sábado, 16 de enero de 2016

Autoridades municipales excluidas del desarrollo integral de la Frontera.

La exclusión de las autoridades municipales en el desarrollo integral de la frontera se concretó con la Ley Orgánica de Fronteras publicada en Gaceta Oficial el 30 de diciembre 2015 y aprobada vía habilitante.  Resulta útil rescatar el proyecto de Ley Orgánica de Fronteras, cuyo informe en primera discusión, tiene como fecha el 27 de julio de 2004, para poder contrastar el valor que 10 años atrás tenía el Municipio en las políticas fronterizas y su inexistencia como actor en el marco de esta Ley vigente.

Hay que empezar por destacar que en el proyecto de Ley del 2004, se planteó la necesidad de contar con un instrumento llamado Plan Municipal de Fronteras, el cual sería diseñado con la cooperación de los alcaldes fronterizos, quienes en unión a las Juntas Parroquiales del Municipio Fronterizo, del gobierno regional, así como de la Fuerza Armada Nacional y del sector empresarial se pretendió agrupar en algo llamado Unidad de Desarrollo Fronterizo.

En esa Unidad de Desarrollo Fronterizo, integrada por varios actores, recaía en el diseño del marco normativo fronterizo, la tarea de establecer las condiciones necesarias para un desarrollo sustentable de la zona fronteriza para mejorar la calidad de vida, velar por suministros y mantenimiento de servicios públicos básicos, la seguridad alimentaria, entre otras. 

La Ley Orgánica de 2015, simplemente habla de un Plan de Desarrollo Integral de Zonas Fronterizas, cuyo diseño está en manos del Ministerio con competencia en planificación, en coordinación con ministerios del poder popular en competencia en defensa y relaciones exteriores y adecuado al Plan Nacional de Desarrollo y a la Ley de Regionalización Integral para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria aprobado vía habilitante en el año 2014.  

Este Plan de Desarrollo Integral de los Espacios Fronterizos es un instrumento de planificación que si bien debe responder a las especificidades de los espacios fronterizos, debe ser dictado por el Presidente. Ahora bien la Ley menciona que debe tomar en cuenta en su contenido los otros planes, programas y proyectos de las regiones fronterizas respectivas.  

No hay mención ninguna a un Plan Municipal y menos aún a un Plan Municipal de Desarrollo que en una zona de frontera debe tener alto impacto en las políticas de frontera, y el cual es aprobado por el Concejo Municipal, pero en cuyo proceso de elaboración participan los llamados Consejos Locales de Planificación Pública.  

Cuando la Ley Orgánica de Frontera habla de regiones fronterizas, se refiere a la región de desarrollo integral que el Ejecutivo puede crear mediante Decreto y que estará conformada por espacios geográficos de la República, reconociendo toda forma de organización territorial o social, de organización administrativa de desarrollo y defensa integral que exista en la frontera respectiva.

El proyecto de Ley del 2004 planteó hablar de Zona de Integración Fronteriza, y las definía como aquél espacio geográfico de los municipios fronterizos, en donde se procuraría optimizar condiciones para el desarrollo integral económico, social y de ordenación urbana de la zona, a través de la planificación coordinada y celebración de convenios, programas y actividades con los países vecinos a través de los órganos correspondientes. 

En este sentido el proyecto de Ley a que se hace referencia en este artículo, asumía a los alcaldes como unos actores efectivos para la promoción del desarrollo fronterizo y a tal fin, facultaba a los mismos a solicitar a la Asamblea Nacional, el establecimiento de mecanismos de cooperación con los países vecinos, siempre que su objetivo fuera el desarrollo fronterizo del municipio respectivo.  

En este sentido, la Ley vigente expresamente prohíbe a los alcaldes y gobernadores a celebrar acuerdos o convenios con autoridades de otros países, sin que previamente haya autorización del Ejecutivo.  Incluso, prohíbe reuniones con autoridades de otros países, sin que la misma sea autorizada por el mismo Ejecutivo y coordinada con el ministerio respectivo, en pocas palabras, no es viable una reunión entre los alcaldes de San Antonio del Táchira y Pedro María Ureña con el de Cúcuta sin que antes haya un paso previo de autorización con el Ejecutivo en Caracas y un mecanismo de coordinación con algún ministro en la capital.

Los alcaldes, en el proyecto de Ley Orgánica de Fronteras del año 2004, junto a los presidentes de las Juntas Parroquiales y con la participación de 3 Concejales, designados por el Concejo Municipal respectivo, se reunirían en algo que se pretendió llamar Consejo de Gobierno del Municipio, en cuyo espacio, éstas autoridades legítimamente electas, asumirían la tarea de gestionar recursos para la inversión y créditos para la financiación de iniciativas presentadas por pequeños productores, comercios, industrias, empresarios, comunidades indígenas, comunidades y unidades familiares para el fomento de actividades de desarrollo productivo, artesanal, pesquero y agropecuario en la zona de frontera.

En el proyecto de Ley del 2004 se propuso la creación de un Fondo de Desarrollo Fronterizo con la finalidad de promover la descentralización administrativa y el desarrollo de los municipios fronterizos y municipios colindantes, marítimos, insulares y las dependencias federales, así como también para propiciar la participación ciudadana, para un mejor logro de tales fines.

Hay que destacar el rol que aquél proyecto de ley quería dar a las autoridades locales en la promoción hacia al descentralización administrativa y de la participación ciudadana en el desarrollo integral fronterizo.  La Ley Orgánica de Frontera vigente, orienta sus normas para dar un papel relevante al Sistema de Regionalización para el Desarrollo Socioproductivo de la Patria en el desarrollo integral de la frontera, con lo cual impone de manera directa y desde el gobierno central un modelo de control político, social y económico de la sociedad, bajo el modelo del Plan de la Patria.

