia activa y en la calle, pero no avalarían la decisión del Tribunal Supremo de Justicia[3].   Y por supuesto desde el Consejo Legislativo Regional se advirtió que de no procederse conforme a la LOPPM, entonces se estaba incumpliendo la ley.

Más adelante el Concejo Municipal decidió designar a Pablo Antonio Domínguez como alcalde encargado de esa localidad, Presidente del Instituto Autónomo de Función, Mantenimiento y Conservación Urbana y Ambiental del Municipio San Diego[4]. La decisión fue tomada argumentando que por no tener notificación de la sentencia para calificar la ausencia como absoluta o temporal, y siendo evidente que hay una detención judicial, procede el Concejo Municipal a designar un Alcalde interino como lo exige la LOPPM[5].

En uno y en otro caso, el gobierno ha anunciado que prepararán el calendario para unas nuevas elecciones locales en el municipio San Cristóbal, estado Táchira y en el municipio San Diego, estado Carabobo[6].  

Esta elección coloca nuevamente en agenda pública la omisión de la Asamblea Nacional de activar el proceso para la conformación del denominado Comité de Postulaciones Electorales para elegir a los nuevos integrantes del Consejo Nacional Electoral, previsto en el artículo 295 de la Constitución, pues serán esos integrantes los rectores del proceso electoral y la mayoría de ellos tienen ya sus cargos vencidos.  Importante es señalar que el tema ha sido planteado por varios actores políticos en las exigencias políticas para el posible diálogo en Venezuela.

Carlos Romero Mendoza.





[1] La Nación. Hasta ahora sólo hay una falta temporal del alcalde. 26 de marzo 2014. Online en:http://www.lanacion.com.ve/regional/hasta-ahora-solo-hay-una-falta-temporal-del-alcalde/
[2] La Nación. Presidente del Concejo Municipal asumirá alcaldía de San Cristóbal hasta posesión del nuevo alcalde. 26 de marzo de 2014. Online en: http://www.lanacion.com.ve/regional/presidente-del-concejo-municipal-asumira-alcaldia-de-sc-hasta-posesion-de-nuevo-alcalde-video/
[3]El Universal.  Cámara Municipal de San Diego se niega a nombrar Alcalde Interino. 20 de marzo de 2014. Online en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/protestas-en-venezuela/140320/camara-municipal-de-san-diego-se-niega-a-nombrar-alcalde-interino
[4]El Universal.  Designan a Pablo Antonio Dominguez como alcalde encargado de San Diego. 20 de marzo de 2014. Online en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140320/designan-a-pablo-antonio-dominguez-como-alcalde-encargado-de-san-diego
[5] Notitarde.com.  Designan a Pablo Dominguez como alcalde encargado de San Diego. 20 de marzo de 2014. Online en: http://www.notitarde.com/Valencia/Designan-a-Pablo-Dominguez-como-alcalde-encargado-de-San-Diego/2014/03/20/316174
[6] Correo del Orinoco. CNE convocará a elecciones en San Diego y en San Cristóbal en las próximas horas. 26 de marzo de 2014. Online: http://www.correodelorinoco.gob.ve/regiones/cne-convocara-a-elecciones-san-diego-y-san-cristobal-proximas-horas/

miércoles, 26 de marzo de 2014

El Poder Público Municipal y la orden de la Sala Constitucional.

Bogotá, Colombia; San Diego, Carabobo y San Cristóbal, Táchira, han experimentado la destitución de su máxima autoridad local a través de mecanismos jurídicos que irrumpen políticamente y modifican en la práctica la expresión de voluntad popular expresada a través del voto.

En Bogotá, Colombia, Gustavo Petro, fue destituido e inhabilitado por 15 años por la Procuraduría General de ese país, luego de hallarlo responsable del caos en la recolección de basura en la ciudad.   Petro tuvo derecho a intentar un recurso frente a la misma Procuraduría, pero el mismo no logró modificar la decisión de la Procuraduría. 

En el 2011 también sucedió lo mismo con Samuel Moreno, quien fue destituido como alcalde de Bogotá, como consecuencia de haberse declarado su omisión en la vigilancia de la ejecución de obras en el caso de Transmilenio, éste ex alcalde está aún en prisión.

