martes, 26 de agosto de 2014

El Ciudadano y sus deberes en materia de residuos y desechos sólidos.

La gestión integral de residuos y desechos sólidos es un servicio público que el Estado debe garantizar y el mismo debe ser prestado de manera continua, regular, eficaz, eficiente e ininterrumpida y en corresponsabilidad con la comunidad organizada.

El derecho de la comunidad organizada a participar en esta materia es reconocido por la Ley de Gestión Integral de Residuos y Desechos Sólidos de diciembre 2010 y en consecuencia, el Estado debe tomar las acciones necesarias para facilitar una efectiva participación de los ciudadanos.  El acceso a la información, resulta una herramienta muy importante para lograr satisfacer con éxito esa tarea.

La calidad de la información y la facilidad de acceder a ella, determina la calidad en la participación ciudadana; una mayor inclusión de los vecinos en los temas ambientales que impactan a la comunidad y a la ciudad, permite una mayor sensibilización y facilita el camino de un proceso educativo, formal y no formal, orientado a mejorar la cultura ambiental.

La información y la educación son aliadas importantes para una participación efectiva y también para facilitar a cada ciudadano el cumplimiento de sus propios deberes, pues esa alianza contribuye a una mayor sensibilización y en consecuencia a una mejor respuesta del ciudadano para:

-Cumplir con las normas y recomendaciones técnicas establecidas en materia de gestión de desechos y residuos solidos.

-Almacenar los residuos y desechos sólidos con sujeción a las normas sanitarias y ambientales, para evitar daños a terceros y facilitar su recolección.

-Abstenerse a arrojar residuos y desechos fuera de los sitios, recipientes y contenedores colocados para su acopio; así como de colocarlos fuera de los horarios establecidos para la recolección.

Para lograr que haya un importante nivel de cumplimiento de estos tres deberes expresamente señalados en la Ley, resulta muy útil que la Alcaldía y/o el Concejo Municipal impulsen espacios para la divulgación, el conocimiento y la discusión de la ordenanza que regula esta materia, además, de las instituciones locales responsables a nivel local de garantizar este servicio público.

La aprobación de un horario y colocación de depósitos sin un proceso previo de sensibilización ciudadana sobre la importancia de esas acciones, es una apuesta a ciegas al resultado esperado.

Además de estos deberes mencionados, el legislador también impuso otra obligación, a través de la cual, se puede justificar un programa de contraloría social sobre desechos y residuos sólidos, se trata del deber que todo ciudadano tiene de informar a las autoridades competentes de las infracciones que cometan los generadores y operadores de los residuos y desechos sólidos, en contra de la normativa existente.  

Es oportuno mencionar que el artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, establece expresamente que el Concejo Municipal mediante reglamento, puede impulsar comisiones de vecinos, a través de las cuales, éstos puedan vigilar el buen funcionamiento de los servicios públicos, por lo tanto, si los ciudadanos están obligados a informar a las autoridades sobre este servicio público, entonces es perfectamente viable crear esta clase de comisiones como espacio formal e institucional de interacción entre vecinos y autoridades locales para evaluar y monitorear el servicio público de gestión integral de desechos y residuos sólidos.

Igualmente, el Concejo Municipal, puede ampliar las funciones de alguna de sus comisiones permanentes o crear una para facilitar la discusión y debate con los vecinos sobre esta materia ambiental, de manera que siempre exista un espacio institucional para la generación de propuestas y recomendaciones de políticas públicas locales en esta materia,

La participación ciudadana es un derecho[1] pero también es asumida por el legislador como un deber ciudadano, y en este sentido, el deber se orienta hacia la participación en programas de reducción de la generación de residuos y desechos, así como para la recuperación, reutilización y reciclaje de envases, empaques y afines.

Por último, no podía faltar, la mención expresa en la Ley de la obligación de pagar las tasas respectiva por servicios prestados por el municipio, cancelar las multas que haya lugar y otras cargas aplicadas por las autoridades competentes.  

En momentos donde el servicio de recolección de desechos y residuos sólidos está en crisis, cobra importancia la necesidad de interactuar ciudadanos y autoridades en la búsqueda de posibles soluciones o acciones que mitiguen los efectos de la crisis existente.   En tal sentido figuras como las mencionadas, pueden terminar presentando recomendaciones en un cabildo abierto para que desde ese espacio constitucional se logre aprobar un plan de contingencia, si el nivel de la crisis así lo exige, de manera corresponsable con los ciudadanos.


