La Presidenta del Parlamento Vasco Arantza Quiroga, en una Conferencia dictada en el marco de la 1ª edición del Programa Superior de Lobby & Advocacy de IE Business School, afirmó que “abrir la política a la gente no es lo difícil. Lo difícil es atraer a la gente a la política, incentivar su participación, de forma inteligente y articulada”. (1)
Los gobiernos locales tienen en sus manos una extraordinaria oportunidad para materializar esa tarea de incentivar la participación ciudadana como estrategia para lograr atraer a los ciudadanos a la política, las normas venezolanas permiten que esa labor no sea difícil, dejando en manos de la voluntad política la posibilidad de hacer real esa participación.
Para poder materializar la participación ciudadana es esencial que los ciudadanos estén informados y reciban una serie de orientaciones que les permita canalizar sus inquietudes a través de lo que podríamos llamar una oferta de participación a la que todo ciudadano pueda acceder y voluntariamente ejercer.
La única manera de lograr esa información y es capacitación, es que los gobiernos locales reconozcan en la participación un mecanismo de legitimación de sus actuaciones y de sus propias decisiones, además de significar una verdadera fórmula que asegure mayor cercanía con el ciudadano; es importante acotar que si bien considero importante la participación, también estoy claro que no se puede pretender que todo se resuelva a través de la participación porque se corre el riesgo de trasladar la responsabilidad en el llamado “pueblo” y vaya perdiéndose o diluyéndose la responsabilidad individual de cada funcionario público electo.
A tal fin la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM), establece expresamente en su artículo 88 numeral 20 que es competencia de los Alcaldes la promoción de la participación y agrega que también es de su competencia la educación para la participación; y en el caso de los Concejos Municipales el numeral 13 del artículo 95 establece que es su deber y atribución garantizar una participación ciudadana suficiente, eficiente y oportuna en la evaluación, control, ejecución y evaluación de la gestión pública municipal, que deberá cumplir a través de las ordenanzas que dicte éste órgano del poder público municipal.
Por otro lado hay otros dos actores en el Poder Público Municipal que en su diseño incorpora la participación ciudadana el primero es el Consejo Local de Planificación Pública en el artículo 111 de la LOPPM y el otro está previsto en el artículo 109 en su numeral 4 hace suponer que existe mecanismos de participación ciudadana vía observaciones o denuncias que hagan los ciudadanos que hoy podríamos vincular con la Ley de Contraloría Social.
Todos los órganos del Poder Público Municipal, como lo establece el artículo 75 de la LOPPM están en la obligación de incorporar la participación ciudadana en la definición y ejecución de la gestión pública, y en el control y evaluación de sus resultados, buscando a tal fin que los mecanismos que se creen sean suficientes, oportunos y efectivos, mecanismos previstos además en el artículo 259 de la propia LOPPM, por lo tanto si estas normas así vistas tan generalmente no son interpretadas, analizadas y llevadas a la realidad, mal podemos entonces demandar participación y muy difícilmente se podrá lograr un gobierno cercano al ciudadano, que realmente contribuya a formar ciudadanía.
En este momento en el que hablamos del debilitamiento del Poder Público Municipal, la participación ciudadana es para mí una de las herramientas más importantes que pueden servir de antídoto al progresivo debilitamiento de esta instancia política territorial, pues garantiza una mayor cercanía y mejor comprensión sobre el impacto de la creación del Estado Comunal en el concepto de ciudad al cual hemos estado acostumbrados.
Tenemos un déficit importante en la capacidad política de asumir la participación ciudadana como herramienta permanente e institucional que contribuya con atraer al ciudadano a la política local, en parte porque un número importante de funcionarios electos en alcaldías y concejos municipales han asumido sus funciones, más como representantes de un proyecto político centralizado y con características muy claras de concentración de poder en el Presidente de la República, que como defensores de la descentralización y la autonomía local, y otros pues simplemente no reconocen la participación como una herramienta política útil en la gobernabilidad local, a veces uno siente que lo que hay es miedo a debatir públicamente los temas locales.
Carlos Romero.
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