El Fondo de Desarrollo Fronterizo que pretendió crear el proyecto de ley del 2004, planteó un diseño en el cual en la toma de decisiones sobre el destino de los recursos para el desarrollo fronterizo, participaban distintos actores en representación del Presidente de la República; algunos ministros; gobiernos regionales, asamblea nacional, alcaldes e incluso se preveía la participación de un representante del sector empresarial.  

El proyecto de ley del 2004, además, pretendió incluir una serie de normas orientadas a promover incentivos en el sector agropecuario, industrial, incluso para quienes asumen la tarea de ser funcionarios públicos en la zona fronteriza, así mismo, incorporó otras normas dirigidas a la Fuerza Armada Nacional y a los Indigenas ubicados en la zona fronteriza.

Resulta interesante destacar el intento del proyecto de ley de crear distintas categorías de municipios, según los niveles de desarrollo y cuya definición sería el resultado del análisis de una serie de indicadores construidos en base a la información sobre la mortalidad infantil, desempleo, calidad de servicios públicos, déficit sanitario, educación, vivienda, entre otros datos exclusivos de la zona de frontera que cada 10 años serían revisados.  

En conclusión, en el año 2004 el Poder Público Municipal era considerado un actor para la promoción del desarrollo fronterizo, en el marco de un Estado Federal y Descentralizado, pero nunca llegó a concretarse ese rol activo, porque ese proyecto nunca se aprobó.  

Unos 10 años después, aparece la Ley Orgánica de Fronteras y coherente con el Plan de la Patria 2013-2019, excluye a las instituciones políticas municipales como actor del desarrollo integral de la frontera, ignora el diseño Federal y Descentralizado a que hace referencia la Constitución e impone un criterio de planificación regional, a través del cual pretende conformar en las zonas fronterizas un nuevo orden político, territorial, económico y social, en donde por cierto también el principio de participación ciudadana es ignorado. 

Carlos Romero Mendoza.

miércoles, 23 de septiembre de 2015

La necesidad de los vecinos de sentir al Municipio.