Carlos Romero Mendoza.

[1] Carlos Romero.El Ciudadano en la gestión de residuos y desechos sólidos. En:  Algo sobre lo Municipal.blogspot.com.  22 de agosto de 2014. Online en: http://www.algomunicipal.blogspot.com/2014/08/el-ciudadano-en-la-gestion-de-residuos.html

viernes, 22 de agosto de 2014

El ciudadano en la gestión de residuos y desechos sólidos.

La crisis en la prestación de servicio de recolección de residuos y desechos sólidos que impacta a varios municipios del país, demanda no sólo de información adecuada y oportuna, sino de un plan de respuesta que logre aminorar esos problemas que hacen de la crisis un obstáculo en la tarea garantizar una buena gestión pública.

En la búsqueda de esas acciones oportunas, reales y viables para enfrentar esa crisis en la recolección de la basura, los vecinos jugamos un papel esencial, que además, es reconocido en la Ley de Gestión Integral de la Basura, aprobada el 30 de diciembre de 2010.

En principio la Ley es bien amplia en cuanto a los actores que pueden participar en la definición, ejecución, control y evaluación de la gestión y manejo integral de los residuos y desechos sólidos, en tal sentido la única exigencia que hace es que esos actores tengan la capacidad y responsabilidad para participar.

Por lo tanto, cualquier persona jurídica o natural, puede participar en la elaboración de planes, programas y proyectos en esta materia, previo convenido expreso con las autoridades respectivas; criterio que se reitera, cuando la Ley desarrolla la contraloría social, pues si bien allí establece que una de las formas de hacer contraloría es a través de los Consejos Comunales, advierte también, que cualquier comunidad o grupo social organizado que desarrolle actividades de contraloría pueden también ejercer en esta materia, este mecanismo de participación.

La garantía al derecho de participación ciudadana en esta materia, está expresamente señalado cuando el legislador advierte que las comunidades organizadas podrán insertarse en el proceso de toma de decisiones de las distintas actividades que tengan que ver con el manejo de los residuos y desechos sólidos, en coordinación con las respectivas autoridades y dentro del marco legal.   

Esa pluralidad de actores, pareciera verse restringida cuando el artículo 11 de la Ley omite al ciudadano como integrante de la organización institucional para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos.   Entre estos integrantes menciona a los órganos del poder público nacional, estada y municipal; al poder popular y a las empresas socialistas para la gestión de los residuos y desechos, por último incorpora un actor que es Consejo Nacional para la Gestión de los Residuos y Desechos.

Ante esta situación, el propio legislador, obligó expresamente a interactuar con las comunidades de manera que se pueda garantizar el conocimiento, discusión y manejo de asuntos relacionados con la prestación del servicio, para mejorar calidad, eficiencia y eficacia; los temas relacionados con el sistema tarifario, modificaciones o ajustes de tasas por los servicios y aquellos aspectos que requieren de respuestas a los requerimientos de las comunidades con relación a la gestión y manejo de los residuos y desechos sólidos.

En conclusión, el espíritu de esta ley garantiza una plural participación que facilita políticas de inclusión social, y además brindan suficiente información jurídica que favorece la tesis de la oportunidad que tienen los Municipios de convocar a un Cabildo Abierto para que entre autoridades y ciudadanos, se encuentren para analizar el problema de la Basura y construir propuestas que logren aminorar las consecuencias de una crisis que en esta materia, puede convertirse en un problema de salud pública, según sea el nivel de la crisis.

Por otro lado la misma Ley cuando garantiza el derecho a acceder a la información y obtener datos relacionados con el manejo integral de residuos y desechos sólidos,  genera en consecuencia otro elemento favorable para la tesis del Cabildo Abierto, pues resulta un mecanismo idóneo, además constitucional, para intercambiar información, facilitar la participación y buscar posibles soluciones.

Sin duda alguna esta Ley facilita la inclusión social y la oportunidad de promover espacios de participación para que ciudadanos y gobiernos locales trabajen en conjunto en la tarea de enfrentar la crisis y abordar con mayor legitimidad las causas de las mismas.

Estas acciones y la exigencia de incluir la voz del ciudadano en la búsqueda de soluciones a la crisis, es parte de la ruta que hay que seguir para hacer respetar nuestro derecho a acceder a un servicio de aseo urbano eficiente, eficaz y que además, permita a todos por igual, disfrutar de espacios públicos libres de residuos y desechos.