En Venezuela, Vincencio Scarano, elegido como alcalde de San Diego y Daniel Ceballos, alcalde legítimo de San Cristóbal, han sido destituidos en el ejercicio de sus funciones por la Sala Constitucional  del Tribunal Supremo de Justicia, sanción que resulta cuestionable por violentar el principio del debido proceso.  Además, ambos alcaldes han sido también condenados, por la misma Sala Constitucional, a 10 meses y 15 días el primero de los mencionados y el segundo a 12 meses, como consecuencia del desacato en que han incurrido a la orden que les ha dado la Sala Constitucional.

El TSJ ordenó a ambos Alcaldes que procedieran a garantizar el libre transito de personas y vehículos, evitar los obstáculos que pudieran impedir ese libre tránsito o que existiendo el obstáculo, procedieran a removerlos. Además,  ordenó garantizar en la zona la limpieza y el aseo urbano y domiciliario, velar por el ambiente y saneamiento; así como también a través de la policía municipal buscar segurar la paz social, la convivencia y el ejercicio pacífico de los derechos y cumplimiento de la Ley.

En la lista del Poder Judicial, se ha anunciado acciones contra otras autoridades locales, todas electas bajo el compromiso de la Unidad, se trata de los Alcaldes de los Municipios: El Hatillo, Baruta, Chacao y Sucre, del área metropolitana; Maracaibo, estado Zulia; Diego Bautista Urbaneja, estado Anzoátegui; Mérida[1], estado Mérida;  Maneiro y Mariño estado Nueva Esparta[2]. Ultimas Noticias anunciaba el pasado 21 de marzo la existencia de varias ordenes de captura contra los alcaldes de los municipios Cárdenas, Córdoba, Junín y Bolívar, del estado Táchira[3].

La destitución de los dos alcaldes y las amenazas contra otros alcaldes de la Unidad, a todas luces es una clara estrategia política para enfrentar las protestas que se han venido desarrollando en los distintos municipios; el TSJ se aprovecha de la protesta, para buscar debilitar el Poder Público Municipal, imponiendo una “barricada legal” para evitar que hayan buenas gestiones locales a través de las cuales los ciudadanos puedan experimentar y sentir el valor de la democracia plural y participativa.

La Asociación de Alcaldes de Venezuela tiene un gran reto, explicar a los ciudadanos las razones jurídicas que soportan la violación al debido proceso en estos dos casos, para que desde sea comprensión, el ciudadano entienda que el derecho a la protesta legítima, se está criminalizando a través de la figura de los alcaldes.  

Pero también es necesario reflexionar sobre la capacidad del diálogo y negociación entre alcaldes y vecinos, para garantizar el equilibrio entre la protesta legítima y la garantía de los derechos constitucionales a que hace mención el TSJ. Algunas entrevistas a algunos actores vinculados con el oficialismo, argumentan que los Alcaldes a través del servicio de Policía Comunal, tenían la capacidad de negociar con los ciudadanos para garantizar por un lado la protesta pacífica, y por otro, evitar las barricadas como obstáculo que lesionan los derechos constitucionales a que hace mención la orden de la Sala Constitucional.

En este sentido hay que advertir que la quinta orden de la Sala Constitucional a los Alcaldes es copia casi fiel y exacta a la norma que desarrolla el rol de la Policía Comunal en la Ley de Servicio de Policía y de Cuerpo de Policía Nacional (Art. 48); servicio que debe prestar las Policías Municipales. 

La orden del TSJ en su punto 5 señala:

….
5.      Despliegue las actividades preventivas y de control del delito, así como, también en el ámbito de sus competencias, promover estrategias y procedimientos de proximidad con las comunidades de sus espacios territoriales, a fin de lograr la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales con el propósito de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio pacífico de los derechos y el cumplimiento de la ley.
…..

El artículo 48 de la Ley de Servicio de Policía y de Cuerpo de Policía Nacional dice:

Los cuerpos de policía comunal, en el ámbito de su competencia, promoverán estrategias y procedimientos de proximidad a la comunidad, que permitan trabajar en espacios territoriales circunscritos, para facilitar el conocimiento óptimo del área y la comunicación e interacción con sus habitantes e instituciones locales, con la finalidad de garantizar y asegurar la paz social, la convivencia, el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de la ley.

La decisión que ha tomado el TSJ de destituir a estos dos Alcaldes abre un debate político local, que debe ser público, pues activa en un futuro inmediato un proceso electoral para elegir a una nueva autoridad local.

Además, esta decisión del TSJ facilita que el debate local se empodere de una de las exigencias que varios actores políticos hicieron semanas pasadas en la búsqueda de condiciones para el diálogo con el gobierno y que se trata en este caso específico en la demanda por la renovación de los cargos de la mayoría de los rectores del Consejo Nacional Electoral.