El 22 de septiembre de 1987 fue creado legalmente el Municipio Autónomo Baruta y este año  2015 la fecha pasó desapercibida. Con ella, se perdió una oportunidad ideal para reflexionar sobre el Municipio como único modelo viable de organización territorial que el artículo 16 de la Constitución reconoce y sobre la función parlamentaria en la labor de fortalecer la democracia desde lo local a través del Municipio como actor esencial.
El año pasado (2014) la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, presentó al Concejo Municipal y al Alcalde un Manifiesto en Defensa del Municipio, contra el Estado Comunal y el Plan de la Patria, precisamente en su contenido se exhortó a que esta fecha tuviera significado principalmente para los vecinos de Baruta y que sirviera de marco referencial para destacar el modelo municipal como única expresión de organización local del territorio nacional frente a un modelo comunal que se viene imponiendo de manera lenta pero sin pausa.
Podemos afirmar que la comuna es algo inviable y en tal sentido, algunos prefieren simplemente ignorarla y esperar a que factores externos así lo demuestren; pero esa no puede ser la respuesta, más cuando hay una generación de jóvenes que se introducen al mundo de la política sin nexos sólidos con aquél pasado donde la descentralización le daba al municipio un rol importante en la calidad de vida de los venezolanos. 
Como nunca antes, el municipio requiere ser promovido y ofertado como única alternativa viable para el desarrollo sustentable.  El municipio hoy necesita ser sentido por sus vecinos.  
En este sentido el Manifiesto de la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, también exhortó al Concejo Municipal a crear el Consejo de Vecinos, mecanismo de participación prevista en el artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, a los fines de incluir precisamente a los propios vecinos en la búsqueda de posibles soluciones al problema que entonces se presentaba con el servicio de recolección de basura en el municipio.
Ese espacio de participación, así como también, el llamado a mejorar los canales de comunicación con los vecinos, se plantearon como herramientas útiles para fortalecer la institucionalidad municipal en Baruta.   Luego de un año de haber leído el Manifiesto mencionado en una sesión ordinaria del Concejo Municipal de Baruta, aún la RED espera por respuesta.
Recientemente los vecinos de Baruta se encontraron con un sorpresivo aumento de la tarifa del servicio de aseo urbano, que aun siendo justificado, no fue producto de una amplia consulta y menos aún se garantizó suficiente información previa; el malestar que generó en los vecinos, pudo haberse evitado con la conformación de aquél Consejo de Vecinos propuesto, pues desde ese espacio, se hubiera garantizado la inclusion de los propios vecinos  no sólo en el proceso de toma de decisión, sino también en la tarea de sensibilizar a las comunidades sobre el tema y su problemática, brindando además una mayor legitimidad a la decisión final.
El intento de ser incluidos en el abordaje de un problema local no resultó en esta oportunidad, sólo queda aprender de esta experiencia y reclamar la no respuesta oportuna por parte del Concejo Municipal sobre una petición que es competencia exclusiva de ese cuerpo colegiado.    El silencio institucional que lleva un año, es un elemento que directamente también contribuye con el debilitamiento del Poder Público Municipal.
Hay que entender, que el Municipio como modelo político e institucional está amenazado por otro modelo que se impone, que se vende y se promueve con el motor de un bolivar, que aun siendo inorgánico se complementa con la maquinaria del Estado.  Hoy más que nunca, se requieren acciones extraordinarias para que el Municipio frente a los vecinos tenga sentido y no pierda el valor político-representativo que detenta.
El modelo comunal impuesto por la Asamblea Nacional en diciembre 2010,  en principio, lo que busca es debilitar a las instituciones municipales y no persigue como fin esencial, la satisfacción de las necesidades e intereses de los vecinos para lograr un desarrollo que podríamos llamar sustentable; por el contrario, persigue mayor control social.  Comprender este modelo que se impone no resulta fácil, pues su diseño se expresa de distintas maneras, que están allí y no pueden ser ignoradas.
Por ejemplo, en el Municipio Guanta, el pasado 21 de septiembre de 2015 una nota de prensa de NotiOriente tituló: El municipio Guanta es ahora 100% Comunal, el Alcalde orgulloso afirmó que estaba creando el primer municipio comunal del país.  Así mismo, la nota de prensa advierte que en los próximos días, el Concejo Municipal, decretaría al Municipio como 100% Comunal.
El Alcalde  y los Concejales de ese Municipio olvidan que si bien la Comuna aparece como una entidad local reconocida en la Ley Orgánica del Poder Público Municipal de 2010, no hay ninguna relación normativa y menos de subordinación entre ella y las instituciones del Poder Público Municipal.  Por lo tanto, cuando esas Comunas formalicen su propio parlamento comunal, dicten sus normas a través de cartas comunales y tengan su propia empresa comunal dependiente del Estado, en ese preciso momento, no necesitarán a una Alcaldía y menos aún a un Concejo Municipal, pues incluso podrá recibir recursos financieros, así sean inorgánicos, si acaso esa comuna es de interés del Estado.
Otro ejemplo está en Lara, Municipio Morán, allí 26 Comunas se han organizado para conformar el bloque municipal del Consejo Presidencial del Poder Popular para las Comunas, en donde las instituciones políticas municipales no participan activamente.   Es importante señalar que el gobierno ha venido creando Comisiones Presidenciales en distintos ámbitos: juventud, género, salud, trabajadores, etc… y ello pareciera advertir de un modelo de gobierno por asambleas populares.
Por último, otra modalidad  que existe para imponer el modelo comunal es a través de medidas extraordinarias como el estado de excepción, por ejemplo en los municipios tachirenses Bolívar, Junín y Ureña, gobernados por actores de la Unidad éstos han quedado anulados por las nuevas estructuras institucionales excepcionales que allí se han conformado, abriendo el camino para sembrar el modelo comunal con la excusa de una nueva frontera.
Estos casos, aislados o no,  funcionen o no, logran en la práctica un cometido: debilitar al municipio.   Mientras se impulsa el modelo comunal, como si se tratara de un combo, ¿quién impulsa y promueve el modelo municipal?.     
La fecha de creación de un Municipio en el marco de la realidad política venezolana, representa una oportunidad institucional para recordar el valor y la importancia del Municipio en el desarrollo individual y colectivo de la sociedad.  Pretender que se celebre en Baruta además del día de su fundación, el día de su creación como municipio autónomo es simplemente un intento por buscar elementos históricos que permitan alimentar la identidad y pertenencia de unos vecinos con su territorio llamado Municipio.

 Carlos Romero Mendoza.
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Fuentes digitales:
EnOriente.com El Municipio Guanta es ahora 100% Comunal. 21 de septiembre 2015.  Online en: http://www.enoriente.com/noticias/anzoategui/6296-el-municipio-guanta-es-ahora-100-comunal
Aporrea.  Una gran empresa pretenden crear en el Municipio Morón. 07/09/2015. Online en: http://www.aporrea.org/actualidad/n277208.html

martes, 31 de marzo de 2015

ABC sobre los Comités Ciudadanos de Control Policial

¿Quienes participan en los Comités de Ciudadanos para el Control Policial?


Los consejos comunales de cada jurisdicción donde opere un cuerpo de policía nacional, estadal o municipal, según el caso, participarán en la elección de los y las integrantes del correspondiente Comité Ciudadano de Control Policial.   El artículo 83 de la Ley de Estatutos de la Función Policial (LEFP) establece expresamente que pueden participar los consejos comunales y cualquier organización de carácter comunitario debidamente estructurada que pueda contribuir a mejorar procesos, desempeño y productividad de la policía dentro del marco de las normas constitucionales y legales.

Incluso el artículo 85 de la LEFP plantea que no se puede limitar la participación de cualquier organización comunitaria o social participativa y plural, en el correspondiente ámbito territorial del cuerpo de policía nacional, estadal o municipal, según el caso.

La participación requiere que las organizaciones por su perfil y actividades pueda contribuir con efectividad en el diseño, proposición, ejecución y evaluación de planes y proyectos que contribuyan a diagnosticar, potenciar, mejorar, auditar y contribuir al mejor desempeño policial en cada ámbito político-territorial de despliegue del correspondiente cuerpo de policía nacional, estadal o municipal, según el caso, incluyendo el asesoramiento y soporte de los comités ciudadanos de control policial.
¿Qué son estos Comités?


Según el artículo 83 de la LEFP son definidas como instancias de control externo de la policía, de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, a través del cual nacieron estos espacios de participación.

El artículo 84 de la LEFP señala que estos comités  constituyen una instancia plural, participativa, transparente, responsable y orientada por el conocimiento social informado, en cabeza de cada jurisdicción donde funcione un cuerpo de policía, estadal o municipal, y a nivel de cada uno de las entidades federales donde se despliegue el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.
¿Cuántas personas lo integran?