Nuestra participación nos hace ejercer nuestro rol ciudadano en la tarea de garantizar la mayor protección posible de la salud y el ambiente, frente a los riesgos o daños que se pueden producir durante las operaciones de gestión de los residuos y desechos sólidos.

Por último, el legislador consciente del rol ciudadano, dejó expresamente señalado nuestro derecho a acceder a la formación y capacitación básica que permita una cultura de producción y consumo ambiental más responsable, en otras palabras, advirtió que para mejorar nuestra participación y con ella lograr una mejor cultura ambiental la educación ambiental es esencial, incluso desde la Ley orienta esa educación no sólo a la población en general sino que la ubica desde el propio contenido del currículo escolar.

En conclusión, la normativa que regula el tema de la Basura, facilita el diseño de cualquier plan municipal que aborde de manera estratégica la sensibilización de los vecinos y las posibles acciones para enfrentar una crisis que es evidente y notoria.  Además, alimenta la tesis que tal propuesta puede tener como espacio institucional, además constitucional, la figura del Cabildo Abierto, lo cual es coherente con el principio de una Administración Pública al servicio del ciudadano y por demás, responsable.
 
Carlos Romero Mendoza. 

martes, 19 de agosto de 2014

La planificación local y el Plan de la Patria

El Plan de la Patria fue el contenido central de la Primera Jornada de Formación del Programa de Planificación Local.   El lanzamiento de esta Jornada estuvo a cargo de la Escuela Venezolana de Planificación, y dirigido directamente a la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.
Con esta experiencia se busca la construcción del Plan de la Patria Comunal, a través de la planificación como estrategia principal, en todo el territorio nacional.
En la apertura de la jornada, el Ministro Ricardo Menéndez, resaltó la importancia de tener claro la visión del Plan de la Patria como instrumento de formación, la planificación y mística para cumplir el sueño del Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. “Más que nunca o somos un equipo o no somos una revolución”, apuntó el Ministro Menéndez.
El ministro Molina, quien también participó en la apertura,  hizo un llamado para comprender que la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor no debe verse como un fondo paternal, en tal sentido señaló que “tenemos que entender las potencialidades del barrio y accionarlas”.
Por su parte Ricardo Iturriza, Ministro del Poder Popular para las Comunas, invitó a valorizar la coyuntura política del país, relacionando el procesos de formación como parte de las actividades del Presidenta Nicolás Maduro; mencionó como reflexión personal que estos espacios son necesarios para garantizar la continuidad del proceso y que hay que vincularse con los territorios, encarar los problemas y enfrentar el fetichismo por la crítica. “El pueblo organizado es capaz de planificar. La planificación no puede ser solo de los planificadores”, precisó Iturriza.
Finalmente, el Presidente de la Misión, General Manuel Quevedo, orientó sus palabras sobre la concertación y la claridad de la situación, tener el Plan de la Patria como manual para poder consolidar los objetivos sin perder el horizonte.
Sobre el taller la página oficial de la Escuela Venezolana de Planificación permite conocer su contenido a través de una nota de prensa en la cual los facilitadores del mismo compartieron algo sobre el mismo:
Para la Profesora Tania Díaz, la jornada fue  un taller con una visón doble: una enfocada a los conceptos y la otra sobre el manejo claro del Plan de la Patria y los objetivos asociados al barrio y el Plan Patria Comunal, básicamente para despertar la reflexión de los y las militantes de la misión y la comunidad, que manejen un mismo lenguaje y el abordaje al Plan que garantice el trabajo en equipo y la formación de nuevos y mejores servidores públicos.
Para el profesor, Oswaldo Martínez, la planificación representa la herramienta fundamental para la construcción del Estado Comunal, “sin planificación no puede haber socialismo“, expresando calidad de vida para toda la comunidad en función de los cinco objetivos históricos de largo plazo y los proyectos que en concreción van a determinar la perdurabilidad de la revolución.
Por su parte, la profesora Dalia Baptista, valorizó la formación como el medio para entender que el Plan de la Patria y la planificación requieren conocimientos para la transformación desde la práctica, en una relación de construcción social con los otros. La planificación es una actividad humana y se espera que todos los sujetos se movilicen con imaginación y principios para estructurara los cambios en las comunidades.
Francisca Curiel, facilitadora del Taller Metodología de Abordaje Institucional, señaló la importancia de que el pueblo se empodere de las escalas de la planificación como herramientas de construcción en conjunto al Plan de la Patria para lograr el Estado Comunal, a partir de las actividades inherentes a las instituciones presentes en cada corredor.
En el cierre de la Primera Jornada, Griselda Oliveros, participante y quien trabaja en Funda Comunal Miranda, considera que la jornada fué una excelente oportunidad para “poder hablar todos el mismo idioma”. Sugiere, sin embargo, insertar el estudio del Estado para poder comprender aún mejor la necesidad de organizarnos a nivel local.
Los ministros también estuvieron presenten en el cierre de los 3 días que duró la jornada y allí explicaron que la segunda fase de éste proceso brinda la oportunidad de ejecutar las herramientas en virtud de las necesidades de cada comunidad, con actividades en cada corredor, para posteriormente revisar resultados y estructurar el programa definitivo, llevarlo a Diplomado y que todas y todos los involucrados con la Gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor puedan pasar por acá y ser garantes de la revolución.
 