Se hace necesario el encuentro entre ciudadanos, partidos, sociedad civil organizada, concejales y diputados en la defensa del Poder Público Municipal, omitir esta tarea, es debilitar al Municipio como organización política e institucional más cercana al ciudadano, y es facilitar el camino hacia el Estado Comunal presentado como una supuesta oferta alternativa de autogobierno local.

Carlos Romero Mendoza



[1] AVN.  Denuncian alcalde de Mérida por no garantizar seguridad y orden público. 13 de marzo de 2014. Online en:  http://www.avn.info.ve/contenido/denuncian-alcald%C3%ADa-m%C3%A9rida-ante-mp-no-garantizar-seguridad-y-orden-p%C3%BAblico 
[2] Sol de MargaritaAlcaldes de Maneiro y Mariño podrían ser destituidos. 24 de marzo 2014. Online en: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:129780
[3] Ultimas Noticias.  Denuncian ordenes de captura contra cuatro alcaldes en Táchira. 21 de marzo de 2014. Online en: http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/actualidad/politica/denuncian-ordenes-de-captura-contra-cuatro-alcalde.aspx 

miércoles, 19 de marzo de 2014

Nace Asociación de Alcaldes de Venezuela.

Se aplaude la creación de Alcaldes de Venezuela, según nota de prensa, su junta directiva estaría integrada por 3 alcaldes de la zona metropolitana: Carlos Ocariz, David Smolansky y Gerardo Blyde; y por 2 Alcaldes de la provincia representados por Virginia Contreras y Alfredo Ramos. Según la nota de prensa, también integra la junta directiva, Antonio Ledezma, Alcalde Metropolitano[1]. Tal vez un poco más de equilibrio geográfico en esa junta directiva, ayudaría para balancear la visión plural del presente.

El Alcalde del Municipio Sucre, Carlos Ocariz, presentó la Asociación e indicó que se integra con más de 70 alcaldes y que sus objetivos persiguen buscar la eficiencia entre los municipios, ser la voz del pueblo, defensa de los municipios y sus competencias.

Recordemos que en el año 2011, se intentó crear la Asociación de Alcaldes del Pueblo, cuyo presidente era Emilio Graterón, ex Alcalde del Municipio Chacao, entonces con la participación de 26 Alcaldes intentaron sin mucho éxito coordinar sus esfuerzos como autoridades locales.

En aquella oportunidad, el compromiso de aquél grupo de Alcaldes fue la defensa de la descentralización, y la justa discusión y distribución presupuestaria que correspondía para el año 2012.[2]

Luego de 2 años la realidad ha cambiado, principalmente los nuevos Alcaldes responden a un Poder Público Municipal recién legitimado, unidos bajo un mismo compromiso de Unidad que debería ser renovado en el marco de esta Asociación de Alcaldes de Venezuela.

La realidad país y las amenazas concretas del TSJ a algunos de los municipios, puede representar el inicio de un proceso de asfixia institucional, amparándose en los derechos constitucionales.

La dinámica local, y el deterioro extraordinario que sufre la democracia local, exige más que nunca que los Alcaldes para asumir esa “voz del pueblo”, a que se refiere Carlos Ocaríz en su declaración, abran los espacios para el diálogo y el encuentro con sus propios vecinos, que son los mismos electores.  Los vecinos necesitan aclarar el alcance e impacto de medidas como las que tomó el Tribunal Supremo de Justicia.

La Asociación no puede desconocer que el Poder Público Municipal se integra por Concejales, por lo tanto es esencial que desde la Asociación se analice y se compartan las experiencias vividas en la gobernabilidad local, pues allí hay un elemento clave para lograr una mayor y mejor defensa del Municipio frente al Poder Central.

Resulta indispensable que la Asociación no descuide el tema del desarrollo local, pues no cabe la menor duda que el diseño legal del Consejo Local de Planificación Pública, facilita, fortalece y garantiza la participación del poder popular, aniquilando expresamente la diversidad social que caracteriza a cualquier sociedad.

El tema presupuestario es un problema, pero con  o sin recursos, ningún municipio puede sobrevivir si no logra rescatar o reconstruir el espíritu municipal de sus vecinos, y ello solo se logra a través del diálogo y el encuentro.    