El Comité está integrado por cinco personas residentes en cada jurisdicción político-territorial elegidos y elegidas por los consejos comunales y otras formas de organización y participación comunitaria y social, cuya responsabilidad radica en hacer seguimiento del desempeño policial en la correspondiente jurisdicción en cuanto a gestión administrativa, funcional y operativa, conforme a los reglamentos, manuales, protocolos, instructivos y procedimientos vigentes, a fin de contribuir al cabal desempeño de la Función Policial conforme a los principios y normas establecidos en las normas previstas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (LOSPCPNB).


¿Con quién debe cooperar estos comités?


Los comités ciudadanos de control policial trabajarán en coordinación con las oficinas técnicas a que se refiere el artículo 19 de la LOSPCPNB, el cual estará designado por el Ministro con competencia en materia de seguridad ciudadana.
¿Cómo se regula el proceso de elección de vecinos para ese comité?


Reglamentos y resoluciones de esta Ley regularán las elecciones de los y las integrantes, atribuciones, intervención, seguimiento y participación en el control y contribución al mejoramiento de las prácticas policiales por parte de dichos comités.
¿Para qué sirve el control externo?


El artículo 87 señala que las instancias de control externo prestarán particular atención a la observación y mejoramiento de los procesos disciplinarios por faltas policiales, a denunciar la corrupción y la desviación y abuso de poder, contribuyendo con el mejoramiento de la prestacióndel servicio de policía, desestimulando el uso de la violencia privada y la aplicación de la justicia por la propia mano, y, en general, a incrementar la eficiencia y eficacia del servicio policial dentro del marco de protección de los derechos y garantías constitucionales.
¿Los Consejos Comunales que papel juegan?


De conformidad con el artículo 85 LEFP, el Consejo Comunal es una instancia de participacióin para el ejercicio directo de la soberanía popular, corresponde a éstos participar en la orientación y mejoramiento de la prestación del servicio policial en las correspondientes áreas geográficas de funcionamiento, mediante la promoción de encuentros, asambleas y foros, en los que deberán concurrir los funcionarios y funcionarias del correspondiente cuerpo policial, a fin de facilitar la integración de la comunidad con los cuerpos de policía, reduciendo la confrontación y contribuyendo a la aplicación de la ley en forma igualitaria y sin discriminación alguna.

 

Fuente:

LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN POLICIAL G. O. (5940E) 07/12/2009.

Control Ciudadano sobre la Policía Municipal: ¿participación o control político?.

El artículo 178 de la Constitución, expresamente señala que el Municipio es competente para ejercer el gobierno y la administración de sus intereses y la gestión de aquellas materias que le sean encomendadas por la propia Constitución y las leyes nacionales, en cuanto conciernen a la vida local.
En este sentido, la norma constitucional destaca, que entre las distintas competencias atribuidas al municipio está la promoción de la participación ciudadana y la mejora de las condiciones de vida de la comunidad en distintas materias, como la que expresamente señala el numeral 7 del artículo 178 de la Constitución, a saber:
Justicia de paz, prevención y protección vecinal y servicios de policía municipal, conforme a la legislación nacional aplicable.
En Venezuela la autonomía con la cual el Municipio puede actuar está condicionada por la Constitución y las leyes, lo que quiere decir que el principio de autonomía municipal no es absoluto.   Pero que eso sea así, no puede justificar y menos se puede aceptar, que por acción legislativa de la Asamblea Nacional, se desconozca importantes niveles autonomía municipal y se elimine la actuación de las autoridades e instituciones políticas locales en materias que le son propias a la vida local.
No hay duda alguna que el diseño municipal choca o contrasta con el diseño comunal, y como prueba, el contenido del Plan de la Patria 2013-2019, en el cual prácticamente no se hizo mención alguna a las alcaldías y concejos municipales, desconociéndose así su rol como actores políticos del ámbito local.
La elección de un espacio de participación para el ejercicio del control social sobre la prestación del servicio de policía municipal, impulsado y promovido por el Gobierno Nacional y ejecutado por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, acompañado además por el Consejo General de Policía, sin la participación efectiva y directa de las autoridades locales, es una clara política de debilitamiento del principio de autonomía local en la gestión local en materia de policía municipal y de promoción de participación ciudadana.
Resulta peligrosa esta práctica, porque profundiza un distanciamiento importante entre autoridades locales y vecinos en una tarea que debe vincular a estos actores con la policía municipal.  Antes ya había ocurrido en materia de Consejos Comunales y el derecho a la libre asociación de los vecinos para participar en asuntos públicos locales. 
Así mismo, no hay que olvidar que la Justicia de Paz, quedó en el pasado y en el olvido, cuando la Ley Orgánica de Justicia de Paz Comunal, impuso una transferencia a los órganos del Poder Popular, excluyendo al Poder Público Municipal de cualquier actuación o participación directa como autoridad en el modelo de justicia de paz comunal.