Carlos Romero
Fuente:
Escuela Venezolana de Planificación.  Inició el programa de formación para abordaje del Plan de la Patria Comunal. En:  Ministerio del Poder Popular para la Planificación. 16 de agosto 2014. Online en: http://www.fevp.gob.ve/noticias/16082014.php
Escuela Venezolana de Planificación.  Sin planificación no puede haber socialismo”. Profesor Oswaldo Martínez. En: Ministerio del Poder Popular para la Planificación. 16 de agosto 2014. Online en: http://www.fevp.gob.ve/noticias/160820142.php
Escuela Venezolana de Planificación. Culminó con éxito la primera fase del programa de planificación local. En: Ministerio del Poder Popular para la Planificación. 17 de agosto 2014. Online en: http://www.fevp.gob.ve/noticias/160820142.php

jueves, 7 de agosto de 2014

Impulsan parlamentos comunales. ¿Realidad o Ficción?

El gobierno no se detiene en su labor de transformar el Estado a los fines de conformar una nueva forma de organización económica, social y económica desde el ámbito local.  Es así como en el mes de julio Barinas y Táchira fueron escenarios para la realización del primer encuentro de Parlamentos Comunales[1].
En el estado Barinas, el espacio para el Encuentro fue en la parroquia Caldera del municipio Bolívar y en el estado Táchira, fue el municipio Libertador.   En el caso de Barinas se anunciaba la participación de más de 300 comuneros, y allí se propuso una agenda cuyas conclusiones serían enviadas al Consejo Presidencial de Gobierno Comunal, los temas propuestos para el debate y discusión en esa agenda fueron: El parlamento comunal, las instancias de autogobierno y las relaciones con las instituciones.   La comuna productiva y participativa.  La justicia de paz en la Comuna; la Comuna; La seguridad y defensa integral de la Nación.  Plan o Plataforma de lucha de la Comuna en el momento actual.
El Encuentro en el Táchira, se informa que reunió a más de 32 comunas, donde se discutieron planes y proyectos para articular lo que se denominó el Movimiento Comunero del estado Táchira, para generar un plan de acción general que lleve a fortalecer el Poder Popular.   Según la nota de prensa, un evento similar debió haberse realizado en el estado Mérida, pero no hay registro de noticias sobre el mismo.  Igualmente se planteaba según la información del Encuentro en Táchira, que había un Encuentro Nacional en Caracas[2], previsto para el mes de julio, información que coincide con otra nota de prensa que anunciaba la preparación de las Comunas en Yaracuy para asistir a ese evento nacional[3].
Para Oscar Ortiz del Comité Revolucionario Bolívar y Zamora, estos esfuerzos buscan concretar definitivamente el autogobierno comunal ideado por Chávez y defendido por Maduro, en estos momentos en los que se vive una coyuntura que se asemeja a la “caída del imperio español de aquel tiempo y que hoy se manifiesta en la intromisión de fuerzas y poderes enemigos del proceso Revolucionario”[4].   Y sin duda como lo afirma el diputado regional del estado Táchira, Omar Hernández, estos eventos profundizan la formación política e ideológica, así como las técnicas para la consolidación de las comunas en participación y producción.[5]
Mientras esos Encuentros se realizaban en Táchira y Barinas, en el estado Bolívar se anunciaba la conformación de los llamados Parlamentos Comunales en el municipio Piar, en la parroquia Upata y en el municipio Caroní, particularmente en sus parroquias Pozo Verde y Unare; además, la nota de prensa advierte que en esas parroquias, las Comunas terminaron de conformarse con la activación del Banco Comunal y activación de los Consejos de Planificación, Economía y Contraloría Comunal[6].
En el caso de las parroquias del municipio Caroní, las comunas socialistas reciben el nombre de Orinokia y Comandante Guerrillero Américo Silva; en el municipio Piar, la comuna se identifica como Simón Bolívar; hay registros previos que informan de procesos similares en la Comuna Bicentenaria en Caroní y de la Comuna Cupapuicito en Piar[7].  
