martes, 31 de marzo de 2015

ABC sobre los Comités Ciudadanos de Control Policial

¿Quienes participan en los Comités de Ciudadanos para el Control Policial?


Los consejos comunales de cada jurisdicción donde opere un cuerpo de policía nacional, estadal o municipal, según el caso, participarán en la elección de los y las integrantes del correspondiente Comité Ciudadano de Control Policial.   El artículo 83 de la Ley de Estatutos de la Función Policial (LEFP) establece expresamente que pueden participar los consejos comunales y cualquier organización de carácter comunitario debidamente estructurada que pueda contribuir a mejorar procesos, desempeño y productividad de la policía dentro del marco de las normas constitucionales y legales.

Incluso el artículo 85 de la LEFP plantea que no se puede limitar la participación de cualquier organización comunitaria o social participativa y plural, en el correspondiente ámbito territorial del cuerpo de policía nacional, estadal o municipal, según el caso.

La participación requiere que las organizaciones por su perfil y actividades pueda contribuir con efectividad en el diseño, proposición, ejecución y evaluación de planes y proyectos que contribuyan a diagnosticar, potenciar, mejorar, auditar y contribuir al mejor desempeño policial en cada ámbito político-territorial de despliegue del correspondiente cuerpo de policía nacional, estadal o municipal, según el caso, incluyendo el asesoramiento y soporte de los comités ciudadanos de control policial.
¿Qué son estos Comités?


Según el artículo 83 de la LEFP son definidas como instancias de control externo de la policía, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a través del cual nacieron estos espacios de participación.

El artículo 84 de la LEFP señala que estos comités  constituyen una instancia plural, participativa, transparente, responsable y orientada por el conocimiento social informado, en cabeza de cada jurisdicción donde funcione un cuerpo de policía, estadal o municipal, y a nivel de cada uno de las entidades federales donde se despliegue el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
¿Cuántas personas lo integran?


El Comité está integrado por cinco personas residentes en cada jurisdicción político-territorial elegidos y elegidas por los consejos comunales y otras formas de organización y participación comunitaria y social, cuya responsabilidad radica en hacer seguimiento del desempeño policial en la correspondiente jurisdicción en cuanto a gestión administrativa, funcional y operativa, conforme a los reglamentos, manuales, protocolos, instructivos y procedimientos vigentes, a fin de contribuir al cabal desempeño de la Función Policial conforme a los principios y normas establecidos en las normas previstas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB).


¿Con quién debe cooperar estos comités?


Los comités ciudadanos de control policial trabajarán en coordinación con las oficinas técnicas a que se refiere el artículo 19 de la LOSPCPNB, el cual estará designado por el Ministro con competencia en materia de seguridad ciudadana.
¿Cómo se regula el proceso de elección de vecinos para ese comité?


Reglamentos y resoluciones de esta Ley regularán las elecciones de los y las integrantes, atribuciones, intervención, seguimiento y participación en el control y contribución al mejoramiento de las prácticas policiales por parte de dichos comités.
¿Para qué sirve el control externo?


El artículo 87 señala que las instancias de control externo prestarán particular atención a la observación y mejoramiento de los procesos disciplinarios por faltas policiales, a denunciar la corrupción y la desviación y abuso de poder, contribuyendo con el mejoramiento de la prestacióndel servicio de policía, desestimulando el uso de la violencia privada y la aplicación de la justicia por la propia mano, y, en general, a incrementar la eficiencia y eficacia del servicio policial dentro del marco de protección de los derechos y garantías constitucionales.
¿Los Consejos Comunales que papel juegan?


De conformidad con el artículo 85 LEFP, el Consejo Comunal es una instancia de participacióin para el ejercicio directo de la soberanía popular, corresponde a éstos participar en la orientación y mejoramiento de la prestación del servicio policial en las correspondientes áreas geográficas de funcionamiento, mediante la promoción de encuentros, asambleas y foros, en los que deberán concurrir los funcionarios y funcionarias del correspondiente cuerpo policial, a fin de facilitar la integración de la comunidad con los cuerpos de policía, reduciendo la confrontación y contribuyendo a la aplicación de la ley en forma igualitaria y sin discriminación alguna.