Según los medios de comunicación, el fin de semana del 26 de marzo de 2015[1], se realizaron en 9 municipios del país esos procesos electorales para elegir a 5 principales y 5 suplentes para los Comités de Ciudadanos de Control Policial (CCCP).
Se conoce que los procesos electorales se realizaron en  Amazonas, específicamente en Puerto Ayacucho; Anzoátegui, en El Tigre; Carabobo, en los Guayos; Guárico, en Juan Germán Roscio; Lara, Iribarren; Mérida, en Campo Elías; Miranda, en Baruta, Brión y Zamora; Monagas, Maturín y Nueva Esparta, en Pampatar.
Medios como Aporrea, informa que en Venezuela hay 60 Comités, de los cuales se habían creado y renovado un total de 40 CCCP para el fin de semana del 26 de marzo 2015, así mismo, destaca que más de 4 mil vecinos[2] lograron participar en esos procesos electorales, lo que permite especular un promedio de 400 vecinos por elección y por municipio.
Estos números ponen grandes dudas sobre la legitimidad de esos CCCP y más aún, ponen serias críticas a la constitucionalidad de ese proceso, en función de las garantías otorgadas para la transparencia, publicidad y participación ciudadana.
En consecuencia resulta importante que autoridades locales: alcaldes y concejales de 10 municipios del país, informen a sus vecinos, principales interesados en un mejor servicio de policía municipal sobre los detalles sobre el proceso que precedió a las elecciones que se realizaron el fin de semana del 26 de marzo de 2015 para elegir en esos CCCP. 
En el municipio Baruta, se realizó tal elección el 28 de marzo en la plaza Bolívar, justo al lado de la Alcaldia y resultaría interesante validar qué tan “masiva” fue la participación de los baruteños, como afirma el portal web de aporrea[3], pues una rápida investigación demuestra que lo "masivo" es más efecto mediático, porque la publicidad del evento electoral fue prácticamente nulo.
No es cualquier cosa, en el tiempo histórico que vivimos, que se conforme un Comité de Ciudadanos, para ejercer la supervisión y control sobre el servicio de policía municipal, en consecuencia, a los fines del interés general, el ciudadano que aspira sentirse seguro, necesita saber los riesgos que supone un Comité como el que ha sido elegido, si el mismo ejerce sus funciones atendiendo a los lineamientos del gobierno central, que busca imponer siempre el contenido del Plan de la Patria 2013-2019.  Más vale advertir a tiempo las consecuencias, que descubrirlas cuando ya sea demasiado tarde.

Carlos Romero Mendoza.
[1]Noticias24.com.  Este fin de semana se eligirán comités de ciudadanos de control policial en nueve estados del país.  26 de marzo de 2015.  Online en: http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/278939/este-fin-de-semana-elegiran-los-comites-ciudadanos-de-control-policial-en-nueve-estados-del-pais/
[2]Aporrea.org. Este fin de semana más de 4 mil venezolanosparticiparon en elección de Comités de Ciudadanos para el Control Policial. 30 de marzo de 2015. Online en: http://www.aporrea.org/actualidad/n267840.html
[3] Aporrea.org.   Comunidad de Baruta participó masivamente en la elección de Comité de Ciudadanos de Control Policial. 28 de marzo de 2015. Online en: http://www.aporrea.org/actualidad/n267736.html

lunes, 23 de marzo de 2015

Calidad de Agua, Vecinos y Derechos

El 22 de marzo de 2015, justo el día Mundial del Agua, El Universal publica una nota de prensa titulada: Denuncian que Hidrocapital suministra agua no apta en Santa Rosa de Lima.[1]
La nota señala que un informe de análisis bacteriológico, determinó que el agua no se encuentra apta para el consumo humano y piden a Hidrocapital que aclare la situación.
Una denuncia que concretiza el papel participativo del ciudadano en la gestión integral del agua.   La Ley del Agua es muy clara al garantizar el principio de la participación ciudadana, y señala a tal fin, que para la inclusión del ciudadano en los problemas y soluciones relacionadas al agua, se hará mediante la difusión de información, que es en esencia lo que están pidiendo a Hidrocapital.
Ahora bien, la participación de los ciudadanos cobra mayor sentido, cuando la Ley del Agua y la Ley Orgánica de Prestación de Servicio de Agua Potable y Saneamiento, no dejan duda alguna en señalar que el responsable por la prestación y calidad del servicio de agua es el Estado.
El agua en Venezuela es reconocida legalmente como un bien social y un derecho humano fundamental e insustituible para la vida, para el desarrollo humano, y para el desarrollo económico y social.   En Gaceta Oficial 36.395 de febrero 1988, se publicaron las Normas Sanitarias de Calidad de Agua Potable, que facilitan aún más la comprensión técnica, sobre los parámetros que el Estado debe cumplir para cumplir con la ley y garantizar la calidad en la prestación del servicio de agua potable.
En esas normas, que son públicas a través de la página web de Hidroven[2], expresamente señala, que el agua potable destinada al abastecimiento público, debe contener en todo momento, una concentración de cloro residual libre en cualquier punto de la red de distribución de 0,3 y 05 mg/L.  
Esa normativa, establece unos tiempos, definidos como frecuencias mínimas para las evaluaciones técnicas orientadas a evaluar la calidad del agua potable.  A tal fin señala:
-La frecuencia mínima para la captación de muestras y análisis bacteriológicos debe ser: en población menor a 5 mil habitantes debe realizarse una vez por mes.  Entre 5 mil a 100 mil una muestras mensuales por cada 5 mil personas.   Más de 100 mil una muestra mensual por cada 10mil personas, más de 10 muestras adicionales. 
 -La frecuencia mínima para la captación de muestras y análisis microbiológicos es de 1 muestra anual y se captarán muestras adicionales cuando se observen alteraciones o cuando lo elija la Autoridad Sanitaria Competente.
-La frecuencia mínima para la captación de muestras y análisis de las características organolépticas, físicas y químicas, deben realizarse:  
a) Color y turbiedad; Aluminio; pH; Durezauna (1) muestra quincenal en aguas no sometidas a tratamiento de clarificación. Una (1) muestra diaria en aguas tratadas. Dos (2) muestras anuales en aguas no sometidas a tratamiento de clarificación.- Una (1) muestra diaria en aguas tratadas.
b) Olor,  Sabor, Aspecto, Conductividad específica, Temperatura y Cloro Residual: una (1) muestra diaria.
Según esta normativa, los entes responsables del abastecimiento de agua potable están en la obligación de enviar mensualmente los resultados de los análisis efectuados a la Autoridad Sanitaria Competente.  
En consecuencia si existe la obligación de hacer periódicamente evaluaciones sobre la calidad del agua, la primera gran pregunta es: ¿se cumple esta normativa?; de cumplirse, ¿el Estado garantiza la información para que el ciudadano pueda tomar las precauciones o bien ser agente activo en la búsqueda de la solución al problema planteado?.  ¿El estado garantiza la transparencia y la inclusión vía mesas técnicas de agua?.   
En septiembre 2014, la Red de Organizaciones Vecinales de Baruta, solicitaron formalmente al Concejo Municipal de Baruta, la conformación de una Comisión de Vecinos, inspirados en el artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, con la finalidad de incluir a los vecinos en un tema de servicio público que en ese momento fue la recolección de desechos sólidos, esa solicitud no ha sido aún respondida, pero cobra vigencia en Baruta, con esta denuncia que hacen vecinos del municipio sobre la calidad del agua.
No hay que olvidar, que no sólo el Municipio tiene una serie de atribuciones en la Ley Orgánica de Prestación de Servicio Público de Agua Potable y Saneamiento; sino que además, el Municipio y el Consejo Local de Planificación Pública son actores en lo que se llama Regiones Hidrográficas, así como también los Consejos Comunales y en consecuencia cada Región Hidrográfica creada por ley debe tener un Consejo Regional plural y deliberante para abordar la mejor gestión del agua.  Su inexistencia es un primer elemento para debatir jurídicamente la responsabilidad del Estado.
La ausencia de mesas técnicas o las dificultades para organizarlas o activarlas, lesionan directamente el derecho constitucional a la participación, pero esa formalidad no logra ocultar, que hay normas técnicas que reclaman la actuación del Estado en garantizar la calidad del agua.   En consecuencia, el riesgo a la salud y el derecho humano de acceder al agua y que el servicio sea de calidad en la prestación del servicio de agua, no puede quedar sometido a las formalidades burocráticas.
Recordemos que por principio constitucional el Estado es responsable y en consecuencia debe responder.
Carlos Romero Mendoza