Estos procesos de conformación de Parlamentos Comunales tienen como antecedente la sesión del Parlamento Comunal en la Comuna Socialista Ataroa, ubicada al sur oeste de Barquisimeto por allá en abril 2012[8] ¿qué ha pasado allí desde entonces?. 
Es importante advertir que el Parlamento Comunal, se convierte en una figura cuyo desarrollo impacta negativamente la institucionalidad del Concejo Municipal, pues se asume como la instancia de la Comuna responsable de aprobar normativas para la regulación de la vida social y comunitaria, que busquen coadyuvar al orden público, la convivencia, la primacía del interés colectivo sobre el interés particular y la defensa de los derechos humanos. 
Pero además, también podría convertirse en una amenaza real para el efectivo cumplimiento de las atribuciones de la Alcaldía, pues según la Ley de las Comunas, el Parlamento es la máxima instancia de la Comuna, en tal sentido sus decisiones se consideran actos de gobierno y sus atribuciones alcanzan a la planificación del desarrollo comunal, así como a la coordinación de planes y proyectos en su ámbito territorial. 
Resulta importante destacar que ese parlamento comunal, tendrá un total de 7 voceros, 3 de los cuales son electos por cada consejo comunal que integra la Comuna, 3 voceros por las organizaciones socio-productivas y un representante del Banco Comunal.   Esta integración evidencia claramente como el destino de una comunidad queda en manos de unos terceros actores: Banco Comunal y Organizaciones Socio-productivas.  Por cierto una reciente nota de prensa destaca que de 759 Comunas 447 tienen su propio Banco[9].
Todo esta arquitectura comunal será ¿realidad o ficción?, ¿verdad o mentira?, ¿cuánto creen en ese diseño? Y ¿Cuánto sobrevivirá sin recursos del Estado?.  Lo que si es cierto es que por un lado el Estado en su Plan de la Patria busca su conformación real del Estado Comunal, y a tal fin, en la práctica electoral, una Comuna puede convertirse en los municipios de alta densidad poblacional en circunscripciones electorales para elecciones de cargos nominales a los cuerpos deliberantes, según la Ley Orgánica de Procesos Electorales de 2009.
¿Hacia dónde vamos?.   Mientras que el gobierno insiste en promocionar o vender su modelo Comunal, ¿quién promueve, impulsa o vende el modelo municipal como único modelo de organización del territorio venezolano viable, constitucional y además histórico?
Carlos Romero Mendoza


[1]Comité Revolucionario Bolívar y Zamora. Primer Encuentro de Parlamentos Comunales en los Estados Táchira y Barinas. 01 de julio de 2014. Online en:http://crbz.org/?p=560
[2] Gobernación Bolivariana de Táchira. Impulso de las Comunas fortalece el sistema económico del Táchira. 06 de julio de 2014. Online en: http://tachira.gob.ve/web/?p=5742
[3] Noticias Yaracuy.  Comisión del Poder Popular coordina participación en Encuentro Nacional Parlamento de las Comunas. 30 de junio de 2014. Online en: http://noticiasyaracuy.com/noticiasyaracuy/noticiaunica.php?id=67961
[4] Ver supra 1.
[5] Ver supra 2
[6] Comuna activa.org.ve  Ciudad Bolivar: Comunas realizan elecciones al parlamento comunal. 08 de julio de 2014. Online en:http://www.comunaactiva.org.ve/2014/07/ciudad-bolivar-comunas-realizan-elecciones-al-parlamento-comunal/
[7] Nueva Prensa de Guayana. Crearon parlamento comunal en Cupapucito. 11 de julio de 2014. Online en: http://nuevaprensa.com.ve/Crearon%20parlamento%20comunal%20Cupapuicito
[8] Comuna Ataroa.  Realizada primera sesión de parlamento comunal de la comuna socialista ataroa. 16 de abril de 2012. Online en:http://comunaataroa.bligoo.com.ve/realizada-primera-sesion-del-parlamento-comunal-de-la-comuna-socialista-ataroa
[9]Entorno inteligente. Venezuela: 447 Comunas cuentan con su propio Banco.  http://www.entornointeligente.com/articulo/2954526/VENEZUELA-447-comunas-cuentan-con-su-banco-propio-04082014

lunes, 4 de agosto de 2014

Justicia de Paz Comunal ¿otro instrumento de control sobre el ciudadano?