 

Fuente:

LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL G. O. (5940E) 07/12/2009.

Control Ciudadano sobre la Policía Municipal: ¿participación o control político?.

El artículo 178 de la Constitución, expresamente señala que el Municipio es competente para ejercer el gobierno y la administración de sus intereses y la gestión de aquellas materias que le sean encomendadas por la propia Constitución y las leyes nacionales, en cuanto conciernen a la vida local.
En este sentido, la norma constitucional destaca, que entre las distintas competencias atribuidas al municipio está la promoción de la participación ciudadana y la mejora de las condiciones de vida de la comunidad en distintas materias, como la que expresamente señala el numeral 7 del artículo 178 de la Constitución, a saber:
Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.
En Venezuela la autonomía con la cual el Municipio puede actuar está condicionada por la Constitución y las leyes, lo que quiere decir que el principio de autonomía municipal no es absoluto.   Pero que eso sea así, no puede justificar y menos se puede aceptar, que por acción legislativa de la Asamblea Nacional, se desconozca importantes niveles autonomía municipal y se elimine la actuación de las autoridades e instituciones políticas locales en materias que le son propias a la vida local.
No hay duda alguna que el diseño municipal choca o contrasta con el diseño comunal, y como prueba, el contenido del Plan de la Patria 2013-2019, en el cual prácticamente no se hizo mención alguna a las alcaldías y concejos municipales, desconociéndose así su rol como actores políticos del ámbito local.
La elección de un espacio de participación para el ejercicio del control social sobre la prestación del servicio de policía municipal, impulsado y promovido por el Gobierno Nacional y ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, acompañado además por el Consejo General de Policía, sin la participación efectiva y directa de las autoridades locales, es una clara política de debilitamiento del principio de autonomía local en la gestión local en materia de policía municipal y de promoción de participación ciudadana.
Resulta peligrosa esta práctica, porque profundiza un distanciamiento importante entre autoridades locales y vecinos en una tarea que debe vincular a estos actores con la policía municipal.  Antes ya había ocurrido en materia de Consejos Comunales y el derecho a la libre asociación de los vecinos para participar en asuntos públicos locales. 
Así mismo, no hay que olvidar que la Justicia de Paz, quedó en el pasado y en el olvido, cuando la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, impuso una transferencia a los órganos del Poder Popular, excluyendo al Poder Público Municipal de cualquier actuación o participación directa como autoridad en el modelo de justicia de paz comunal.