La orden de levantar las barricadas o guarimbas, representa una oportunidad, para conectar con el vecino, e informar sobre los alcances de la sentencia del TSJ; pero también, es una oportunidad para contribuir a fortalecer la organización local, que está allí activada en la protesta, crear los vínculos que logre construir una Red Ciudadana con la cual se pueda abrir un diálogo y un debate cívico sobre las amenazas que afectan al Municipio, sus instituciones y a sus ciudadanos en consecuencia.

Todos perdemos mucho, si los Alcaldes no interpretan adecuadamente su rol como actores y facilitadores políticos de este proceso de rescate institucional del municipio, a través de la defensa de su autonomía relativa, mirando como norte el rescate de la Constitución para poder recorrer el camino hacia el Estado Federal y Descentralizado.  

Es el momento para que los Alcaldes en el marco de la Constitución promuevan al Municipio como la única alternativa viable de organización política, que además de ser constitucional, puede garantizar eficiencia y mejoras en el bienestar común.  

El éxito de esta Asociación de Alcaldes de Venezuela, estará medido en el futuro inmediato, cuando el pueblo soberano evalúe en cada comunidad si la figura del Alcalde se fortaleció y logró cumplir su gestión con autonomía o por el contrario como el Alcalde se convirtió en un agente del Ejecutivo Nacional.
 
Carlos Romero Mendoza.

 

[1] Noticias24.com. Oposición crea Asociación de Alcaldes por Venezuela. 19 de marzo 2014. Online en:http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/229243/reunion-de-alcaldes-opositores-del-pais-se-lleva-a-cabo-en-el-municipio-sucre/

[2] Noticias24.com.  Grateron: “Vamos a dar la pelea por los recursos que les corresponde a los ciudadanos.  25 de octubre 2011.  Online en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/3904/grateron-%E2%80%9Cvamos-a-dar-la-pelea-por-los-recursos-que-les-corresponden-a-los-ciudadanos%E2%80%9D-fotos/

jueves, 13 de marzo de 2014

Los Alcaldes opositores y las Guarimbas.

Con fecha 10 de marzo PPT informaba que preparaban una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra los Alcaldes por no garantizar el orden público y no proteger a la comunidad, en su condición de primera autoridad política, administrativa y policial del gobierno municipal.

En esa lista de alcaldes que PPT acusa como promotores de guarimbas, se incluyen a los Alcaldes de Rubio, San Antonio, La Fría y San Cristóbal del estado Táchira.  Libertador del Estado Mérida.  Municipios Chacao, Baruta, Sucre, Los Salias, del estado Miranda.  Diego Bautista Urbaneja (Lecherías) estado Anzoátegui y Maracaibo, estado Zulia[1].

Con fecha 13 de marzo de 2014 una nota de prensa advertía que se consignaría una denuncia contra el alcalde Gustavo Marcano de Urbaneja (Lecherías – Anzoátegui) y contra el coordinador regional de Voluntad Popular, Armando Armas, por la promoción de Guarimbas.[2] 

Las acciones continúan con el Alcalde del Municipio Libertador (Mérida) del Estado Mérida, Carlos García, en tal sentido una nota de prensa de hoy 13 de marzo de 2014 anuncia que se interpuso ante el Ministerio la denuncia contra éste Alcalde por no garantizar el orden público.[3]

Hoy se concretó la denuncia contra los alcaldes de los municipios Baruta, Gerardo Blyde y el Hatillo, David Smolansky, con la orden del TSJ de levantar las barricadas.  En tal sentido la orden recordó la competencia municipal en el ordenamiento del tránsito de vehículos y personas, así como tambíen, el rol del Municipio a través de la Policia Comunal, de garantizar cercanía o proximidad con los vecinos para articular esfuerzos y promover la paz y la convivencia.

Gerardo Blyde, desde la sede de la Alcaldía, con la presencia de su equipo y de Concejales del Municipio, aseguró que la sala constitucional no tiene competencia para admitir la demanda, pues al tratarse de intereses locales debe ser admitida por un tribunal civil y acusó al TSJ de iniciar el caso violando su derecho a la defensa.

Así mismo, Blyde rechazó cualquier tipo de actos violentos. “He insistido siempre en que el legítimo ejercicio del derecho a la protesta de unos no puede impedir el derecho a la circulación de otros. Tenemos que llegar entre vecinos a un equilibrio”. [4]

David Smolansky, desde un espacio público del Municipio El Hatillo, con su equipo y acompañado de vecinos, afirmó que “lo que esta sentencia busca es que uno como alcalde nos enfrentemos a los vecinos. Yo jamás me enfrentaré a los vecinos del municipio El Hatillo”.    Y sobre la denuncia, afirmó que no tiene nada que temer, ni esconder y que allá, en el TSJ, acudirá en compañía de los vecinos de El Hatillo.

