En España la
jurisprudencia constitucional ha interpretado que los legisladores pueden
disminuir o acrecentar las competencias municipales, pero no pueden eliminarlas
por entero; agrega además la jurisprudencia que el debilitamiento de las
competencias municipales sólo puede hacerse con razón suficiente y nunca en
daño del principio de autonomía, que es uno de los principios estructurales de
la Constitución española.[1]
El tema de la autonomía municipal está en la
agenda política del gobierno español en ocasión del anteproyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de
la Administración Local, cuya aprobación por el Consejo de Ministros ha
sido pospuesta luego que fuera anunciada semanas atrás para el pasado 19 de
julio de 2013.
El ministro de
Hacienda, Cristóbal Montoro, expresó que el anteproyecto de Ley es una “tijera de austeridad” que ahorraría a
las arcas públicas más de 7.129 millones de euros en 3 años, a través de la
eliminación de duplicidades, sueldos y personal. Para Montoro el
anteproyecto de la Ley exigirá que el 82% de los concejales de España no sean a
dedicación exclusiva[2].
El anteproyecto de Ley propuesto por Rajoy persigue “adelgazar la administración municipal y engordar los escalones más
distantes de la base social”[3],
tal y como advierte Antonio Papell en un artículo firmado en el portal web El
Economista, cuyo contenido coincide, en términos generales, con el dictamen que
sobre el anteproyecto publicó el Consejo de Estado español, como órgano asesor
del gobierno, el pasado 26 de junio del 2013.
Para el Consejo de Estado Español, es claro que el anteproyecto promueve
una reforma profunda al régimen jurídico que regula las entidades locales en
ese país y puede representar un verdadero cambio en el modelo institucional de
la Administración Local española; por esa razón, es que sobre el contenido del anteproyecto
hay muchas críticas y cuestionamientos, incluyendo de los propios alcaldes del
partido de gobierno.
Entre las
principales alertas que destaca el dictamen del Consejo de Estado español, está
la advertencia que con el esquema planteado del régimen de competencias
municipales, el anteproyecto abre el camino hacia un proceso de vaciamiento de
competencias municipales que pone en riesgo el principio de autonomía local.
Ese vaciamiento de competencias que advierte el Consejo de Estado
español beneficia a las Diputaciones Provinciales, instancias de representación
de segundo grado, que no resultan de la votación directa y en consecuencia, no es
fácil exigirles responsabilidad política en caso de que la gestión desarrollada
no se adecue a las disposiciones aplicables o, simplemente, no se considere
adecuada por los ciudadanos, lo que en última instancia -señala el Consejo de
Estado- puede llegar a desvirtuar el principio democrático.
Otro elemento que
destaca el Consejo de Estado, es la necesidad de precisar lo que ha llamado el
anteproyecto: “coste estándar”, que viene a ser el parámetro que se propone
para evaluar el modo como los Municipios deben prestar los servicios mínimos
obligatorios. Resulta curioso, y así lo destaca el dictamen, que esos
mínimos obligatorios en la prestación de servicios sea dirigido sólo a los
Municipios y no haya nada similar o exigencias básicas en este sentido para las
Diputaciones Provinciales.
El Consejo de Estado recomienda profundizar o trabajar con mayor detalle
el “coste estándar”, pues resulta una herramienta que requiere verla con
cuidado pues ella facilita el camino para ir debilitando la autonomía municipal garantizada en la
Constitución española, a través de un proceso de reducción excesiva de
competencias.
Mientras que en España se abre un debate político sobre la autonomía
local, luego de casi 30 años de vigencia de las normas que regulan el régimen
local, en Venezuela, la autonomía municipal se encuentra claramente amenazada y
debilitada considerablemente en beneficio de las instancias del Poder Popular;
además, en el caso venezolano, se trata de un régimen local cuyo régimen
jurídico no llega a cumplir aún los 10 años de vigencia; por lo tanto, el
municipio que hoy conocemos, es para muchos ciudadanos un diseño político
desconocido.
Cuánta falta ha hecho en Venezuela espacios para el debate político
sobre la autonomía municipal como principio constitucional y para que el
ciudadano pueda informarse con detalle, así como sucedió con la propuesta de
reforma constitucional en el 2007, sobre las consecuencias de un proceso de
transformación que va anulando poco a poco la autonomía local. El tema de la autonomía local no va a poder
ser obviado para las elecciones de diciembre 2013, pues es un tema esencial y
vital para la propia existencia de los Municipios.
Carlos Romero Mendoza.
[1] Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
Consejo de Estado: Dictámenes. 26 de junio de 2013. Número 567-2013 http://www.boe.es/buscar/doc.php?coleccion=consejo_estado&id=2013-567
[2]FERNANDEZ, María. La reducción en sueldo
de Concejales será de 146 millones, 2% del ahorro. El País. 15 de febrero
2013. Online: http://politica.elpais.com/politica/2013/02/15/actualidad/1360933314_036019.html
[3] PAPELL, Antonio. La dudosa reforma
local. En: El Economista.es. 20 de julio de 2013. Online en: http://www.eleconomista.es/firmas/noticias/5007750/07/13/la-dudosa-reforma-local.html
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