Según los medios de comunicación, el fin de semana del 26 de marzo de 2015[1], se realizaron en 9 municipios del país esos procesos electorales para elegir a 5 principales y 5 suplentes para los Comités de Ciudadanos de Control Policial (CCCP).
Se conoce que los procesos electorales se realizaron en  Amazonas, específicamente en Puerto Ayacucho; Anzoátegui, en El Tigre; Carabobo, en los Guayos; Guárico, en Juan Germán Roscio; Lara, Iribarren; Mérida, en Campo Elías; Miranda, en Baruta, Brión y Zamora; Monagas, Maturín y Nueva Esparta, en Pampatar.
Medios como Aporrea, informa que en Venezuela hay 60 Comités, de los cuales se habían creado y renovado un total de 40 CCCP para el fin de semana del 26 de marzo 2015, así mismo, destaca que más de 4 mil vecinos[2] lograron participar en esos procesos electorales, lo que permite especular un promedio de 400 vecinos por elección y por municipio.
Estos números ponen grandes dudas sobre la legitimidad de esos CCCP y más aún, ponen serias críticas a la constitucionalidad de ese proceso, en función de las garantías otorgadas para la transparencia, publicidad y participación ciudadana.
En consecuencia resulta importante que autoridades locales: alcaldes y concejales de 10 municipios del país, informen a sus vecinos, principales interesados en un mejor servicio de policía municipal sobre los detalles sobre el proceso que precedió a las elecciones que se realizaron el fin de semana del 26 de marzo de 2015 para elegir en esos CCCP. 
En el municipio Baruta, se realizó tal elección el 28 de marzo en la plaza Bolívar, justo al lado de la Alcaldia y resultaría interesante validar qué tan “masiva” fue la participación de los baruteños, como afirma el portal web de aporrea[3], pues una rápida investigación demuestra que lo "masivo" es más efecto mediático, porque la publicidad del evento electoral fue prácticamente nulo.
No es cualquier cosa, en el tiempo histórico que vivimos, que se conforme un Comité de Ciudadanos, para ejercer la supervisión y control sobre el servicio de policía municipal, en consecuencia, a los fines del interés general, el ciudadano que aspira sentirse seguro, necesita saber los riesgos que supone un Comité como el que ha sido elegido, si el mismo ejerce sus funciones atendiendo a los lineamientos del gobierno central, que busca imponer siempre el contenido del Plan de la Patria 2013-2019.  Más vale advertir a tiempo las consecuencias, que descubrirlas cuando ya sea demasiado tarde.

Carlos Romero Mendoza.
[1]Noticias24.com.  Este fin de semana se eligirán comités de ciudadanos de control policial en nueve estados del país.  26 de marzo de 2015.  Online en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/278939/este-fin-de-semana-elegiran-los-comites-ciudadanos-de-control-policial-en-nueve-estados-del-pais/
[2]Aporrea.org. Este fin de semana más de 4 mil venezolanosparticiparon en elección de Comités de Ciudadanos para el Control Policial. 30 de marzo de 2015. Online en: http://www.aporrea.org/actualidad/n267840.html
[3] Aporrea.org.   Comunidad de Baruta participó masivamente en la elección de Comité de Ciudadanos de Control Policial. 28 de marzo de 2015. Online en: http://www.aporrea.org/actualidad/n267736.html