Además, agregó: “no nos van alejar de lo que es nuestra posición de lo que está ocurriendo en nuestro país.  Nosotros sí hemos apoyado manifestaciones pacíficas, organizadas, no violentas y las vamos a seguir apoyando, eso si, siempre en el marco de la Constitución”.[5]

Dos casos más se han anunciado en la agenda del gobierno, el primero se trata de la denuncia contra el Alcalde de Chacao, Ramón Muchacho por parte del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), por los daños a las oficinas del Instituto ubicadas en la Torre Británica de Altamira.

El segundo, es el caso de Daniel Ceballos, Alcalde de San Cristóbal, a quien durante la campaña electoral, ya era acusado de tener una agenda violenta, por parte del gobernador Vielma Mora; incluso, en días pasados, hasta su compañero de partido y colega Alcalde del municipio Pedro María Ureña, empezó a deslindarse de la actuación del Alcalde de San Cristóbal en las protestas de San Cristóbal.[6]

Somos testigos de un clara estrategia política del gobierno nacional para debilitar las gestiones locales de Alcaldes que el pasado diciembre 2013, lograron con su triunfo electoral, fortalecer al diseño del Poder Público Municipal frente al diseño del Poder Popular que se quiere imponer y que asfixia la oportunidad de experimentar el valor de la democracia local.

Carlos Romero Mendoza.



[1] Radio Mundial. PPT denunciará a los alcaldes que actúan como operadores de guarimbas. 10 de marzo de 2014. Online en: http://www.radiomundial.com.ve/article/ppt-denunciar%C3%A1-los-alcaldes-que-act%C3%BAan-como-operadores-de-guarimbas
[2] El Tiempo. Hoy consignan denuncia contra Gustavo Marcano y Armando de Armas. 13 de marzo de 2014. Online en: http://eltiempo.com.ve/locales/barcelona/denuncia/hoy-consignaran-denuncia-contra-gustavo-marcano-y-armando-armas/130170
[3]La Patilla. Denuncian a la alcaldía de Mérida por no garantizar el órden público. 13 de marzo de 2014. Online en: http://www.lapatilla.com/site/2014/03/13/denuncian-a-la-alcaldia-de-merida-por-no-garantizar-orden-publico/
[4] Analitica. Gerardo Blyde. No vamos a reprimir protestas en Baruta. 13 de marzo de 2014. Online en: http://www.analitica.com/va/sintesis/nacionales/1861693.asp
[5] Noticias24.  Smolansky ante la sentencia que recibió del TSJ: “Jamás me enfrentaré a los vecinos del Hatillo”. 13 de marzo de 2014. Online en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/227968/smolansky-ante-la-sentencia-que-recibio-del-tsj-no-tengo-nada-que-esconder/
[6]30 minutos.  Alcalde de Ureña acusa a Ceballos de llevar agenda de violencia a la entidad. 09 de marzo 2014. Online en: http://www.30minutostachira.com/politica/alcalde-de-urena-acusa-a-ceballos-de-llevar-una-agenda-de-violencia-en-la-entidad/

sábado, 1 de marzo de 2014

Diálogo Local una iniciativa para recuperar la convivencia pacífica.

La dinámica política del país, en estos tiempos tan complicados, identifica en cada pronunciamiento de los actores políticos, al menos 2 exigencias básicas, que además de ser comunes, son esenciales para poder abrir el camino hacia cualquier diálogo de paz: 1.- El desarme de los grupos violentos. 2.- El respeto y reconocimiento a la pluralidad política, que exige la no criminalización de la protesta.

Esas dos condiciones son esenciales para que pueda prosperar la propuesta del Presidente Maduro de impulsar su Conferencia de Paz en Táchira, Mérida y Miranda[1].  En este sentido, el Alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos, ya tomó una importante iniciativa, que ha sido poner al Municipio y su institucionalidad al servicio del diálogo y en su condición de representante legítimo, convocó a una Asamblea de Ciudadanos en la Plaza Juan de Maldonado, sitio geográfico donde en 1561 se fundó San Cristóbal.