[1]EL UNIVERSAL.  Denuncian que hidrocapital suministra agua no apta en Santa Rosa de Lima. 22 de marzo de 2015. Consultado en: http://m.eluniversal.com/caracas/150322/denuncian-que-hidrocapital-suministra-agua-no-apta-en-santa-rosa-de-li


[2]HIDROVEN. Normas Sanitarias de Calidad del Agua Potable. Consultado el 23 de marzo de 2015 en: http://www.hidroven.gob.ve/wp-content/uploads/2014/09/Normas-Sanitarias-de-Calidad-del-Agua-Potable.pdf

domingo, 28 de septiembre de 2014

El Municipio en el Cambio Climático

“El cambio climático es la cuestión crucial de nuestra era. Está definiendo nuestro presente. Nuestra respuesta definirá nuestro futuro”, dijo Ban-ki Moon, Secretario General de la ONU en su discurso de inauguración de la cumbre sobre el Cambio Climático, el pasado 23 de septiembre del 2014.[1]

Precisamente en la respuesta a la que hace mención el Secretario General de la ONU, podemos identificar acciones concretas que desde distintas municipalidades del mundo, se están impulsando en esta materia.    

A tal fin, se  puede citar, como ejemplos:  la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático[2];  la Red Española de Ciudades por el Clima, promovida en alianza con la Federación Española de Municipios y Provincias,[3]  e imposible no mencionar a escala mundial, la Red C40 que vincula 40 megaciudades comprometidas con políticas para enfrentar el Cambio Climático.[4]

Hace unos días Barcelona, España, fue reconocida con el premio Ciudades Líderes para el Clima, por sus esfuerzos en la reducción del impacto medioambiental de sus infraestructuras urbanas.[5]

Precisamente en  España, podemos identificar otro ejemplo de participación del poder local en el tema ambiental, con el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, que recientemente ha presentado unas 250 medidas para favorecer el desarrollo sostenible y el respeto medioambiental.   La nota de prensa advierte que el Ayuntamiento, de esas medidas anunciadas, ya ha puesto en marcha un total de 50.

Según permite leer la información, en Puerto Lumbreras, se incorporan nuevas medidas para reducir las emisiones y promover un desarrollo sostenible en el municipio.  Destaca en la nota de prensa, que a lo largo de varios años, el municipio ha logrado reducir considerablemente las emisiones de CO2 hasta en un 37%, lo cual le ha permitido convertirse  en la primera ciudad española que obtiene el certificado de la European Energy Award.

El Plan Estratégico Ambiental de Lucha Contra el Cambio Climático, que presenta este Ayuntamiento de Puerto Lumbreras se califica como una herramienta imprescindible para lograr los objetivos medioambientales marcados por el Pacto de los Alcaldes de la Unión Europea, en el que Puerto Lumbreras fue el primer municipio español en adherirse[6]; por cierto ese Pacto representa otra interesante iniciativa que evidencia el compromiso de autoridades locales en temas globales de impacto local como son los temas ambientales.