lunes, 23 de marzo de 2015

Calidad de Agua, Vecinos y Derechos

El 22 de marzo de 2015, justo el día Mundial del Agua, El Universal publica una nota de prensa titulada: Denuncian que Hidrocapital suministra agua no apta en Santa Rosa de Lima.[1]
La nota señala que un informe de análisis bacteriológico, determinó que el agua no se encuentra apta para el consumo humano y piden a Hidrocapital que aclare la situación.
Una denuncia que concretiza el papel participativo del ciudadano en la gestión integral del agua.   La Ley del Agua es muy clara al garantizar el principio de la participación ciudadana, y señala a tal fin, que para la inclusión del ciudadano en los problemas y soluciones relacionadas al agua, se hará mediante la difusión de información, que es en esencia lo que están pidiendo a Hidrocapital.
Ahora bien, la participación de los ciudadanos cobra mayor sentido, cuando la Ley del Agua y la Ley Orgánica de Prestación de Servicio de Agua Potable y Saneamiento, no dejan duda alguna en señalar que el responsable por la prestación y calidad del servicio de agua es el Estado.
El agua en Venezuela es reconocida legalmente como un bien social y un derecho humano fundamental e insustituible para la vida, para el desarrollo humano, y para el desarrollo económico y social.   En Gaceta Oficial 36.395 de febrero 1988, se publicaron las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable, que facilitan aún más la comprensión técnica, sobre los parámetros que el Estado debe cumplir para cumplir con la ley y garantizar la calidad en la prestación del servicio de agua potable.
En esas normas, que son públicas a través de la página web de Hidroven[2], expresamente señala, que el agua potable destinada al abastecimiento público, debe contener en todo momento, una concentración de cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución de 0,3 y 05 mg/L.  
Esa normativa, establece unos tiempos, definidos como frecuencias mínimas para las evaluaciones técnicas orientadas a evaluar la calidad del agua potable.  A tal fin señala:
-La frecuencia mínima para la captación de muestras y análisis bacteriológicos debe ser: en población menor a 5 mil habitantes debe realizarse una vez por mes.  Entre 5 mil a 100 mil una muestras mensuales por cada 5 mil personas.   Más de 100 mil una muestra mensual por cada 10mil personas, más de 10 muestras adicionales. 
 -La frecuencia mínima para la captación de muestras y análisis microbiológicos es de 1 muestra anual y se captarán muestras adicionales cuando se observen alteraciones o cuando lo elija la Autoridad Sanitaria Competente.
-La frecuencia mínima para la captación de muestras y análisis de las características organolépticas, físicas y químicas, deben realizarse:  
a) Color y turbiedad; Aluminio; pH; Durezauna (1) muestra quincenal en aguas no sometidas a tratamiento de clarificación. Una (1) muestra diaria en aguas tratadas. Dos (2) muestras anuales en aguas no sometidas a tratamiento de clarificación.- Una (1) muestra diaria en aguas tratadas.
b) Olor,  Sabor, Aspecto, Conductividad específica, Temperatura y Cloro Residual: una (1) muestra diaria.
Según esta normativa, los entes responsables del abastecimiento de agua potable están en la obligación de enviar mensualmente los resultados de los análisis efectuados a la Autoridad Sanitaria Competente.  
En consecuencia si existe la obligación de hacer periódicamente evaluaciones sobre la calidad del agua, la primera gran pregunta es: ¿se cumple esta normativa?; de cumplirse, ¿el Estado garantiza la información para que el ciudadano pueda tomar las precauciones o bien ser agente activo en la búsqueda de la solución al problema planteado?.  ¿El estado garantiza la transparencia y la inclusión vía mesas técnicas de agua?.   
En septiembre 2014, la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, solicitaron formalmente al Concejo Municipal de Baruta, la conformación de una Comisión de Vecinos, inspirados en el artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, con la finalidad de incluir a los vecinos en un tema de servicio público que en ese momento fue la recolección de desechos sólidos, esa solicitud no ha sido aún respondida, pero cobra vigencia en Baruta, con esta denuncia que hacen vecinos del municipio sobre la calidad del agua.
No hay que olvidar, que no sólo el Municipio tiene una serie de atribuciones en la Ley Orgánica de Prestación de Servicio Público de Agua Potable y Saneamiento; sino que además, el Municipio y el Consejo Local de Planificación Pública son actores en lo que se llama Regiones Hidrográficas, así como también los Consejos Comunales y en consecuencia cada Región Hidrográfica creada por ley debe tener un Consejo Regional plural y deliberante para abordar la mejor gestión del agua.  Su inexistencia es un primer elemento para debatir jurídicamente la responsabilidad del Estado.
La ausencia de mesas técnicas o las dificultades para organizarlas o activarlas, lesionan directamente el derecho constitucional a la participación, pero esa formalidad no logra ocultar, que hay normas técnicas que reclaman la actuación del Estado en garantizar la calidad del agua.   En consecuencia, el riesgo a la salud y el derecho humano de acceder al agua y que el servicio sea de calidad en la prestación del servicio de agua, no puede quedar sometido a las formalidades burocráticas.
Recordemos que por principio constitucional el Estado es responsable y en consecuencia debe responder.
Carlos Romero Mendoza



[1]EL UNIVERSAL.  Denuncian que hidrocapital suministra agua no apta en Santa Rosa de Lima. 22 de marzo de 2015. Consultado en: http://m.eluniversal.com/caracas/150322/denuncian-que-hidrocapital-suministra-agua-no-apta-en-santa-rosa-de-li


[2]HIDROVEN. Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable. Consultado el 23 de marzo de 2015 en: http://www.hidroven.gob.ve/wp-content/uploads/2014/09/Normas-Sanitarias-de-Calidad-del-Agua-Potable.pdf