En respuesta a un artículo anterior: Justicia de Paz ¿expropiada u olvidada?[1], no queda duda que la Justicia de Paz fue olvidada por alcaldes, concejales, sociedad civil y además expropiada por el Poder Popular para beneficio y conformación de la Comuna.   Desde el 2012, cuando se aprobó en mayo la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal(LOJEJPC) a través de la Gaceta Oficial No. 39.913, fue derogada expresamente la Ley Orgánica de Justicia de Paz de 1994 y en consecuencia se transformó de fondo lo que hasta ahora conocíamos como medio alternativo de resolución de conflictos.
La Justicia de Paz Comunal, asumida desde el Poder Judicial, vista como jurisdicción especial, y como ámbito de acción del Poder Popular, sustituyó a la Justicia de Paz regulada por ordenanza y ejercida desde el Poder Público Municipal.
Constitucionalmente el municipio sigue teniendo competencia sobre la Justicia de Paz, pero a partir del 2010 con la Ley del Poder Popular, se estableció que la llamada Justicia Comunal se ejercería a través de la Justicia de Paz y así se llegó “a tejer” la Ley Orgánica de Jurisdicción Especial de Justicia de Paz Comunal de 2012, que desarrolla la Justicia de Paz Comunal como ámbito de acción del Poder Popular a través de la Comuna.
En este sentido, el pasado 1 de agosto, varios medios de comunicación digital informaron sobre la celebración de un Encuentro Nacional por la Justicia de Paz Comunal, organizado en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y que contó con la participación de comuneros de todo el país. No hay nota de prensa alguna que identifique a esos comuneros como para tener una idea sobre la magnitud de este Encuentro.
En el Encuentro Nacional de Justicia de Paz Comunal, la Presidenta del TSJ, Gladys Gutiérrez, expresó que ésta es una de las “políticas que el Estado ha implementado para beneficio del pueblo”. [2] Además, la Presidenta explicó que esta jurisdicción especial responde a una nueva tendencia del derecho y permite al Tribunal abrir sus puertas al Poder Popular. También recordó la magistrada Gladys Rodríguez, que la Justicia de Paz Comunal es una de las herramientas del Plan Nacional de Pacificación y Convivencia Ciudadana.
La presencia del diseño comunal se hizo más notoria con la participación en el Encuentro del ministro del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales, Reinaldo Iturriza, para quien abrir las puertas del TSJ a discutir el concepto de justicia es algo revolucionario, así como es algo importante, la presencia de comuneros en el TSJ. [3]
Es oportuno destacar y entender que la Justicia de Paz Comunal, aspira estar determinada por el territorio de una Comuna, aun cuando la Ley Orgánica del 2012 no lo exprese así de manera directa, pero se puede llegar a esta interpretación cuando el legislador insiste en distinguir la figura de la comuna de las entidades locales, olvidando que según la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, una comuna es una entidad local pero con un tratamiento especial, pues no se somete a las ordenanzas, como ocurre con la parroquia, la urbanización, entre otras formas de entidades locales.
Como evidencia para soportar la afirmación anterior, se puede mencionar por ejemplo la exigencia de la Ley Orgánica del 2012, que en cada “entidad local o comuna” se elija un juez de paz comunal (art. 17 LOJEJPC) y entre los requisitos de exigibilidad aquél que señala expresamente  que los candidatos deben tener al menos 3 años de residencia en la “entidad local o en la comuna” (ART. 20 LOJEJPC).
Así mismo, no hay que olvidar que el Plan de la Patria 2013-2019, expresamente señala como objetivo promover la Justicia de Paz Comunal al desarrollar los objetivos estratégicos en los cuales aborda el tema de administración de justicia y que se enmarcan en el objetivo nacional que aspira promover una nueva orientación ética, moral y espiritual basada en los valores liberadores del Socialismo.
Al aprobarse en el 2012 la nueva Ley Orgánica, el Tribunal Supremo de Justicia tenía la atribución de designar provisionalmente a los Jueces de Paz Comunal y hasta la fecha de este Encuentro, según información de El Nacional, la Comisión Judicial del TSJ sólo ha logrado nombrar 18 jueces de paz comunales, entre provisorios y suplentes.[4] 
Esta información evidencia que la Justicia de Paz Comunal sigue siendo una idea que no termina de consolidarse, pues en 335 municipios que sólo haya 18 jueces de paz comunal no es representativo, más aún, si dividimos el territorio en poblaciones no mayores de 6 mil habitantes como señala la LOJEJPC; por lo tanto, el TSJ ha demostrado su omisión ante un mandato legal.
El profesor de la Universidad Central de Venezuela, Oscar Mago, aprovechó el Encuentro para advertir sobre los riesgos de que esta figura de juez de paz comunal, emule a los jueces ordinarios y terminen sancionado y reprimiendo a sus vecinos.   Abogó el profesor porque estos jueces sean dinámicos y puedan abordar un problema sin denuncia, pues lo contrario sería una burocratización inaceptable.  Mago reiteró que una justicia de paz no se puede parecer a la justicia ordinaria.[5]
Cualquier debate público y político sobre la Justicia de Paz, debe ir más allá del alcance de las nuevas competencias de los Jueces de Paz Comunal, pues debe abarcar en principio, la defensa de la competencia expresa del Municipio sobre la Justicia de Paz, prevista en la Constitución Nacional y en su naturaleza judicial o no. 
Hasta ahora se ha aceptado tácitamente con la pasividad de los dirigentes y de los vecinos el cambio que ha sufrido la Justicia de Paz, por ello se puede afirmar que la misma ha sido olvidada por concejales, alcaldes y sociedad civil organizada y expropiada en beneficio de la Comuna, expresión del Poder Popular.
Carlos Romero Mendoza.