Otra  nota de prensa reciente, registra una iniciativa que vincula autoridades locales en la Cumbre de Intendentes contra la Crisis Climática, realizada en Córdoba, Argentina, promovida por la Unión Europea, Fundación Crisis Global y Asociación de Diarios del Interior de la Provincia de Buenos Aires, y cuyo objetivo es comprometer los municipios a reducir las emisiones contaminantes y mitigar las consecuencias ocasionadas por el calentamiento global.

Entre los temas que se informan se abordaron en esa Cumbre está por ejemplo una experiencia sobre políticas locales en transporte y residuos sólidos urbanos; así como también, la presentación de una legislación local a través de la cual se compromete la ciudad a reducir un 20% de las emisiones de gases del efecto invernadero[7].

Una última iniciativa se puede encontrar en la web y se trata de un documento titulado: Guía Municipal de Acciones frente al Cambio Climático, publicado por el Gobierno Mexicano y su Secretaría de Desarrollo Social[8].

En Venezuela el Cambio Climático aún no ha llegado al debate de la agenda política nacional y menos aún a la agenda del Poder Público Municipal.  La Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal al reconocer la competencia del Municipio en materia de protección del ambiente, advierte que en la agenda política local, hay espacio para el Cambio Climático.

La participación de los municipios en el Cambio Climático, es inobjetable, tan es así, que aún cuando el Plan de la Patria 2013-2019, no reconoce al Municipio, sus instituciones y autoridades en su extenso contenido, hace mención expresa a la necesidad de un Plan Municipal en esta materia, a saber:

5.4.3.3  Fomentar el desarrollo de planes municipales y locales de adaptación para escenarios de manejo de riesgo que involucren directamente la corresponsabilidad entre el Estado y el Poder Popular.

Cualquier información que sobre el cambio climático se pueda conseguir, siempre va a destacar el papel protagónico de las autoridades locales en las respuestas a la reducción de las emisiones y en las acciones para adaptarse al cambio climático.  

La gestión de residuos sólidos, el uso eficiente del agua, la gestión de riesgos, el ahorro de energía, entre otros, son temas que deben abordarse y debatirse en la agenda de acciones para adaptarse al cambio climático, y son precisamente en esos temas donde se refleja el mayor deterioro de la calidad de vida del venezolano y el fracaso de un modelo de gobierno.


Carlos Romero Mendoza.

[1] Noticiaaldia.com.  Inicio en Nueva York, Cumbre por el Cambio Climático de la ONU.  23 de septiembre 2014. Online en: http://noticiaaldia.com/2014/09/inicio-en-nueva-york-cumbre-por-el-cambio-climatico-de-la-onu/
[2] Red Argentina frente al Cambio Climático.  Online: http://www.ramcc.net/
[3] Red de ciudades Españolas por el Clima.  Online en: http://www.redciudadesclima.es/index.php/municipios
[4] C40 Cities Climate Leadership Group.  http://www.c40.org/
[5] La Vanguardia.  Barcelona premiada por su lucha contra el cambio climático. 23 de septiembre 2014.  Online en: http://www.lavanguardia.com/vida/20140923/54415335065/barcelona-premiada-en-nueva-york-por-su-lucha-contra-el-cambio-climatico.html
[6] Ayuntamiento Puerto Lumbreras.  Puerto Lumbreras presenta nuevo Plan Estratégico Ambiental 2014-2020 con más de 250 medidas para favorecer el desarrollo sostenible. 06 de julio de 2014. Online en: http://www.puertolumbreras.es/noticiamovil.asp?id=12145
[7] La voz. Municipios enfrentan el Cambio Climático.  19 de septiembre 2014. Online en: http://www.lavoz.com.ar/ambiente/municipios-enfrentan-el-cambio-climatico
[8]Guia Municipal de Acciones frente al Cambio Climático.  Recuperada el 27 de septiembre de 2014. Online en: http://www.2006-2012.sedesol.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1867/1/images/Guia_Cambio_Climatico_26-10-12.pdf

domingo, 14 de septiembre de 2014

La Basura no tiene ideología, a todos afecta por igual.

La basura no tiene ideología; no es de la oposición, pero tampoco es del oficialismo, menos aún es de los independientes. La escasez que hoy sufre la sociedad venezolana, no impacta en el tema de la basura. Una ausencia de políticas adecuadas en la gestión integral de la basura, puede generar graves problemas de salud públicas cuyas consecuencias impactarán a todos los ciudadanos sin excepción. 

La crisis que genera las políticas del gobierno nacional, afectan por igual a opositores y oficialistas, y en consecuencia a los vecinos en general. En este sentido, vale la pena destacar que tanto para el Alcalde de Baruta (1) como para la Comuna Pionera Socialista ubicada en el Tigre (2), el no poder adquirir repuestos para arreglar los camiones que sirven a las rutas de recolección de basura en las comunidades a las que ambos actores prestan el servicio correspondiente, se ha convertido en un problema común que los expone por igual, al reclamo de sus vecinos.

En este caso, ¿podrá la Comuna Pionera Socialista en El Tigre, adquirir repuesto para retomar la prestación del servicio a las comunidades respectivas?. Si eso es así, y esa solución responde a que se trata de una Comuna, base de la organización del Poder Popular, pone evidencia otro elemento más de discriminación política en la gestión integral de la basura, sobre la cual se hizo mención en un escrito previo (3). Es importante acotar, que los dos camiones dañados en El Tigre, fueron entregados a la Comuna mencionada por el Consejo Federal de Gobierno.

