En
el año 2011 en un espacio llamado: Encuentro
Socialista para la Administración Pública del Sector Eléctrico[1]. el entonces ministro de energía
eléctrica, Alí Rodríguez, señalaba que
habían conversaciones con el Ministerio de las Comunas para crear mecanismos de
participación del poder popular para la gestión del sistema eléctrico.
En
ese Encuentro organizado para discutir las líneas estratégicas de la acción política
2011-2012, el ministro además señaló: "los
consejos comunales pueden asumir funciones en la instalación y lectura de
medidores, el control del robo de electricidad, el cuidado y mantenimiento de
transformadores, incluso subestaciones. Para avanzar hacia ello se requiere que
trabajadores y consejos comunales se encuentren, caminen juntos en ese sentido.
Ya es el momento".
Por cierto en octubre del año
2009 el portal web de Nueva Prensa de Oriente [2], registraba la
experiencia de una mesa Técnica de Electricidad, realizado en el Salón de
Sesiones del Concejo Municipal del Municipio Sotillo, en la cual participaron,
según la noticia publicada entonces, un total de 80 consejos comunales.
En aquella mesa se
presentaron, supuestamente, un diagnóstico del problema eléctrico de la zona y
se construyeron proyectos de servicio energético para lograr la resolución de
los problemas locales.
Por cierto, es oportuno
recordar que en la Ley de Electricidad del año 2011, los Municipios eran los
responsables de promover la participación ciudadana en la fiscalización del
servicio eléctrico, ello en respuesta a nuestro derecho ciudadano de
organizarnos por ser Usuarios para ejercer la supervisión del servicio eléctrico.
En este sentido se dicta una resolución
No. 056 del Ministerio para la Energía Eléctrica, publicada en Gaceta Oficial
No. 40.065 de fecha 5 de diciembre de 2012, a través de la cual se delega en el
Poder Popular, específicamente a través de los Consejos Comunales la facultad
de fiscalizar la calidad del servicio eléctrico, pero condicionado a que éstas
formas de organización comunitaria estén debidamente registradas ante el
Ministerio de la Comuna e incorporadas a una Sala de Batalla, Comuna o Comuna
en Construcción y que cuenten con un fiscal comunal de calidad de servicio
eléctrico que durará 2 años en ese rol.
En la misma Resolución, crea
un Sistema de Fiscalización Comunal integrado por Consejos
de Integración Comunal y Consejos Regionales. Los primeros abarcan la
agregación de los ámbitos territoriales de las salas de batalla social, comuna
en construcción, comuna registrada u otras organizaciones del Poder Popular[3].
Por lo tanto la fiscalización de la calidad del
servicio eléctrico en un momento histórico donde muchos sectores sufren
precisamente de cortes eléctricos, queda en manos del Poder Popular y nuevamente
el Municipio queda excluido en esa relación servicio eléctrico – usuario, y aún
cuando promueva la participación para la supervisión, la efectividad de esa
participación queda en manos del gobierno central y del Poder Popular.
Carlos Romero Mendoza
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