[1] Romero, Carlos.  Justicia de Paz, ¿expropiada u olvidada?. En: Polítika Ucab. 11 de julio 2014. Online en:http://politikaucab.net/2014/07/11/justicia-de-paz-expropiada-u-olvidada/
[2] AVN.  Comuneros participaron en Encuentro Nacional para construir Justicia de Paz Comunal. 1 de agosto 2014. Online en:http://www.avn.info.ve/contenido/comuneros-participaron-encuentro-nacional-para-construir-justicia-paz-comunal
[3]Correo del Orinodo.  Gladys Gutierrez: el Tribunal abre sus puertas al poder popular, un indicio que vamos por buen camino. Online en: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/gladys-gutierrez-el-tribunal-abre-sus-puertas-al-poder-popular-un-indicio-que-vamos-por-buen-camino/
[4] El Nacional. Se han nombrado 18 jueces de paz. 02 de agosto 2014.  Online en:  http://www.el-nacional.com/politica/nombrado-jueces-paz_0_456554469.html
[5] El Universal. Experto: Jueces de Paz no deben reprimir a sus vecinos. 02 de agosto 2014. Online en: http://www.eluniversal.com/nacional-y-politica/140802/experto-jueces-de-paz-no-deben-reprimir-a-sus-vecinos

sábado, 2 de agosto de 2014

El intento por terminar de controlar política, económica y socialmente a la sociedad desde lo local.

La transferencia de competencia es asumida en el Plan de la Patria 2013-2019 a través del Objetivo Nacional 2.3 como herramienta para la transformación del modelo económico productivo, la prevención y protección social a través de nuevas instancias de participación popular.

Esas nuevas instancias de participación popular, que según el Plan de la Patria, serán las beneficiadas del proceso de planificación y ejecución de la transferencia de competencia son las siguientes: Comunas; consejos comunales; mesas técnicas de servicios; movimientos de pobladores; pueblos indígenas; y consejos de trabajadores y trabajadoras, de motorizados y motorizadas, de estudiantes, en materia de vivienda, deportes, cultura, programas sociales, ambiente, mantenimiento de áreas industriales, mantenimiento y conservación de áreas urbanas, prevención y protección comunal, construcción de obras y prestación de servicios públicos, entre otros.

La transferencia de competencia a la que pretende impulsar el gobierno se ejecutará en torno a la gestión y administración de lo público desde las instancias institucionales regionales o locales hacia las comunidades organizadas, organizaciones de base y demás instancias del Poder Popular como línea estratégica de restitución plena del poder al pueblo soberano.

Pareciera que el Plan de la Patria advierte de un nuevo modelo de Sistema Federal de Gobierno, cuando en su Objetivo Nacional 2.3 propone expresamente el desarrollo del Sistema Federal de Gobierno bajo los principios de integridad territorial, económica y política de la nación, a través de la participación protagónica de los siguientes actores sociales: obreros, campesinos, pobladores, pueblos indígenas, afrodescendientes, mujeres y jóvenes, bajo el diseño de un gobierno comunal y de la administración de los factores y medios de producción de bienes y servicios de propiedad social.    