Las criticas a los alcaldes, en la búsqueda ciudadana de una mejor gestión en la recolección de residuos y desechos sólidos, alcanza también a Jorge Rodríguez, alcalde del Municipio Libertador ; por lo tanto, su compromiso socialista no lo excluye de responsabilidad. Con lo expuesto hasta ahora, se evidencia que la basura no tiene color político y menos aún, ideología.

Recientemente, aporrea publica un reportaje a través del cual se registran críticas a la gestión del alcalde del Municipio Libertador, y cuyo contenido se desarrolla bajo un titular realmente preocupante que se lee: La Basura en Caracas: crónica de un colapso anunciado (4).

Si el servicio de basura advierte un colapso, como titula Aporrea y la intolerancia política obstaculiza la gestión de algunas autoridades locales electas para hacer frente a ese colapso, ¿vamos a esperar los ciudadanos a experimentar las consecuencias de ese colapso?. ¿Qué podemos hacer para enfrentar ese colapso anunciado, en materia de prevención, por ejemplo?. ¿Sirve de algo aquellos derechos que la Ley de Gestión Integral de la Basura nos garantiza en esta materia?(5). ¿Cuenta nuestra voz como ciudadanos en este problema?.

Buscando en otras latitudes espacios institucionales en los cuales la voz del ciudadano tenga valor o al menos algo de “eco” en materias similares, identifico en escritos anteriores espacios legales de participación ciudadana como por ejemplo los Concejos Municipales de Ambiente (6); y ahora, agrego un nuevo espacio llamado Consejo Local de Medio Ambiente.

Concretamente los ayuntamientos españoles de Jérez de la Frontera (7) y Mijas (8), desarrollan el Consejo Local de Medio Ambiente, reconociéndolos como órganos consultivos, en el cual se facilita el encuentro entre ciudadanos y autoridades, para el diálogo, el debate, y la construcción de recomendaciones para políticas locales en materia ambiental.

La crisis en el servicio de recolección de basura es un problema ambiental, en tal sentido, buscando en Venezuela un espacio institucional, como los que se han mencionado de otros países y en un primer acercamiento, los alcaldes podrían hacer uso del Cabildo Abierto e incluso del propio Consejo Local de Planificación Pública, como espacio para la información, el debate, diálogo y construcción de posibles soluciones o recomendaciones sobre la crisis de la basura.

En el caso del Concejo Municipal, es posible identificar a los fines de este análisis, el espacio de participación denominado Comisión de Vecinos, prevista en el artículo 268 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, cuya misión es vincular a los vecinos en la búsqueda de un mejor funcionamiento de los servicios públicos.

Precisamente por la misión que persigue la Comisión de Vecinos, pareciera ser el espacio idóneo y además legal, para analizar la información existente, valorar la gravedad de la crisis de la basura en el ámbito local y entre autoridades locales, vecinos y sin olvidar al sector privado, construir unas posibles soluciones o una lista de acciones que legítimamente puedan dar respuesta responsable y adecuada de una crisis que amenaza la salud pública de todos los vecinos, sin excepción.

Para que algo así funcione, sólo se requiere por un lado de un poder público municipal dispuesto a ser receptivo y por el otro, a unos actores locales (vecinos y sector privado local) dispuestos a conocer, dialogar, debatir y asumir responsablemente algunas acciones o propuestas para enfrentar desde el Municipio y sus instituciones, el posible colapso del servicio público de recolección de residuos y desechos sólidos, que podría generar graves problemas de salud pública, producto de la imposición de un modelo que resulta totalmente contrario al modelo local de organización política, social y económica previsto en nuestro orden jurídico.

Carlos Romero Mendoza

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[2] El tiempo.com.ve.  Fallas en camiones de comunas atraso aseo en el tigre. 05 de septiembre de 2014. Online en: http://eltiempo.com.ve/locales/regionales/servicios/fallas-en-camiones-de-comunas-atraso-aseo-en-el-tigre/152944
[3]Romero, Carlos. La Cooperación Estado-Municipio y la discriminación política. En: algomunicpial.blogspot.com. 07 de septiembre de 2014. http://www.algomunicipal.blogspot.com/2014/09/en-la-cooperacion-estado-municipio-en.html
[4]Aporrea.  La Basura en Caracas: Crónica de un colpaso. 19 de septiembre 2014. Online en: http://www.aporrea.org/trabajadores/n257533.html
[5] Romero, Carlos. Ciudadano en la gestión de residuos y desechos sólidos. Algomunicpal.blogspot.com. 22 de agosto de 2014.  Online en: http://www.algomunicipal.blogspot.com/2014/08/el-ciudadano-en-la-gestion-de-residuos.html
[6] Romero, Carlos.Concejo Municipal, vecinos y basura. 5 de septiembre 2014. Online en: http://www.algomunicipal.blogspot.com/2014/09/concejo-munipal-vecinos-y-la-basura.html
[7]Jerez.es  Consejo Local de Medio Ambiente.  Recuperado el 13 de septiembre de 2014. Online en: http://www.jerez.es/webs_municipales/medio_ambiente/zonas_verdes/consejo_local_de_medio_ambiente/

[8]Ivecinos.es  Piden a colectivos de mijas participar en el Consejo Local de Medio Ambiente.  04 de septiembre 2014. Online en: http://www.ivecinos.es/ivecinoses-mijas/233-MIJAS/63286-piden-a-los-colectivos-sociales-de-mijas-que-participen-en-el-consejo-local-de-medio-ambiente.html#sthash.SrmKFL3Z.dpuf