En esa Asamblea, se leyó el Manifiesto de Dignidad de los Tachirenses, en el cual, los vecinos recordaron la razón de la indignación tachirense, que se sustenta en la defensa de “sus principios, luego de sentirse maltratados con los racionamientos, la escasez, la inseguridad y las ofensas, al ser calificados como: contrabandistas, paramilitares, terroristas, fascistas, entre otros calificativos que nada tienen que ver con los andinos”.[2]

El Alcalde Ceballos informó en esa Asamblea que las autoridades estadales y nacionales habían sido convocadas pero no asistieron, en ella el Alcalde le pidió a sus vecinos: mantenerse en la calle en Resistencia contra las políticas económicas, la inseguridad, exigiendo la libertad de los presos políticos, siempre garantizando una protesta pacífica, y sin violentar el derecho de los ciudadanos.  Además convocó a Asambleas en cada zona de la ciudad.

En la Asamblea los ciudadanos pidieron la palabra, expusieron sus ideas, y los estudiantes presentaron sus exigencias, así como también, compartieron la agenda de la protesta pacífica.

La Asamblea de Ciudadanos es un espacio constitucional, que facilita el camino hacia el diálogo directo desde la misma comunidad, garantizando así  la pluralidad, el espíritu comunitario y vecinal, para acercar al ciudadano la oportunidad real de expresarse sobre la intolerancia y los hechos violentos que atentan contra la convivencia pacífica de la ciudad.

El pasado mes de diciembre, la realización de elecciones locales fortaleció la figura del Municipio frente al diseño Comunal que se plantea, y que cada día que pasa, va quedando sin ese espíritu comunal que el fallecido Presidente acusó su ausencia en octubre 2012.  

¿Cuál es el rol de los Alcaldes en estos momentos?.   Porque aún cuando intenten mantener su neutralidad, ya el gobierno les ha acusado de ser responsables de la violencia y de la Guarimba.   Nuevamente el Gobierno actúa demostrando no entender que para la Paz, hay que demostrar voluntad para dialogar y eso pasa por el respeto todos los actores, entre ellos los representantes legítimos de un pueblo.[3]

Ha pasado 2 meses de aquella reunión con el Presidente, y pese a crear una Comisión de Seguimiento, públicamente, no se ha conocido Agenda Unica de los Alcaldes para trabajar con el Gobierno central.

¿No son estos momentos oportunos para reforzar el rol del Municipio como actor en la construcción de un camino hacia el diálogo social para la Paz, y por lo tanto fortalecerlo como unidad política primaria?.   Los estudiantes están allí en la calle con su voz de protesta y los alcaldes y concejales allí observando en silencio.   

Ceballos con su iniciativa política, centra la discusión con el pueblo en un espacio legítimo y constitucional, que permite al ciudadano experimentar el valor de lo local y de la democracia. Nos recuerda Ceballos con su iniciativa, que precisamente aquello que conocemos como primer grito de independencia nació desde un cabildo y con la gente en 1810.    

Los diálogos promovidos por  este gobierno y por el anterior gobierno nunca han resultado, la concepción ideológica les limita en los resultados; por lo tanto, el diálogo planteado por un Alcalde desde lo local en exigencia del respeto al gentilicio de un pueblo y en reclamo por el fracaso de un modelo, puede resultar una vía novedosa, además coherente al deber ser de una democracia en la que coexisten la representación con la participación.  

¿Funcionará esa iniciativa local para poner orden en San Cristóbal?, dependerá por un lado, de la voluntad política y la disciplina del Alcalde en ese diálogo con el pueblo; y por otro, de la voluntad del ciudadano, que sienta honesta la iniciativa de acercamiento, libre en la participación y escuchado con respeto por la autoridad

Carlos Romero Mendoza.




[1]AVN. Maduro propone instalar conferencias de Paz en los Estados del País. 01 de marzo 2014. Online: http://www.avn.info.ve/contenido/maduro-propone-instalar-conferencias-paz-estados-del-pa%C3%ADs
[2]La Nación.  Ya no se trata de chavistas y opositores, todos hacemos colas y padecemos lo mismo. 01 de marzo del 2014. Online en: http://www.lanacion.com.ve/regional/ya-no-se-trata-de-chavistas-y-opositores-todos-hacemos-colas-y-padecemos-lo-mismo/
[3] Noticias Venezolanas.  Díaz: Alcaldes de oposición están ayudando a las Guarimbas. 28 de febrero 2014. Online en: http://www.noticiasvenezolanas.com.ve/index.php/708706/diaz-alcaldes-de-oposicion-estan-ayudando-en-las-guarimbas/