La lectura de los actores “protagónicos” de ese Sistema Federal de Gobierno y la mención a un modelo de “gobierno comunal”, contrasta con el diseño de Estado que establece la Constitución y rescata el diseño institucional rechazado en el referendo del año 2007.

La transferencia de competencias como transformación del Estado no es nueva, ya el gobierno anterior lo anunció varias veces y como muestra de ello en el 2012 se aprobó el Decreto con rango, valor y fuerza de Ley Orgánica para la Gestión Comunitaria de competencias, servicios y otras atribuciones, que pretende ser el instrumento legal para concretar esa política de Estado.  

El Presidente Maduro, al instalar el I Consejo Presidencial de Gobierno Comunal en Lara este mes de julio 2014, nuevamente advirtió del proceso de transferencia, indicando que para el 24 de julio el Consejo Federal de Gobierno presentaría una propuesta de Plan para esas transferencias de competencias, bienes y servicios[1], ¿fue presentada?.

En esa oportunidad, Maduro también anunció la conformación de Consejos Presidenciales del Gobierno Popular de la juventud, trabajadores, mujeres y todos los sectores sociales del país.

Recientemente, como se citó en un artículo anterior[2], se anunciaron 25 solicitudes de transferencia por parte de Comunas y a tal fin, se citó la del municipio La Trinidad en el estado Yaracuy.

Una revisión más detallada a otros medios digitales, identifica otras posibles solicitudes que se realizan en municipios que son gobernados por alcaldes y mayoría de concejales electos en el marco de la Unidad, se trata de los municipios Marcano del estado Nueva Esparta y Píritu del estado Anzoátegui.

En el primer caso, se identifica la Comuna Socialista Alberto Lovera, conformada por 17 consejos comunales, y que intenta asumir vía transferencia el Complejo Agroecológico Insular.[3]   En el segundo caso, se identifica en el municipio Píritu, la Comuna Pirichucuar, la cual participó de una “jornada de calle” con la subcomisión de Transferencia de Competencias y el viceministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, con la finalidad de evaluar propuestas de transferencia de competencias en el municipio[4].

Tareck El Aissami, Gobernador de Aragua, en el marco del Congreso del PSUV afirmó: “hemos dicho que así como el sujeto político del marxismo lo era la clase obrera, el sujeto político de la doctrina chavista es el Poder Popular”[5].  Por lo tanto para alcanzar la doctrina chavista, requiere conformar el Poder Popular, proceso que hasta ahora no ha dado muestras de éxito, pero con la trasnferencia de competencias y la promesa del acceso a las divisas a las Comunas, puede desde el poder central reforzar el clientelismo selectivo en la organización política, social y económica del país.

Estas noticias, deben encender las alertas sobre un proceso de control absoluto sobre lo social, económico y político desde el ámbito local en el marco de un modelo político que se resiste a entender su fracaso, y a reconocerse como único responsable de la quiebra moral y económica del país.


Carlos Romero Mendoza.


[1] Correo del Orinoco.  Presidente Maduro instala el primer Consejo Presidencial de Gobierno Popular con las Comunas en Lara. 18 de julio del 2014.  Online: http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/presidente-maduro-instala-primer-consejo-presidencial-gobierno-popular-comunas-lara/
[2] Carlos Romero.  ¿Arranca el intento de arrebatar competencias al Poder Público?.  En:Algomunicipal.blogspot.com.  26 de julio de 2014. Online en: http://algomunicipal.blogspot.com/2014/07/arranca-el-intento-de-arrebatar.html
[3] El Sol de Margarita.  Comuna Alberto Lovera, exige traspaso de complejo agrícola. 26 de junio de 2014. Online en: http://www.elsoldemargarita.com.ve/posts/post/id:134730/Comuna-Alberto-Lovera-exige-traspaso-de-complejo-agr%C3%ADcola
[4] MPComunas.gob.ve.  Comunca Pirichucuar evaluó propuestas para la transferencia de competencias en el municpio pirito de Anzoátegui.  23 de julio 2014.  Online: http://www.mpcomunas.gob.ve/comuna-pirichucuar-evaluo-propuestas-para-la-transferencia-de-competencias-en-el-municipio-piritu-en-anzoategui/